Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 12 de Octubre del 2026, 00:05
La ausencia de información sobre sacerdotes acusados de abuso, demuestra que la jerarquía católica aún apuesta a la opacidad.
Jorge fue víctima de abuso cuando tenía 11 años. La diócesis de Celaya guarda silencio sobre la situación canónica y/o penal del acusado.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Éste es un caso más de abuso sexual a manos de clérigos en México. Como en muchos otros casos, proviene del corazón del México católico, una región donde un puñado de diócesis ostenta números similares a los que fueron el orgullo de bastiones del catolicismo en Europa, América del Norte y otros países de América Latina.
Como en muchos casos que emergen hoy en día en todo el mundo católico, este no es un caso nuevo como tal. La víctima, ahora un adulto, decidió dar un paso al frente y, para hacerlo, eligió ser identificado únicamente como Jorge. La presunta agresión comenzó allá por 2010, cuando la víctima era un feligrés de 11 años en la parroquia de San Sebastián, en el municipio de San José Iturbide, en el estado de Guanajuato y, más específicamente, de la diócesis de Celaya.
Ésa, y las otras dos diócesis del estado de Guanajuato (la arquidiócesis de León y la diócesis de Irapuato) pertenecen al corazón del catolicismo mexicano, el llamado Bajío. La diócesis de Celaya cuenta con suficientes sacerdotes para presidir varias misas los domingos en diferentes lugares, para casar a quien solicite el servicio y para enterrar, según los rituales, a sus muertos, una con un número promedio de católicos por sacerdote tan bajo como cinco mil.
Cuando uno compara ese número con lo que sucede en otras diócesis mexicanas o centroamericanas, como Valle de Chalco, México o Yoro, Honduras, donde cada sacerdote atiende a 28 mil o 20 mil fieles, respectivamente, resulta casi inevitable preguntarse por qué un sacerdote católico atacaría a los miembros más leales de su iglesia.
Esa no es una opinión personal. Las gráficas 1 a 3 ofrecen los datos sobre afiliación religiosa para México como país, para el estado de Guanajuato y para el municipio de San José Iturbide, donde ocurrió el caso que motiva este texto.
Como se puede ver en la gráfica 1, México sigue siendo una nación “mayoritariamente católica”, con poco más del 77 por ciento de su población total identificada por el censo nacional como católica. La gráfica 2 muestra cómo Guanajuato como estado llega a poco más del 90 por ciento de su población declarándose católica.
Los datos del municipio de San José de Iturbide son, al menos en términos de afiliación religiosa, lo que México solía ser a finales del siglo XIX o la primera década del siglo XX, con un abrumador 93 por ciento de sus habitantes dispuestos a declararse católicos en el censo de 2020.
En ese sentido, el caso de hoy confirma cómo en México, América Latina y en otras partes del mundo católico el abuso, especialmente el abuso dirigido a menores, ocurre con más frecuencia en comunidades que son ferozmente leales a la Iglesia Católica.
Si los datos del censo no fueran suficientes, solo basta prestar atención a cómo la legislatura estatal de Guanajuato sostuvo un enfrentamiento con el gobierno federal mexicano sobre el tema del aborto, ahora legal en todo México, intentando encontrar resquicios legales para evitar el cumplimiento total, pero con algunos estados rebeldes no dispuestos a acatar las reglas federales, para entender qué tan profundamente leales a la enseñanza católica son sus comunidades.
Como en muchos casos, el sobreviviente masculino ha pasado, en su mayor parte por su cuenta, por las etapas del duelo, y sólo ahora encontró la fuerza necesaria para dar un paso al frente y narrar su caso para procesar el dolor y otras consecuencias de ser víctima de una figura de autoridad, quien era un líder de una comunidad que, según cifras del censo tenía en ese momento 1,863 habitantes y en 2020 tenía sólo 2,212 residentes permanentes.
