CEEAV ignora a indígena mam tras abandono institucional en Tapachula

El indígena mam Noé López Morales denuncia que la falta de reparación del daño agrava su situación física, económica y social.

° Ocho fracturas, daño psicológico y estrés postraumático, pero Lesdy Calvo ni se inmuta.

° Seis años sin poder trabajar en su parcela, pero su comunidad le cobra tequios o amenaza con despojarlo.

° Funcionarios responsables, en campaña otra vez.

Por Cinthya Alvarado Enríquez

Noé López Morales vive una situación de estrés postraumático desde que, el 27 de enero de 2020, fue golpeado, torturado e incriminado por policías municipales por órdenes del expresidente de Tapachula, Óscar Gurría, y de su exsíndica, Rosa Urbina Castañeda. A Noé le fracturaron las clavículas y seis costillas; le luxaron rodillas, hombros, muñecas, talones y cervicales.

Lo dejaron incapacitado y nadie le otorgó atención médica. Él sanó sus heridas físicas solo, tirado en su pequeña casa en la montaña. Su esposa, Norma, atestigua que incluso “mis hijos han tenido que trabajar porque su papá no podía por todo lo que le pasó”.

En un video reciente, en el que aparece con parálisis facial causada por el ambiente hostil de la junta ejidal que le reclama estos seis años de ausencia, Noé López Morales explica que no ha podido trabajar su tierra ni colaborar con tequios, cuotas para caminos, seguridad y otros cobros que les imponen, debido a la incapacidad física que le dejaron los golpes recibidos por él y otros 42 pobladores.

Tampoco ha contado con el apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dirigida por Lesdy Calvo Chacón, quien al retardar la reparación del daño provoca que las secuelas y el asedio comunal se prolonguen.

El campesino mam muestra las diversas consultas médicas a las que ha tenido que acudir para paliar el dolor de las fracturas, luxaciones y lesiones crónicas. También exhibe los gastos derivados de recetas y tratamientos prescritos por traumatólogos, dermatólogos y psiquiatras para avanzar en su recuperación.

Sin embargo, al no poder sembrar frijol, maíz y legumbres para sostener a su familia, tuvo que solicitar varios préstamos a un familiar radicado en Estados Unidos. Ahora, además de esas deudas, los comisariados ejidales, delegados municipales y demás integrantes de la junta comunal de Pavencul le imponen multas y adeudos, además de amenazar con declararlo en rebeldía, lo que, según sus costumbres, podría derivar en la quema de su vivienda o en su expulsión de la comunidad.

No sirven las cámaras ni la conciencia

La presión social generada por las notas periodísticas publicadas tras los hechos del 27 de enero de 2020 derivó en un juicio político contra el entonces presidente municipal Óscar Gurría, quien sufrió un paro cardíaco y falleció el 20 de febrero de ese mismo año.

Lo que siguió fue una administración encabezada por la presidente sustituta, Rosa Irene Urbina Castañeda, que hizo todo menos justicia.

Durante todo ese tiempo temió que, dentro de la causa penal, se le señalara como copartícipe, al igual que a Gurría y a su cabildo. Porque, aunque ellos no golpearon ni torturaron directamente, sí dieron la orden de reprimir la manifestación de indígenas de la zona Mam de Tapachula. Autorizaron el uso abusivo de la fuerza pública y sostuvieron esa decisión durante los seis años posteriores.

En ese periodo se borraron evidencias —las cámaras “se descompusieron”, según consta en el informe ministerial—; se sobornó a autoridades; se persiguió, amenazó o compró a víctimas y a los llamados “líderes” de los ejidos involucrados.

Esos mismos líderes se fotografiaron con el extinto presidente municipal desde el 28 de enero de 2020 para respaldar la narrativa oficial de que no había ocurrido nada y de que una persona ajena al grupo, vestida de rojo —la periodista Cinthya Alvarado Enríquez—, había incitado la violencia y provocado los hechos.

Crónica breve del 27 de enero de 2020: Lunes negro en Tapachula

En la parte alta del edificio se encontraban funcionarios y esos “líderes”, mientras abajo los policías “resolvían” la manifestación.

La protesta se tornó violenta después de que, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es decir durante seis horas, los funcionarios fueron incapaces de emitir una minuta o asumir un compromiso concreto para atender las demandas de los manifestantes: justicia por la muerte de dos conductores del transporte público y la reparación de un tramo de un kilómetro con cien metros de la carretera hacia Pavencul que se encontraba en malas condiciones.

Mientras tanto, en el acceso al Palacio Municipal, una arenga iniciada alrededor de las 3 de la tarde se prolongó por al menos 15 minutos. Los habitantes de esas comunidades, cansados de las puertas cerradas, la falta de atención, el hambre y el intenso calor, comenzaron a empujarse para hacerse escuchar.

Nadie salió a atenderlos.

Cuando más de 150 policías, junto con 60 elementos de la Guardia Nacional y corporaciones estatales, gasearon, golpearon y dispersaron a los manifestantes, al menos 40 de ellos fueron sometidos y arrastrados al interior del edificio, tal como quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Hubo policías que, en grupos de seis u ocho elementos, golpeaban a los ciudadanos hasta dejarlos inconscientes. Después los introducían al inmueble, dejando estelas de sangre en las escalinatas y en la entrada del Palacio Municipal.

Todo ocurrió ante la mirada impávida de funcionarios que, como en un circo romano, parecían saciar su morbo y su sensación de poder. Incluso amenazaron a algunos de los “líderes” que desde arriba les gritaban que dejaran de golpear a los detenidos, así como a quienes documentaban lo sucedido.

