Alfredo Griz Cruz Sábado, 31 de Octubre del 2026, 00:00
San Pedro El Alto reclama la restitución de sus tierras mientras denuncia vínculos entre autoridades, Guardia Nacional y grupos criminales.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
De un conflicto agrario a una crisis de violencia
El conflicto agrario entre San Pedro El Alto, municipio de Zimatlán de Álvarez, y Santo Domingo Teojomulco dejó de ser hace años un problema exclusivamente de límites. Hoy es una pesadilla para más de 250 indígenas desplazados; es un expediente acumulado de resoluciones presidenciales, juicios agrarios, amparos, denuncias penales, desplazamiento de familias, destrucción y quema de viviendas, retenciones comunitarias y enfrentamientos políticos que han puesto a prueba la capacidad del Estado mexicano para hacer cumplir sus propias determinaciones.
La comunidad agraria de San Pedro sostiene que tiene un derecho agrario reconocido desde 1954 y que, pese a haber obtenido resoluciones favorables en tribunales, una parte de las tierras reconocidas jurídicamente continúa bajo control de habitantes de Teojomulco. Aquí hay que señalar que este control ha sido a través de la violencia armada, el secuestro, la extorsión, la complicidad del gobernador Salomón Jara y el secretario de Gobierno, Jesús Romero, el juchiteco que tiene incendiado a todo el estado de Oaxaca por su falta de capacidad para hacer valer el Estado de derecho y la gobernanza, por su complicidad abierta y expresa con grupos criminales.
Autoridades con órdenes de aprehensión operan en Teojomulco
Entre los nombres que aparecen en la etapa reciente del conflicto se encuentran Luciano Pérez Zárate, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro El Alto, y Alejandro Morales Díaz, identificado como asesor jurídico de la comunidad.
También ha aparecido públicamente José Durán Vera, señalado como asesor vinculado a la Unión Campesina Democrática. Del lado de Santo Domingo Teojomulco, las autoridades comunitarias identificadas públicamente en 2026 incluyen a César Domingo Vargas Martínez y Bartolo Sánchez Hilario, ambos con carpetas de investigación y con órdenes de aprehensión vigentes, mismas que el Gobierno de Oaxaca se ha negado a ejecutar.
La presencia de estos actores ha convertido el conflicto agrario en un asunto donde las decisiones de las asambleas comunitarias, los asesores jurídicos y las autoridades municipales tienen un peso considerable.
Tres comuneros retenidos durante más de 15 días
El 13 de octubre de 2026 ocurrió uno de los episodios más delicados de la etapa reciente. Tres habitantes de San Pedro El Alto fueron retenidos en la zona de conflicto. Los primeros reportes identificaron a Antonio de Jesús «N», Martín «N» e Ismael «N»; posteriormente, medios locales difundieron los nombres de Martín Antonio Santiago, Ismael Morales Zárate y Antonio de Jesús Pérez Amaya. La comunidad de San Pedro calificó la retención como privación ilegal de la libertad, mientras que autoridades de Teojomulco la describieron como una medida de resguardo comunitario dentro del territorio que consideran propio.
La retención se prolongó durante más de 15 días y generó una nueva movilización política. San Pedro denunció que los tres comuneros permanecían privados de su libertad y exigió la intervención de los gobiernos estatal y federal. La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que mantenía diálogo con las partes y que los retenidos contaban con alimentación y comunicación telefónica. El 28 de octubre de 2026 finalmente fueron liberados después de una minuta de acuerdos y de una intervención institucional. La liberación redujo temporalmente la tensión, pero no resolvió la disputa territorial que originó el conflicto.
De este episodio se vio la complicidad abierta del Gobierno de Salomón Jara, quien, literalmente y de manera abierta, protege al grupo del crimen organizado, particularmente a la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esa zona, en complicidad con los líderes comuneros de Teojomulco, quienes obtienen el beneficio económico de la explotación de las maderas y la fauna de las diez mil hectáreas que se están apropiando de manera violenta, propiedad de San Pedro El Alto.