Según la víctima, en ese momento era, como él se identifica, “monaguillo”. Como tal, estaba en la parroquia antes de la misa para asistir al entonces vicario Constantino Molina Hernández, quien en ese entonces tenía 43 años, según recuerda Jorge. Sería antes de la misa que ocurrieron los reiterados casos de abuso a lo largo de cuatro años. El sobreviviente recuerda con una mezcla de rabia, dolor y desprecio, cómo Molina Hernández pasaba de depredador a predicador como si nada hubiera pasado en las áreas privadas de la parroquia.
En ese momento, Molina Hernández ya aparecía en el único registro nacional de su tipo disponible en México. No uno proporcionado por la propia Iglesia Católica, que ha perdido lo que había logrado a finales del siglo XX en materia de rendición de cuentas.
Si en los días de las revistas y libros impresos había un rastro de papel de los nombramientos de cualquier diócesis determinada, ya fuera en sus gacetas mensuales o bimestrales o en sus anuarios, hoy en día es casi imposible encontrar la información equivalente. Es cierto que diócesis como Saltillo, en el estado norteño de Coahuila, mantienen sitios web relativamente complejos, funcionales y actualizados con información sobre nombramientos, e incluso aunque esté enterrada en los rincones más oscuros del sitio web de la Arquidiócesis Primada de México, es posible encontrar información sobre nombramientos.
¿Transparencia vía Facebook?
Algunas diócesis limitan su práctica de transparencia a emitir una tarjeta electrónica en Facebook que avisa de cambios en las parroquias. Facebook, siendo lo que es, hace que sea casi imposible encontrar esa información de años pasados, pero si uno está dispuesto a desafiar al monstruo de la búsqueda de Facebook, es posible encontrar la información. Nada de eso sucede en Celaya. Algunas parroquias tienen perfiles de Facebook propios, y a través de ellos es posible recopilar alguna información.
En este caso, el único mecanismo para intentar descifrar la situación actual de Constantino Molina Hernández fue revisar los listados publicados de manera irregular por el gobierno federal mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación.
Esa lista ofrece como únicos identificadores el nombre completo del llamado “ministro de culto”, según la jerga jurídica mexicana, y la entidad a la que dicho ministro está afiliado en la Iglesia Católica o en las muchas organizaciones religiosas distintas a la católica en el país.
Lamentablemente, no existe un archivo oficial de estos registros. Uno debe estar dispuesto a recogerlos cuando estén disponibles en los inestables sitios web del gobierno federal mexicano o en sitios web como Scribd, donde los usuarios que intentaban cumplir con la vieja regla de subir un cierto número de páginas para que se les permitiera descargar un cierto número de páginas en ese sitio, usaban estos y otros Directorios que el gobierno mexicano solía poner a disposición para hacerlo.
Para empeorar las cosas, durante 2026 ha sido imposible descargar la edición más reciente del Directorio, por lo que la última disponible ya tiene un año de antigüedad y, dado el comportamiento general del subdominio de la Secretaría en la ciberestructura del gobierno federal mexicano, hay poca o ninguna razón para tener esperanzas.
Si uno va al subdominio para intentar acceder a la información de la entidad que se ocupa de la crisis de personas desaparecidas en México, encontrará cuatro “Avisos de privacidad” sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ninguna página real donde se pueda tener una noción de lo que hace esa comisión con respecto a ese tema.
Si uno ha recopilado los directorios antiguos de otros sitios web, la edición de 2011 mostrará los “ministros de culto” registrados por la diócesis de Celaya y en la página 897 uno encontrará a Molina Hernández. Ningún otro dato, sólo el reconocimiento de que, en algún momento, probablemente a finales de 2010, la diócesis de Celaya tramitó el registro de 162 sacerdotes que servían en la diócesis.
Ese número ya plantea preocupaciones, porque si uno acude a los datos que la diócesis envió por aquel año a Roma, a efectos de la información que cada diócesis debe presentar para el llamado Annuario Pontificio uno encuentra que en 2006 la diócesis reportó un total de 237 sacerdotes de los cuales, 168 eran diocesanos, es decir directamente asociados o “incardinados” en la diócesis, y el resto, 69, eran miembros de una “orden” religiosa, por lo que existe la posibilidad de que correspondiera a esa orden religiosa cumplir con el trámite del gobierno mexicano.
