Guadalupe Lizárraga Lunes, 21 de Septiembre del 2026, 19:51
Anabel Hernández repitió en el caso Ayotzinapa, con Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, el mismo patrón que usó con víctimas del caso Wallace.
Por Guadalupe Lizárraga
Actualizado el 22/09/2026 12:40 h
En 2016, cinco años antes de que Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe fuera detenido por el caso Ayotzinapa, Anabel Hernández ya lo había señalado como culpable de la desaparición de los estudiantes.
Sin titubeos ni mesura, lo presentó junto con el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos como uno de los policías federales que habrían permitido que agentes municipales bajaran a los normalistas del autobús Estrella de Oro 1531 y se los llevaran en patrullas de Huitzuco. Escribió que ambos habían sido reconocidos como “cómplices en la desaparición”. Después afirmó que Emmanuel “mintió” en su declaración y calificó la transferencia de ambos agentes a otras bases de la Policía Federal como una aparente acción de encubrimiento.
La fabricación de Hernández quedó fijada en su libro La verdadera noche de Iguala, publicado en diciembre de 2016, después de haber difundido parte de esos señalamientos en la revista Proceso.
“En vez de someterlos a investigación por esos hechos, en lo que parece una acción de encubrimiento Colmenares Campos y Pérez Arizpe fueron transferidos a otras bases de la Policía Federal, el primero a Tlaxcala y el segundo a Tlalnepantla, Estado de México...” (página 170, La verdadera noche de Iguala).
En ese entonces, Emmanuel de la Cruz todavía no estaba procesado penalmente. Las pruebas periciales que Los Ángeles Press reconstruyó en abril y mayo de 2026 ya existían en el expediente desde antes de 2016: no vinculaban sus armas con los casquillos recuperados en las escenas ni encontraron rastros biológicos de los estudiantes en la patrulla 9908. Tampoco existía una geolocalización que colocara esa unidad en el sitio donde desaparecieron los normalistas.
Sin embargo, Anabel Hernández escribió la culpabilidad antes de que un tribunal pudiera enjuiciar a Emmanuel de la Cruz.
“Cómplices en la desaparición”
El capítulo dedicado a la Policía Federal parte de documentos internos de la base de Iguala. Hernández identifica a siete agentes que se encontraban en servicio la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Entre ellos menciona al suboficial Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe.
Inmediatamente después señala a Emmanuel y a Colmenares en otra categoría.
Escribe que el conductor Gregorio Jaimes Reyna los reconoció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “como cómplices en la desaparición” de los estudiantes que viajaban en el autobús 1531. Esta es la fuente utilizada por la periodista de la investigación focalizada de la CNDH.
La frase tiene un peso distinto al de una referencia a un testimonio o a una línea de investigación. El término “cómplices” lo utiliza Hernández en su libro para incorporar una responsabilidad criminal en la narración.
El 4 de marzo de 2016, la Oficina Especial para el Caso Iguala había remitido a la PGR un documento para solicitar acciones contra Colmenares y Pérez Arizpe. Hernández tuvo acceso a esa documentación y, en junio, publicó en Proceso el reportaje “La PGR protege a policías federales y de Huitzuco”.
La acusación ya existía dentro del aparato institucional. Lo que hizo Hernández fue darle una voz mediática, igual que lo hizo en la fabricación del caso Wallace, en su libro Los señores del narco, de 2010. Es el mismo patrón de incriminación con expedientes fabricados desde la PGR. La misma periodista. Y, de igual manera, las mismas escenas construidas con supuestos diálogos y señalamientos de terceros.
En el libro sobre Ayotzinapa, la presencia de Emmanuel de la Cruz en el punto donde fueron detenidos los normalistas la narra como si los hechos hubieran ocurrido frente a él.
Hernández escribe que, entre las 22:00 y las 22:30, Colmenares y Pérez Arizpe observaron cómo policías municipales agredían a los estudiantes, los obligaban a bajar del autobús y los subían a vehículos de la policía de Huitzuco. Reproduce, además, una conversación atribuida a los agentes presentes.
Según esa versión, Colmenares habría preguntado qué ocurriría con los jóvenes. Un policía municipal respondió que serían llevados a Huitzuco para que “el patrón” decidiera. Hernández atribuye entonces a Colmenares y Pérez Arizpe una respuesta de aceptación: “¡Ah! Okey, okey, está bien”.