Video muestra a Guardia Nacional con presuntos integrantes del CJNG
Los comuneros temen por su vida y las de sus familias, pues hasta el momento hay más de 250 personas desplazadas por la violencia armada de los grupos criminales de la región. Aunado a esto y a las amenazas que han recibido de los criminales y del propio gobierno del estado, a través de Jesús Romero, secretario de Gobierno, los comuneros temen incluso a las fuerzas castrenses, que son amigas de los criminales. Y al señalar este tunde teclas que son amigos es porque aquí estamos exhibiendo un video donde se observa a los mencionados criminales jugando al tiro al blanco con la misma Guardia Nacional.
En este sentido, es decir que los muchachos de Carlos Salvador Hernández Carvajal, quien es encargado de la Guardia Nacional en Oaxaca, son amigos y acuden a los predios de los criminales radicados en Teojomulco a jugar al tiro al blanco, en lugar de cuidar a las víctimas. Así las cosas.
Una célula del CJNG en Teojomulco
San Pedro El Alto resiste a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que ya ha hecho raíces en Teojomulco, que controla a los comuneros, que decide quién vive y quién muere en esa zona, que coopta a las autoridades federales y ministeriales, enfrenta la presión y los intentos de soborno de los criminales. Los comuneros señalan que quien mueve y permite todo eso es el gobernador Salomón Jara y Jesús Romero, y que lo que va a pasar es que vuelva a haber otra matanza como la de Agua Fría, porque no les están dejando otro camino. Ya agotaron las instancias legales, ya tocaron todas las puertas e incluso están tocando la puerta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque esto ya rebasó todos los límites legales y de derechos humanos.
En Teojomulco, las células del crimen organizado están lideradas por Nicolás Lascares y Aureliano Martínez, quienes portan armas de alto calibre, desde fusiles R154, AK-47, drones y antenas Starlink hasta fusiles Barrett 50 mm empotrados en camionetas. Estos personajes también cuentan con órdenes de aprehensión, pero también cuentan con la bendición y protección del Gobierno del Estado y de la Guardia Nacional, que funge como su guardia pretoriana.
Viviendas quemadas y familias desplazadas
Mientras los expedientes avanzaban en tribunales, la realidad en las comunidades siguió por otro camino. En diciembre de 2025 se reportó la quema de viviendas en zonas vinculadas con San Pedro El Alto. El Imparcial informó el 3 de enero de 2026 sobre al menos seis viviendas incendiadas en La Cofradía y El Campamento y sobre denuncias de más de 20 viviendas destruidas previamente en Tlacuache. Los hechos fueron relacionados periodísticamente con el contexto del conflicto agrario y con el desplazamiento de familias. La Procuraduría Agraria también retomó esos acontecimientos dentro de su seguimiento de la problemática.
La dimensión territorial que actualmente manejan las partes también se ha ampliado. En septiembre de 2026, representantes de San Pedro El Alto denunciaron ante la Cámara de Diputados que el territorio presuntamente ocupado por Teojomulco alcanzaba aproximadamente 17,000 hectáreas y que alrededor de 210 familias habían sido desplazadas. Estas cifras corresponden a las declaraciones de los representantes comunitarios y no deben confundirse con la superficie de 7,644 hectáreas que aparece vinculada a la resolución judicial sobre el polígono específico. La diferencia entre ambas cifras revela precisamente uno de los problemas centrales del conflicto: las partes no manejan actualmente la misma lectura sobre la extensión total del territorio en disputa.
Representantes de San Pedro El Alto exponen ante la Cámara de Diputados el conflicto territorial, los desplazamientos y la falta de ejecución de resoluciones agrarias en Oaxaca.
El origen jurídico: una resolución ejecutada desde 1954
El antecedente jurídico central se encuentra en la resolución presidencial del 19 de mayo de 1954, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de ese mismo año. El documento reconoció y tituló a San Pedro El Alto una superficie de 30,047 hectáreas, 93 áreas y 38 centiáreas, en beneficio de 369 comuneros. La resolución fue ejecutada mediante el Acta de Ejecución y Deslinde del 13 de mayo de 1956. El expediente comunitario también refiere actos de conformidad de linderos de 1948 y 1961, elementos que San Pedro considera fundamentales para acreditar la antigüedad y firmeza de sus límites.