El siguiente año para el cual hay información disponible es 2013, uno para el cual no hay directorio disponible de "ministros de culto" registrados en la Secretaría de Gobernación de México. Allí los números son similares, con un total de 236 sacerdotes en total, 167 diocesanos y 69 afiliados a una “orden” religiosa.
Esto no es exclusivo de esta diócesis ni de la Iglesia Católica en general en México. Si uno revisa los ministros registrados como tales por la rama mexicana de los Testigos de Jehová, el conjunto es más difícil de comprender, ya que es sólo una lista nacional que abarca desde la página 349 hasta la página 438 del PDF completo para un total de 4,286 individuos registrados como “ministros de culto” para esa organización religiosa.
Patrones similares existen para la más pequeña Iglesia Anglicana (77 ministros registrados), la Iglesia Metodista (167 ministros registrados) o para la de los Santos de los Últimos Días, los así llamados mormones, con 324 ministros registrados, y lo mismo se puede decir de las arquidiócesis católicas mexicanas más grandes, como la de México o Guadalajara.
En todo caso, el registro ante las autoridades mexicanas no es necesariamente la mejor manera de saber quién es o no un “ministro de culto”, es solo una de las vías indirectas por las cuales es posible encontrar la información que las organizaciones religiosas, católicas o de otro tipo, con operaciones en México no están dispuestas a proporcionar por sus propios medios.
A pesar de sus limitaciones, el Directorio de 2019 de la Secretaría de Gobernación prueba que Molina Hernández fue nombrado en algún momento de la segunda década de este siglo como cura de San Sebastián, pues su nombre aparece como el único sacerdote adscrito a esa parroquia en la página 1106 del Directorio de ese año, como demuestra la captura de pantalla del archivo PDF después de este párrafo. Ese año su nombre también apareció en la página 1111 como parte del clero de la diócesis.
Lamentablemente, para 2023, la práctica de reportar en el directorio los nombres de los “ministros de culto” adscritos a cada una de las parroquias de la diócesis había sido sustituida por una lista “consolidada” en que aparece todo el clero de la diócesis, de modo que es imposible saber si ya para ese año algo ocurría con Molina Hernández.
El año siguiente la situación fue básicamente la misma tanto para las diócesis católicas como para las organizaciones religiosas no católicas. En 2024, Molina Hernández era todavía un clérigo de la diócesis de Celaya. Aparece en la página 1390 de ese PDF (ver abajo) como uno de los 179 “ministros de culto” registrados. La brecha en comparación con la fuente oficial católica para 2023, el Annuario Pontificio, se mantiene, pues Roma tuvo conocimiento de 283 sacerdotes, de los cuales 206 eran diocesanos y 77 religiosos.
Ciber-arqueología
Aunque existe un sitio web relativamente bien diseñado y funcional para la diócesis de Celaya, la información allí es mínima, apenas limitada a la biografía de los obispos anteriores (actualmente no hay obispo), y un mapa donde sólo es posible identificar algunos de los municipios del estado de Guanajuato que pertenecen a la diócesis, pero ninguna información real sobre los sacerdotes activos o sus parroquias o colegios. Llama la atención que la parroquia de San Sebastián, en el municipio de San José de Iturbide, no aparece en el mapa.
Para dilucidar la ausencia fue necesario revisar el sitio web disponible en www.oficinaparroquial.com, más específicamente el subdominio donde se encuentra la información sobre las parroquias de la diócesis de Celaya, disponible en Oficina Parroquial. Fue necesario hacerlo, pues el sitio web de la Conferencia del Episcopado Mexicano, habitualmente disponible en www.cem.org.mx, donde hay un mapa de las diócesis mexicanas, ha experimentado interrupciones intermitentes durante el viernes 9 de octubre de 2026.
El sábado 10, el sitio oficial de la CEM estaba disponible con su mapa. El recurso, sin embargo, es similar al que tiene la diócesis en su sitio web, en el que el municipio de San José Iturbide aparece en el listado de la diócesis de Querétaro y no en el de Celaya. Hasta ahora no es posible confirmarlo, pero es posible que alguna porción del municipio pertenezca a la diócesis de Celaya y otra a la de Querétaro.