No obstante, en entrevista para Los Ángeles Press, Emmanuel de la Cruz desmintió a la periodista: ni había hablado con ella ni existe en el expediente dicha conversación con Colmenares y Pérez Arizpe. Pero con esa escena fabricada por Anabel Hernández, Emmanuel de la Cruz deja de aparecer como un policía en servicio y queda incorporado narrativamente al momento de la desaparición de los estudiantes, imputándole responsabilidad.
La construcción depende de la primera versión del chofer Gregorio Jaimes Reyna en la que la CNDH encubre que fue agredido por policías municipales, como se demostró con el Informe Pascal. En la segunda versión corrige y enfrenta a la agente de la SEIDO Lourdes López Lucho que fue él que lo hostigó.
Fuente: Informe Pascal, GL 4, página 25.
El libro de Anabel Hernández no presenta junto a ese diálogo ninguna evidencia, una grabación, una comunicación de radio, una imagen, una geolocalización o una segunda fuente independiente que ubique personalmente a Emmanuel frente al autobús donde emboscaron a los estudiantes.
Los Ángeles Press ya documentó en esta serie la evolución de ese testimonio y la evidencia que excluye a Emmanuel del lugar señalado. El Informe Pascal corrigió, además, rutas, tiempos y ubicaciones utilizadas de manera tergiversada para construir esa imputación. Sin embargo, Hernández escribió la escena como si fuera un acontecimiento consumado.
“Pudieron pasar”
En la página 172, Anabel Hernández introduce una inferencia que contradice la ruta reconstruida posteriormente por Los Ángeles Press. Al referirse a la patrulla 09908, en la que viajaban Emmanuel de la Cruz y Víctor Manuel Colmenares, sostiene que, “de acuerdo con el mapa carretero”, ambos “pudieron pasar por el Palacio de Justicia”.
La documentación examinada por Los Ángeles Press y el testimonio de Emmanuel de la Cruz ubican la patrulla 09908 en otro extremo de Iguala, hacia la salida a Cuernavaca. Emmanuel condujo posteriormente a la estación de la Policía Federal para llevar a Colmenares, donde el suboficial fue visto.
Incluso Emmanuel señala, en este episodio, a Ángela Buitrago, la experta en derechos humanos del GIEI que en un interrogatorio de 2015 lo coaccionó intentando que aceptara haber cruzado por debajo del Puente del Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala. A lo que Emmanuel respondió:
“Ella a fuerza quería que yo dijera que yo había pasado por ahí. Entonces, yo le dije, yo no pasé por ahí. No, es que usted sí debió de haber pasado por ahí. Le dije, es que no, mire, y ya le enseñé el croquis. Mire, acá hay otra entrada y salida hacia Iguala. Entonces, yo entré por aquí, y por aquí salí a la caseta y me dirigí hacia la carretera. Le dije a Buitrago, no voy a decir lo que usted quiere escuchar, no me voy a culpar de nada”.
Había transcurrido poco menos de un año desde este interrogatorio y había registro. Pero Anabel Hernández utilizó la frase “pudieron pasar”, de nuevo sin aportar ninguna prueba: un registro de GPS, una comunicación de radio, una imagen o una bitácora que ubicara la patrulla frente al Palacio de Justicia. Nada.
Hernández solo asumió su inferencia geográfica, curiosamente en sintonía con la experta del GIEI Ángela Buitrago. Una inferencia en la que Hernández planta el nombre de Emmanuel en la escena de la detención de los normalistas y remata diciendo que son trasladados por policías de Huitzuco. La revista Proceso, sin ningún rigor de supervisión, amplificó la fabricación.
El propio libro La verdadera noche de Iguala aporta otra pieza que revela la dimensión del vacío. Al citar una auditoría interna de la PGR, Hernández reconoce que la Procuraduría no obtuvo oportunamente los datos de posicionamiento geográfico de las patrullas federales. Ese registro habría permitido conocer con precisión sus recorridos.
Hernández cita una auditoría interna según la cual existía “confusión y poca claridad” en las declaraciones: Colmenares habría dicho que las unidades no tenían GPS y Pérez Arizpe que sí. La periodista no reproduce en ese punto la declaración original de Emmanuel de la Cruz; sino que es la atribución de la auditoría que ella consultó.