Tortura y faltas graves a la libertad de expresión

Los llevaban al estacionamiento subterráneo no para neutralizarlos, sino para continuar golpeándolos. Ahí cometieron contra 42 hombres y una mujer, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, actos crueles, degradantes e inhumanos: tortura.

Con sillas, palos, tubos, botas y hasta machetes, golpearon, robaron y amenazaron con brutalidad a los detenidos. Les decían que los iban a desaparecer, que hasta ahí habían llegado.

—“A la pinche vieja también, muy buena por andar grabando”.

Les ponían las botas en la espalda o en la nuca y, entre patadas, golpes, insultos y amenazas, los policías se dieron vuelo.

La narrativa oficialista de empresarios y medios

Bajaron a supervisar lo que ahí ocurría el director general de Gobierno, Marco Antonio Viaña Arenas, y el director de la Policía y Seguridad Pública, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez.

Cuando la periodista logró identificarlo, le dijo:

—Oye, esto no es correcto. Pedro, te hago responsable.

La respuesta fue la misma que después reprodujeron periodistas y comunicadores al servicio del ayuntamiento:

—Tú los incitas, tú los organizas.

Resulta curioso que incluso cámaras empresariales y diversas organizaciones publicaran cartas de respaldo al presidente Gurría y a su gobierno en los días posteriores, agradeciéndole “haber garantizado la paz a los ciudadanos” y por haber resuelto de esa manera la manifestación de los indígenas de Pavencul y Toquián.

La represión del ayuntamiento

Ninguno de los funcionarios públicos de Tapachula entre 2020 y 2024 tuvo la capacidad de exigir una investigación y la aplicación de la justicia ante aquel escandaloso modus operandi de Gurría y su gobierno.

No era la primera vez. Ya habían golpeado a vendedores ambulantes, tricicleros, vendedores de agua, pepenadores, padres de familia de Puerto Madero y maestros que se oponían a la construcción de una gasolinera autorizada a apenas diez metros de la playa y a espaldas de la escuela Cleofas Martínez Vargas.

Cientos de ciudadanos y medios de comunicación reclamaron ese 27 de enero ante la Fiscalía Costa Soconusco por los abusos cometidos contra los 42 ciudadanos y la periodista, a quienes se les inició una carpeta de investigación y se pretendía trasladar al penal de El Amate, cerca de Cintalapa.

Ese plan fue interrumpido gracias a la intervención de Porfirio Muñoz Ledo, quien recibió ese mismo día en su oficina a los activistas Luis Rey García Villagrán e Irineo Mujica.

Los detenidos fueron liberados 24 horas después. A la periodista, el fiscal Olger Villanueva le advirtió:

—No te andes apareciendo en actos públicos, menos en reclamos ciudadanos, mija, porque estás siendo investigada por incitación a la violencia y daños.

Funcionarios que se acomodan de cargo en cargo

Veinticuatro días después, el 20 de febrero de 2020, Tapachula se quedó sin presidente municipal. Óscar Gurría fue sometido a juicio político, situación que derivó en un infarto fulminante.

Sin embargo, ningún funcionario pidió el esclarecimiento de lo ocurrido. Nadie levantó la voz por las víctimas y aquello de “primero los pobres” no significó nada para ellos.

En el caso de Viridiana Figueroa, regidora proveniente del Partido Verde y entonces comisionada de Seguridad Municipal, sus responsabilidades exigían mostrar oficio político. No lo hizo. Fue parte de las comparsas que negociaban quién quedaría al frente del gobierno municipal.

Ahora, seis años después, también faltando a las leyes, realiza campaña porque sueña con convertirse en presidenta municipal.

Quien quedó como presidenta sustituta, Rosa Irene Urbina Castañeda, tenía la encomienda de tapar todo. Absorber recursos públicos en beneficio propio, de sus incondicionales y de quien la colocó en aquel cargo tan anhelado: el entonces gobernador Rutilio Escandón.

Ella sólo tuvo que aceptar las condiciones: obstruir la justicia, comprar lealtades, despojar al municipio, sumarse a la campaña para concentrar el poder legislativo y aprovechar que su partido modificó las leyes para que, en 2021, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores repitieran en el cargo.

Con ello borraron de un plumazo lo que a cientos de miles de mexicanos les costó sangre, bienes y familia:

¡Sufragio Efectivo, No Reelección!

Justicia que tarda no es justicia

Noé ha sido registrado ante la CEEAV, Comisión Ejecutiva Estatal de Ayuda a Víctimas, gracias a que junto con Cinthya Alvarado y su esposa Norma López realizaron diversos actos de presión para lograrlo.

Aun así, no existe avance alguno para cumplimentar la Recomendación CEDH R-23/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni para aplicar la reparación correspondiente por las violaciones a sus derechos humanos.

La actual delegada, Lesdy Calvo Chacón, no ha hecho su trabajo. Tampoco sus subalternos. Han dejado nuevamente a Noé y a su familia en condiciones de precariedad e indefensión.

Tan lejos como está Pavencul de Tapachula o de Tuxtla Gutiérrez se encuentra la CEEAV de cumplir con las obligaciones que le marca la ley, del mismo modo en que estuvieron ausentes los funcionarios que, por acción u omisión, lo convirtieron en víctima.

Hoy, muchos de los funcionarios que pudieron apoyar a Noé y a las demás víctimas del llamado Lunes Negro del 27 de enero de 2020 en Tapachula siguen ocupando cargos públicos y ya hacen campaña para saltar a otro puesto, pasando por encima de sus errores, desatinos, vulneraciones, actos de corrupción y de la manera en que afectaron impunemente la vida de los ciudadanos.