Aunque www.oficinaparroquial.com no es un sitio oficial de la Iglesia Católica, fue en la primera década de este siglo la mejor herramienta disponible para intentar descifrar la geografía de la Iglesia Católica en el país. Ya no se actualiza, pero ha mantenido disponible en su URL la información de finales de la primera década de este siglo.
Fue ahí donde se pudo resolver el acertijo. Aunque la parroquia de San Sebastián aparece en el listado de Celaya, otras parroquias en San José Iturbide, como la epónima de San José está en el listado de la diócesis de Querétaro.
Aunque en este caso un recurso obsoleto como www.oficinaparroqiual.com resultó útil para resolver la duda, de acuerdo con la noticia que el administrador del sitio colocó en su página de inicio, la última vez que se actualizó fue el 12 de mayo de 2009. Aunque fue útil en este caso, pertenece ya al ámbito de la ciber-arqueología, pues Roma ha creado diócesis en México después de 2009, como Izcalli, Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco, cuyas parroquias sólo pueden rastrearse en los listados de las diócesis madre: Cuautitlán para Izcalli y la Arquidiócesis Primada de México para las otras tres.
Hacerlo plantea, desde luego, el riesgo de perder valiosa información sobre nombramientos, cambios en jurisdicción y muchos otros detalles que las diócesis solían publicar por sí mismas, como se probó en 2025. Entonces esta serie narró otro caso histórico de abuso en otro rincón del Bajío mexicano, vinculado después de este párrafo, al revisar las viejas gacetas de la diócesis de San Juan de Los Lagos, que permitió rastrear sus nombramientos y cambios a lo largo de varios años.
A diferencia de lo que sucede con otras diócesis mexicanas que dependen en exceso de sus perfiles de Facebook, en los que la curia controla directamente el perfil en esa plataforma, Celaya opera por medio de su CODIPAC (Comité Diocesano para la Pastoral de la Comunicación), un acrónimo usado por las diócesis mexicanas para identificar a lo que en las diócesis de Estados Unidos sería la Oficina de Comunicación.
Denunciar en un vacío institucional
La diferencia no es sólo de títulos ya que, a diferencia de Estados Unidos, los CODIPAC en México carecen de un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas y, en muchos casos, de las herramientas para ofrecer información y datos institucionales en lugar de esquelas y tarjetas electrónicas de feliz cumpleaños.
Si en Estados Unidos tanto grandes arquidiócesis como Nueva York como diócesis pequeñas como la de Orange, California, cuentan con equipos responsables de brindar información a los medios, la mayoría de las diócesis mexicanas encargan a voluntarios laicos la creación, vía CODIPAC, de un perfil de Facebook que publica tarjetas electrónicas y esquelas o, en algunos casos extremos, un comunicado de prensa.
El más reciente de tales casos extremos ocurrió cuando el papa León XIV promovió a Víctor Alejandro Aguilar Ledesma de Celaya a la vecina y más prestigiosa diócesis de Querétaro, en la misma región de México, el llamado Bajío, donde se ubica Celaya.
En ese sentido, es casi imposible esperar del perfil que el CODIPAC de Celaya administra en Facebook alguna información sobre por qué Constantino Molina Hernández se evaporó del último Directorio oficial disponible de “ministros de culto” publicado en 2025 por la Secretaría de Gobernación de México.
¿Fue laicizado por Roma? ¿Fue consecuencia de otras denuncias de abuso? ¿Es ya objeto de una investigación oficial por parte de las autoridades mexicanas?
Es difícil saberlo, ya que Molina Hernández es una especie de fantasma en las redes sociales. Hay algunas referencias sueltas en las memorias de feligreses de la diócesis de Celaya que lo recuerdan. La última vez que su nombre aparece en las redes sociales fue en septiembre de 2025, cuando una universidad local que ofrece maestrías fáciles de obtener le otorgó un título, como lo demuestra la publicación en Facebook anterior a este párrafo. En caso de que la publicación sea removida, ocultada o eliminada, se muestra a continuación una captura de pantalla de la publicación.
