La Fiscalía de Baja California suministra recursos desmesurados a periodistas, dueños de medios electrónicos, digitales y hasta a cuentas de Facebook, además de supuestos reporteros que trabajan de "manera reservada" para esa dependencia.
Por Guadalupe Parral / Guadalupe Lizárraga
La Fiscalía General del Estado de Baja California trabaja arduamente… pero no para garantizar justicia, sino para mantener a raya a la prensa que cubre sus actividades “informativas”.
El 17 de julio de 2024, Los Ángeles Press publicó que, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quedó al descubierto la magnitud de la impunidad que prevalece en Baja California.
En ese contexto, la propia Fiscalía estatal enfrenta una crisis sin precedentes: acumula más de 39,800 carpetas de investigación sin concluir y 58,434 órdenes de aprehensión sin cumplir. Al rezago de expedientes se suma un escenario de violencia que coloca al estado entre los más letales del país: en 2023 se registraron 2,407 homicidios dolosos, en 2024 la cifra subió a 2,642, y de enero a septiembre de 2025 ya suman 1,771 casos.
El panorama se agrava con las desapariciones. Mientras la Fiscalía reconoce alrededor de 18,000 carpetas desde 2018, organizaciones como Elementa DDHH documentan en realidad 43,383 casos, más del doble de lo que admite la autoridad.
Y pese a esta crisis de violencia e impunidad, la institución destina cuantiosos recursos no sólo a la propaganda oficial, sino a favorecer con varios millones de pesos a empresarios que simulan ser reporteros con “información reservada”.
Así, Los Ángeles Press revela que en una lista incompleta de apenas 38 periodistas y medios de comunicación, la Fiscalía erogó cerca de 11 millones de pesos en contratos de “difusión institucional” durante el primer trimestre de 2025.
Silenciar a la prensa, la prioridad
Extraña que la instancia que debería estar más atenta y trabajar para resolver temas de seguridad relevantes, esté enfocada en priorizar contratos a supuestos periodistas como Marco Antonio Moreno Gómez, propietario de Promociones CHF de BC y Fama Producciones.
Aunque sus empresas están orientadas a la producción de espectáculos y eventos privados, en los contratos de la Fiscalía aparecen registradas bajo el concepto de “difusión institucional”, y a él mismo se le atribuye la cobertura de actividades como si se tratara de un reportero de “información reservada”.
Según un documento en poder de Los Ángeles Press, en el primer trimestre de 2025 al menos 38 periodistas y medios de comunicación de Mexicali, Tijuana y Ensenada recibieron pagos que van de los 7,000 pesos hasta la exorbitante cantidad de 2,160,000 pesos por publicidad y cobertura informativa de la dependencia. Y Moreno Gómez aparece como el más beneficiado.
En esa lista incompleta, sus empresas concentran los montos más altos en los dos últimos años: 290,000; 1,499,998; 1,499,998 y 487,200 pesos, que en conjunto suman $3,777,196 pesos. Para justificar esos pagos, incluso obran en la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía dos Informes de Comisión, fechados el 5 y 9 de diciembre pasados, donde se consigna su supuesta cobertura informativa y la elaboración de materiales de prensa, pese a que su trayectoria no corresponde al trabajo periodístico.
La lista de algunos de los beneficiados
- Cynthia Evangelina Durón García, por concepto de sus empresas de Impresora y Editorial, recibió 2,160,000 y 448,098 pesos, sumando 2,608,098 pesos.
- Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, mediante Intermedia, recibió 1,080,000 pesos.
- Sandra Cecilia Ibarra Anaya, de El Vigía, recibió 464,000 pesos.
- Isaía Tonatiuh Lara Bermúdez, de Estrategas Común, recibió 448,092 pesos.
- José Saíd Betanzos Arzola, de Saíd Betanzos, recibió 448,092 pesos.
En total, la suma otorgada a estos medios de comunicación asciende a 10,672,843 pesos, solo en una lista parcial de 38 beneficiarios.
Corrupción interna en la Fiscalía
En el caso de la Fiscalía, una institución que ha fallado en la procuración de justicia y en la investigación de casos como las desapariciones de personas, la corrupción alcanza incluso a sus propios agentes. En los últimos años se documentaron episodios graves: Ana Sofía López Osuna, de 35 años, fue detenida en 2023 en la frontera por tráfico de metanfetaminas; y Octavio Andrée Espino Torres, de 37 años, capturado el 7 de junio de 2022 por delitos similares, actualmente se encuentra prófugo.
Rosa María Méndez Fierro, el caso paradigmático
Otro caso para destacar es el de Rosa María Méndez Fierro, directora de MF Noticias Mexicali. De acuerdo con información del Instituto de Transparencia, por concepto de propaganda institucional —del 21 de enero al 29 de diciembre de 2025— recibió un contrato por adjudicación directa de 182,592.59 pesos sin impuestos (equivalente a 197,200 pesos con impuestos incluidos) con un monto máximo autorizado de hasta 10 millones de pesos mediante transferencias.
A ello se suman al menos 28 contratos registrados en Transparencia que le ha otorgado la Fiscalía de Baja California en los dos últimos años anteriores: varios por 170 mil pesos en 2024 y por 140 mil en 2023. Además, recibe pagos de otras instancias gubernamentales: la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, con 45 registros de pagos, y el Ayuntamiento de Mexicali, con 11 más. Su página registra también publicidad de la Universidad Autónoma de Baja California, del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Tijuana y de empresas privadas.
Para justificar este flujo de recursos, Méndez Fierro ha declarado oficialmente que su portal recibe entre 400 mil y 1 millón de visitas mensuales. Sin embargo, la herramienta SimilarWeb revela que las visitas reales ascienden apenas a 29,424 el trimestre de junio a agosto de 2025. Así, mientras exagera su alcance para obtener contratos millonarios, su medio se sostiene con dinero público bajo un esquema de opacidad.
Adjudicación directa, ¿la favorita de corruptos?
La adjudicación directa es un procedimiento de contratación excepcional que permite a una entidad pública otorgar un contrato a un proveedor sin realizar una competencia o licitación pública. Esta modalidad, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, es una de las prácticas que más se prestan a la corrupción. En la Fiscalía de Baja California, esta modalidad se ha convertido en regla para financiar contratos de prensa.
El resultado es un contraste demoledor para las víctimas: miles de carpetas rezagadas, homicidios en aumento y desapariciones duplicadas en las cifras oficiales e independientes, mientras los recursos se desvían a sostener un aparato mediático al servicio de la Fiscalía.
La pregunta es inevitable: ¿qué prioridad tiene la institución, resolver homicidios y desapariciones o garantizar el control de la prensa a costa de millones de pesos públicos?
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