La ubicación de la patrulla, sin embargo, ya podía reconstruirse con otros registros operativos que Los Ángeles Press examinó posteriormente.
Esa falta de certeza documental no llevó a Hernández a mantener abierta la duda sobre lo ocurrido. Por el contrario, en el siguiente pasaje traslada las contradicciones del expediente directamente a Emmanuel de la Cruz y las convierte en una acusación de falsedad.
En la página 173, lo acusa de nuevo:
“Pérez Arizpe [...] mintió igualmente en su declaración”.
La acusación se refiere a los horarios del operativo, la vigilancia de los estudiantes y el auxilio proporcionado después del ataque al autobús de los Avispones.
Para entonces, el caso Ayotzinapa ya estaba atravesado por declaraciones incompatibles, partes administrativos con horarios distintos, omisiones institucionales y testimonios modificados. Una diferencia entre versiones requería establecer qué documento era verdadero y cuál era falso antes de atribuir deliberadamente una mentira a quien ya había sufrido tortura psicológica para obligarlo a declarar a modo.
Un expediente de acceso privilegiado
La verdadera noche de Iguala contiene numerosas referencias al material obtenido por su autora. Hernández afirma que accedió a 47 declaraciones ministeriales “sin censura” de personas detenidas por la PGR. También afirma que obtuvo las declaraciones de 34 militares del 27 Batallón de Infantería, incluido su comandante.
Dice haber recibido declaraciones de militares rendidas ante la PGR, videos completos del C4, dictámenes periciales y documentos internos de la Visitaduría General.
En otro pasaje señala que tuvo acceso al “Acuerdo de conclusión” relacionado con Tomás Zerón y el río San Juan y a las “Conclusiones preliminares” de una auditoría a la averiguación previa. La propia periodista afirma que esos documentos habían sido ocultados por la PGR y que todavía no eran conocidos públicamente. Para el capítulo de los policías federales utilizó documentos internos de la estación de Iguala y copias de declaraciones de los agentes.
Ese acceso privilegiado permite establecer el contexto en el que fabricó la imputación contra Emmanuel. Hernández no dependía de una conferencia de prensa ni de información fragmentaria publicada por terceros. Trabajaba con fuentes primarias del expediente, algunas sin censura y otras que ella misma describió como reservadas u ocultadas por la PGR.
Al llegar a la cronología final, las reservas desaparecen por completo.
Hernández afirma que el conductor del Estrella de Oro 1531 “identificó plenamente” a Colmenares y Emmanuel durante la desaparición de los estudiantes. Lo repite en entrevistas de youtuberos oficialistas.
Como sucedió en el caso Wallace, la acusación mediática llegó antes que la acusación penal y, años después, llevaría a Emmanuel al Cefereso #1, El Altiplano.
Sobre este episodio, Los Ángeles Press reconstruyó en tres entregas los interrogatorios, citatorios, procedimientos administrativos, peritajes, cadena de mando, bitácoras y documentos judiciales utilizados contra él.
La investigación mostró una selección de pruebas que cargó la responsabilidad sobre un suboficial y dejó fuera de una investigación equivalente a altos mandos, incluido Omar García Harfuch, de quien existen pruebas documentales de que mintió sobre su paradero esa noche de Iguala. Las pruebas lo ubican en la Base Vértice de Acapulco, en dos reuniones para emboscar a los estudiantes, mientras sostuvo que se encontraba en una diligencia en Michoacán. En ese momento era el coordinador de la Policía Federal en Guerrero.
El mecanismo resulta conocido para Los Ángeles Press. En el falso caso Wallace, víctimas de tortura también denunciaron que Anabel Hernández reprodujo acusaciones provenientes de la entonces PGR y las presentó públicamente como responsables de un secuestro cuya investigación estaba contaminada por tortura y fabricación de pruebas.
En 2020, George Khoury Layón y César Freyre Morales le escribieron desde prisión para exigir la rectificación de señalamientos que consideraban falsos.
En el caso Ayotzinapa, la construcción mediática de Anabel Hernández terminó recorriendo el mismo camino que el caso Wallace: las acusaciones fabricadas desde el aparato de justicia, una versión sin sustento material se volvió verdad pública en los medios, sobrevivió durante años y desató la persecución penal contra Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe.
El nombre del expolicía federal que recién empezaba en la corporación quedó atrapado en esa red montada por el Estado con la voz de la autora de La verdadera noche de Iguala.