Dada la ausencia de información en el sitio web diocesano o en el perfil de Facebook del CODIPAC, la única pista sobre Molina Hernández es cómo desapareció del Directorio oficial de 2024 al Directorio oficial de 2025 de ministros de culto.
Sin embargo, debido a que no hay en 2026 una edición del Directorio de la Secretaría de Gobernación como era costumbre en años previos, rastrear su situación oficial es imposible. ¿Por qué, si hay acusaciones de abuso contra un sacerdote o exsacerdote, la diócesis que solía supervisarlo mantendría a los fieles en la oscuridad sobre los riesgos potenciales?
El tema es más relevante ya que, además de que el sobreviviente ha dado un paso al frente, existe la posibilidad de que haya más víctimas de Molina Hernández, ya que después de ser sólo el vicario de la parroquia de San Sebastián, fue promovido a cura allí y permaneció como tal durante varios años.
Lo que es peor: Las primeras instancias de abuso en San Sebastián ocurrieron durante la gestión allí de un sacerdote que todavía está activo en la diócesis y que sería responsable, al menos parcialmente, de lo sucedido durante el primero de los cuatro años de abuso perpetrados por Molina Hernández.
A diferencia de Molina Hernández, cuya huella digital se reduce a recuerdos de feligreses y al aviso de haber obtenido una maestría, el antiguo cura de San Sebastián, Alejandro Hernández Maya, aparece como el actual párroco de San Judas, en Celaya, como lo prueba la publicación de Facebook vinculada después de este párrafo.
En ese sentido, ¿lo que le haya sucedido a Molina Hernández vino acompañado de alguna medida disciplinaria para Hernández Maya? Es imposible saberlo, ya que la razón misma por la cual Molina Hernández desapareció del Directorio oficial de “ministros de culto” del gobierno mexicano no ofrece información real sobre su eliminación de esa lista después de 2024.
Alejandro Hernández Maya aparece dos veces en la lista del Directorio de 2011. Una adscrito a la parroquia de San Sebastián, y otra vez en la lista de “ministros de culto” registrados por la diócesis de Celaya. El Directorio de 2024 lo tiene en la lista sin filtrar de “ministros de culto” y, a diferencia de Molina Hernández, Alejandro Hernández Maya sí aparece en la página 1417 del Directorio de 2025, en la diócesis de Celaya.
Para ser claros, el problema principal no es una falla de las personas laicas detrás del CODIPAC de Celaya. Lo más probable es que sean voluntarios que hacen el trabajo que hacen como un servicio, con poco o ningún apoyo material e institucional. El problema principal aquí es la ausencia de cualquier información significativa en el sitio web de la diócesis, que no sólo carece de un mapa real de la diócesis, sino también de cualquier declaración sobre por qué uno de sus sacerdotes ha sido eliminado del Directorio de “ministros de culto” del gobierno federal mexicano.
No es la primera vez
Lamentablemente, esta no es la primera vez que una diócesis en el estado de Guanajuato acapara titulares por casos de abuso sexual de clérigos. Hace unos años, la vecina diócesis de Irapuato se convirtió en un nombre conocido cuando un orfanato conocido como la Ciudad de los Niños se vio afectado por varias acusaciones en la primera década de este siglo.
Incluso si, en última instancia, los orfanatos, con casas en media docena de municipios del Bajío mexicano son ahora “viejas noticias”, las heridas siguen abiertas, y si uno observa la reacción que Jorge obtuvo del ahora antiguo obispo de Celaya, la Iglesia Católica ha aprendido poco o nada de su experiencia en casos de abuso sexual.
Independientemente de si uno revisa los registros de Benedicto XVI, Francisco o el archivo sobre el tema de León XIV, los obispos mexicanos parecen ser inmunes a sus llamados a atender, escuchar y abordar los agravios de las víctimas.
Lo que es peor, al revisar el relato de Jorge sobre su reunión con el ahora obispo de Querétaro, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, parece ser una copia al carbón de la que tuvo una víctima en Monterrey hace unos años con Rogelio Cabrera López, el titular de esa sede, como narró hace unos meses el texto vinculado después de este párrafo.