Santo Domingo Teojomulco cuenta, a su vez, con una resolución presidencial del 9 de mayo de 1966, publicada el 26 de septiembre de 1967, mediante la cual se reconocieron 18,911 hectáreas para 805 comuneros. El problema jurídico es que esa resolución no llegó a ejecutarse debido a los conflictos existentes con comunidades colindantes. Esa diferencia entre un reconocimiento presidencial y una resolución efectivamente ejecutada se convirtió con el paso de las décadas en uno de los puntos centrales de la disputa. La propia documentación de San Pedro sostiene que ambas resoluciones quedaron firmes, pero que sus antecedentes de ejecución y deslinde son distintos.
Agua Fría como antecedente de violencia
El conflicto tampoco nació entre San Pedro y Teojomulco. La región arrastra una historia de disputas agrarias mucho más antigua, particularmente entre Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan y Santiago Xochiltepec. El expediente comunitario refiere decisiones judiciales y acuerdos posteriores derivados de esos enfrentamientos, así como una cadena de conflictos que provocaron muertes durante décadas. Entre los episodios más graves aparece la emboscada de Agua Fría de 2002, en la que fueron atacadas personas de Santiago Xochiltepec y murieron 26 de ellas. La documentación refiere una investigación penal y la detención de habitantes de Las Huertas, Teojomulco, pero estos antecedentes deben entenderse dentro de los expedientes y testimonios de aquella época y no como una imputación automática contra los actuales habitantes o autoridades de Teojomulco.
Amparos, invasiones y presencia armada
El conflicto jurídico directo comenzó a adquirir otra dimensión en 2013, cuando Santo Domingo Teojomulco promovió el amparo 827/2013 ante el Juzgado Octavo de Distrito para cuestionar actos relacionados con la ejecución de la resolución presidencial de San Pedro. El 17 de mayo de 2016 se dictó una primera sentencia que concedió protección por cuestiones relacionadas con el derecho de audiencia. San Pedro interpuso recurso de revisión y el asunto llegó al Tribunal Colegiado. El recurso 241/2017 fue resuelto el 31 de agosto de 2017, con una determinación que dejó sin efecto la sentencia recurrida y negó la protección solicitada por Teojomulco respecto de la pretensión vinculada con su resolución de 1966, según el expediente aportado por San Pedro.
A partir de 2013, San Pedro comenzó a denunciar invasiones en distintas zonas de su territorio. El expediente comunitario menciona El Durazno, Malvarisco, Llano Manteca, Río Blanco, Río Cacho, Río Salinas, Río Capote y El Perico, además de desplazamientos de familias hacia la zona conocida como Tlacuache. También documenta denuncias sobre presencia de personas armadas, quema de viviendas y ranchos, robo de ganado y agresiones contra integrantes de la policía comunitaria. Estos hechos forman parte de las denuncias y del relato jurídico presentado por San Pedro, por lo que deben distinguirse de aquellos hechos que hayan sido acreditados mediante resoluciones judiciales o investigaciones penales concluidas.
Uno de los episodios que agravó la situación ocurrió en 2014 y 2015, cuando San Pedro denunció la apertura de una brecha en la zona en disputa mediante maquinaria pesada y herramientas forestales. La comunidad calculó técnicamente que el territorio afectado rondaba las 7,000 hectáreas y sostuvo que grupos armados impedían el paso de sus habitantes. Las denuncias quedaron relacionadas con expedientes como 280/ZIM/2014 y FED/OAX/OAX/0000452. El 16 de abril de 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una Alerta Temprana específicamente relacionada con el conflicto agrario entre Santo Domingo Teojomulco y San Pedro El Alto.
El Gobierno de Oaxaca conocía el riesgo
La gravedad del problema fue reconocida posteriormente por el propio Gobierno de Oaxaca. En febrero de 2024, la Secretaría de Gobierno informó que había celebrado más de 20 reuniones para intentar construir una salida negociada a un conflicto que llevaba décadas sin resolverse. El gobierno estatal señaló entonces que San Pedro contaba con una resolución presidencial ejecutada desde 1954, mientras que Teojomulco tenía una resolución de 1966 que no había sido ejecutada. También reconoció que el conflicto involucraba una superficie superior a 7,000 hectáreas y que la situación representaba un riesgo importante de violencia en la región.
Durante 2024, las autoridades federales y estatales intentaron establecer una mesa de negociación. La Procuraduría Agraria informó en abril de ese año que la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Oaxaca y distintas instituciones agrarias habían instalado una mesa de diálogo para buscar una solución definitiva. Paralelamente, el Gobierno de Oaxaca anunció reuniones de seguridad con participación de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y otras dependencias. La estrategia oficial fue combinar la conciliación agraria con presencia institucional en las comunidades donde existía riesgo de confrontación.