La red en lucha
“Perdónalos, señor“: sobrevivir al abuso sexual en Monterrey
Según Jorge, recientemente se puso en contacto con Aguilar Ledesma quien, lejos de reconocer la gravedad del asunto, culpó al propio Jorge de haber tenido una “relación amorosa” con el entonces vicario Constantino Molina Hernández cuando tenía 11 años.
Fiel al “manual de procedimientos” no oficial que la jerarquía católica usó durante la mayor parte del siglo XX, como solía hacer el cardenal Norberto Rivera Carrera al responder preguntas de los medios mexicanos en los noventa sobre el abuso perpetrado por Marcial Maciel, el ahora obispo de Querétaro acusó a Jorge de “atacar a la Iglesia Católica” mientras que, paradójicamente, le pedía que perdonara al hombre que abusó de él a los 11 años y durante cuatro años, y que “dejara el asunto en manos de Dios”.
Para sorpresa de nadie, las palabras del obispo Aguilar Ledesma hicieron poco o nada por resolver el problema. Jorge y otras víctimas en Guanajuato han dado un paso al frente y piden a otras víctimas que hagan lo mismo, al tiempo que insinúan la posibilidad de que él y otras víctimas enfrenten la furiosa reacción de los fieles católicos que realmente creen que Jorge, y muchas otras víctimas, “atacan a la Iglesia Católica”.
A lo largo de muchos años y en diferentes países, la crisis del abuso sexual ha sido causa de episodios de violencia, evidentes en los ataques que las víctimas y sus aliados reciben en las redes sociales, por lo que es difícil cuestionar por qué Jorge emitiría una advertencia sobre las posibles repercusiones de la acusación del obispo Aguilar Ledesma de que está “atacando a la Iglesia Católica”.
Es imposible no preguntarse por qué, si tanto el papa Francisco como más recientemente el papa León XIV han llamado a sus “hermanos obispos” a abordar realmente las causas y efectos de la crisis del abuso sexual, prelados como Aguilar Ledesma todavía están dispuestos a apostar a que pueden forzar a las víctimas a poner fin a sus esfuerzos para acceder a la justicia después de muchos años de negligencia y silencio, al mismo tiempo que, de manera contradictoria, el obispo se dice víctima de sobrevivientes vengativos y a quienes pide que olviden los agravios sufridos.
Según Jorge, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya tiene una investigación abierta sobre Constantino Molina Hernández. No está claro si esa es la razón por la cual su nombre ya no apareció en el Directorio de "ministros de culto" de 2025 del gobierno federal mexicano.
Tristemente, es necesario agregar un par de piezas más a esta historia de abuso: el hecho de que dos ex obispos de la diócesis ya han fallecido. Son relevantes porque ahora es imposible obtener su versión de la historia.
Uno es José Benjamín Castillo Plascencia, el obispo en funciones cuando ocurrió el abuso en San Sebastián. Falleció en abril pasado, y con él murió la oportunidad de descifrar qué sabía sobre Constantino Molina Hernández, por qué le permitió convertirse en párroco de San Sebastián y si hubo algún informe del antiguo cura de esa parroquia.
El otro es Lázaro Pérez Jiménez, quien murió en un hotel de la Ciudad de México en 2009. Era el obispo en funciones cuando Constantino Molina se convirtió en sacerdote en Celaya. ¿Hubo informes de sus superiores en el seminario? Incluso eso es difícil de descifrar en el agujero negro de información que es la Iglesia Católica en México, porque no hay forma de rastrear dónde estudió, ni si ya era conocido por prácticas abusivas cuando era seminarista.
Lo que debería quedar claro, sin embargo, es que la ausencia de bases de datos estables sobre “ministros de culto” desacredita las muchas afirmaciones sobre la capacidad del gobierno mexicano para regular a las organizaciones religiosas, y que la ausencia de cualquier información significativa de las diócesis mexicanas, ya sea en sus sitios web o en folletos a la antigua usanza, como solían hacer en los ochenta, hace que sea muy difícil confiar cuando los obispos dicen estar comprometidos a abordar las causas y consecuencias de la crisis de abuso sexual clerical.
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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.
Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.