Un tribunal ordenó la entrega material de la superficie
El problema llegó entonces a los tribunales agrarios. El 5 de mayo de 2022, San Pedro El Alto presentó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 una demanda relacionada con el respeto de sus linderos, restitución, brecheo y amojonamiento, sustentada en la resolución presidencial de 1954, su publicación, el acta de ejecución y deslinde y el plano definitivo. El procedimiento tuvo una etapa prolongada de conciliación y controversias técnicas. Finalmente, el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Unitario Agrario determinó, según el expediente aportado por la comunidad, que San Pedro tenía derecho sobre el área controvertida y ordenó la entrega física y material de la superficie correspondiente.
La resolución agraria identificó el territorio mediante puntos y mojoneras concretas, entre ellas Tres Cruces, Quiezoto, La Polvadera, Portillo de Tierra Blanca y Cerro Cacalote o Zacate Amarillo. Esto es importante porque la controversia dejó de encontrarse únicamente en el terreno de las declaraciones políticas. Existe una determinación judicial que establece una línea territorial específica y que ordena la entrega material de la superficie reconocida. El problema posterior ha sido ejecutar esa determinación en un territorio donde existe presencia, organización y resistencia comunitaria de la contraparte.
El expediente agrario continuó en revisión ante el Tribunal Superior Agrario. La agenda oficial del Tribunal Superior Agrario de mayo de 2025 registra el recurso de revisión 88/2025-21, relacionado con el expediente 321/2022 y con la acción denominada «conflicto por límites». Esto confirma que la controversia judicial continuó después de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y que la resolución de primera instancia formó parte de una cadena procesal superior.
Salomón Jara conocía el conflicto desde 2007
También existe una dimensión política que no puede ignorarse. Salomón Jara Cruz conocía desde antes de llegar a la gubernatura la problemática agraria de la región. En 2007, cuando era senador, presentó un punto de acuerdo relacionado con conflictos agrarios que involucraban a San Pedro El Alto, Santiago Textitlán y Santa María Lachixío, donde ya aparecía como antecedente la resolución presidencial de 1954. La permanencia del problema durante casi dos décadas después de aquel antecedente político muestra que la intervención de distintos gobiernos y legislaturas no ha producido una solución definitiva.
La dimensión política en Teojomulco
En el ámbito municipal de Teojomulco también existe un componente político que debe ser observado con cuidado. El IEEPCO documentó en 2025 un acuerdo relacionado con la elección de autoridades de sistemas normativos indígenas y señaló la invalidez de la elección ordinaria correspondiente a ese proceso, al tiempo que registró a César Domingo Vargas Martínez y otros integrantes como autoridades vinculadas al periodo 2026-2028. Cualquier análisis sobre la legitimidad política de esas autoridades debe considerar las resoluciones electorales posteriores y no reducir el asunto a una sola determinación administrativa.
El punto más delicado está en la distancia que existe entre el derecho reconocido y su ejecución material. San Pedro sostiene que posee documentos presidenciales, actos de ejecución y deslinde, resoluciones judiciales y una determinación agraria que reconoce la superficie controvertida. Teojomulco mantiene su propia posición territorial y ha participado en procedimientos judiciales, mesas de diálogo y acciones comunitarias destinadas a defender lo que considera su territorio. Mientras no exista una ejecución efectiva de la resolución o un acuerdo definitivo aceptado por ambas partes, cualquier presencia física sobre el terreno puede convertirse nuevamente en un detonador de violencia.
El Estado mexicano tiene ante sí un problema que no puede resolverse únicamente mediante comunicados, mesas de diálogo o despliegues temporales de seguridad. La propia historia del conflicto demuestra que las reuniones han sido numerosas y que los acuerdos parciales no han conseguido modificar la situación territorial. En 2024 las autoridades ya hablaban de más de 20 reuniones y de un riesgo elevado de violencia; en 2026 continúan las denuncias de desplazamiento, incendios y retenciones. La diferencia entre ambos momentos es que ahora existe un expediente judicial más desarrollado y una presión social mucho mayor para que se cumpla lo resuelto.
San Pedro El Alto no enfrenta únicamente a otra comunidad por una superficie de tierra. Enfrenta el problema de hacer valer un derecho agrario que, según sus documentos y las resoluciones judiciales referidas, tiene antecedentes de más de siete décadas. Teojomulco, por su parte, sostiene una posición territorial respaldada por su propia historia agraria y por una resolución presidencial de 1966 que la comunidad considera parte de sus derechos. La solución tendrá que resolver ambas dimensiones: la jurídica y la social. Ignorar cualquiera de ellas significaría trasladar nuevamente el problema al terreno de la confrontación.
El episodio de octubre demuestra hasta dónde ha llegado el conflicto. Una disputa que originalmente debía resolverse mediante documentos agrarios, planos, deslindes y tribunales terminó generando desplazamientos, destrucción de viviendas, presencia de grupos armados denunciada por las comunidades y retenciones de personas. La existencia de una resolución judicial favorable a San Pedro no ha sido suficiente para producir una restitución física aceptada por las partes. El problema ya no consiste únicamente en determinar quién tiene el derecho sobre un polígono, sino en establecer cómo puede hacerse efectiva una sentencia sin provocar una confrontación mayor.
Los intereses económicos detrás del territorio
Sin embargo, los tentáculos e intereses de Salomón Jara y de Jesús Romero se han hecho presentes. Los miles de millones de pesos que se están generando por la explotación ilegal de la madera de esas más de siete mil hectáreas salpican hasta el escritorio de ambos funcionarios; y los plantíos de droga, de mariguana y de amapola que están sembrando y cosechando en esa zona: también parte de ese dinero ilícito llega a las manos del gobierno estatal, de la Guardia Nacional y de muchos más funcionarios.
El expediente demuestra que el conflicto no puede analizarse solamente con cifras de hectáreas. Detrás de los polígonos existen familias desplazadas, viviendas destruidas, comunidades que viven bajo amenaza, denuncias penales que reclaman investigación y autoridades que durante años han recurrido a la negociación sin conseguir una solución definitiva. También existen dos comunidades que consideran que la tierra en disputa forma parte de su patrimonio y que han construido alrededor de ella buena parte de su identidad y organización interna.
La resolución judicial puede determinar el derecho sobre un territorio, pero su ejecución requiere una estrategia institucional capaz de impedir que el cumplimiento de una sentencia se convierta en una nueva confrontación armada. Para ello se necesita coordinación entre las autoridades agrarias, los gobiernos federal, estatal y municipal, las instituciones de seguridad y los organismos encargados de proteger los derechos de las familias desplazadas. También se requiere transparencia sobre las investigaciones penales y sobre las condiciones concretas de cualquier acuerdo que se alcance entre las comunidades.
San Pedro El Alto y Santo Domingo Teojomulco llevan décadas atrapados en un conflicto que ha sobrevivido a gobiernos, partidos, funcionarios, tribunales y mesas de negociación. La diferencia ahora es que el costo humano y territorial es mayor y que la distancia entre lo que dicen los expedientes y lo que ocurre sobre el terreno resulta cada vez más difícil de ocultar. Mientras una resolución judicial reconoce derechos y una comunidad exige su cumplimiento, la otra continúa defendiendo el territorio que considera propio. El problema sigue sin una solución definitiva y cada nuevo episodio de retención, incendio o desplazamiento vuelve a colocar la posibilidad de violencia sobre la mesa.
El expediente ya no necesita otra década de reuniones para demostrar que existe un problema. Aquí el problema es muy grave: ya hubo la matanza de Agua Fría, donde fueron ejecutados 26 campesinos; ahora ya hay más de 200 desplazados y muchas amenazas de muerte. San Pedro El Alto no necesita discursos; lo que requiere es que el Gobierno del Estado saque las garras del asunto y que haga valer el Estado de derecho.
Se requiere que las instituciones determinen con precisión qué superficie debe entregarse, cómo se ejecutará la resolución, qué ocurrirá con las familias desplazadas, qué investigaciones penales avanzarán y qué garantías tendrán ambas comunidades para evitar nuevos enfrentamientos. La obligación del Estado no termina cuando un tribunal dicta sentencia. Empieza, precisamente, cuando llega el momento de hacerla cumplir.
