Honduras enfrenta el reto de recibir a más deportados en medio de desempleo, violencia y limitada capacidad de atención institucional.
Itsmania Platero advierte que miles de hondureños quedaron expuestos a detenciones y deportaciones tras perder la protección migratoria en Estados Unidos.
Por Diego Gastélum
TEGUCIGALPA, Honduras.— La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos podría reducir en alrededor de 300 millones de dólares anuales el flujo de remesas hacia Honduras, en momentos en que organizaciones defensoras de migrantes advierten que el país carece de condiciones suficientes para recibir un aumento de deportados.
Jorge Enríquez, investigador financiero del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), estimó en 310 millones de dólares anuales las remesas asociadas a hondureños beneficiarios del TPS. César Ramos, de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), calculó por separado un flujo superior a los 300 millones de dólares anuales.
La defensora de derechos humanos Itsmania Platero advirtió que la terminación del programa dejó a miles de hondureños en una situación de mayor vulnerabilidad migratoria y pidió al gobierno del presidente Nasry Asfura prepararse ante un posible incremento de las deportaciones.
““No hay prórroga, quedaron en completa indefensión, pueden ser detenidos en las redadas”, afirmó Platero a medios de comunicación locales.
Según la defensora, unas 41 mil familias resultaron afectadas directamente por la pérdida de la protección. Las fuentes estadounidenses hablan de aproximadamente 51 mil beneficiarios hondureños del TPS.
El TPS para Honduras terminó el 8 de septiembre de 2025, después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciara la cancelación de la designación. USCIS registra esa fecha como el término de la protección y de los beneficios asociados al programa.
Durante más de dos décadas, el TPS permitió a miles de hondureños permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos después de que el programa fuera concedido tras la devastación provocada por el huracán Mitch.
Platero sostuvo que esas familias han trabajado durante años en Estados Unidos y forman parte de la actividad económica de ese país.
“Es una lucha de más de 20 años. Han invertido su sudor, esfuerzo, son parte del motor que mueve la economía en Estados Unidos”, señaló.
Algunos de los afectados, explicó, han solicitado asilo político o presentado solicitudes fuera del plazo ordinario, mientras otros mantienen trámites relacionados con parole, residencia permanente u otras alternativas migratorias.
“Otros ya se acogieron a programas como el tema del asilo político, el tema del asilo tardío; algunos están en el tema del parole, otros están en trámites de la residencia”, dijo.
La terminación del TPS no implica que todos sus antiguos beneficiarios sean deportados automáticamente. La situación depende de cada caso y de la existencia de otras solicitudes, protecciones o procedimientos migratorios pendientes.
Platero recomendó a los hondureños buscar asesoría jurídica y evitar decisiones precipitadas.
“Que no se desanimen, que no vayan a actuar bruscamente y que tengan cuidado”, expresó.
Honduras enfrenta un aumento de retornados
El fin del TPS coincide con un incremento de hondureños retornados desde Estados Unidos.
Hasta el 31 de julio de 2026, Honduras había registrado 29,444 ciudadanos retornados, de acuerdo con cifras difundidas a partir de registros migratorios. La Comisión de Acción Social Menonita señaló posteriormente que más de 45 mil hondureños habían retornado hasta el 12 de agosto, además de unas 24 mil personas que habrían regresado voluntariamente por sus propios medios.
Platero afirmó además que algunos deportados han sido asesinados después de regresar a Honduras y que existen casos de personas cuyo paradero se desconoce. Estas afirmaciones requieren ser contrastadas individualmente con registros policiales y migratorios.
La defensora cuestionó la capacidad de Honduras para responder a un eventual incremento de retornados y describió la situación como una crisis humanitaria.
“Honduras está en una crisis humanitaria histórica”, afirmó.
Señaló como problemas principales la falta de agua, el desempleo, las deficiencias en el sistema de salud y el aumento de distintas formas de criminalidad.
“No hay agua, no hay trabajo, hay un aumento tan grande de la criminalidad y no vemos el accionar del ministro de Defensa”, sostuvo.
También reclamó mayores acciones contra el narcotráfico, la trata de personas, el abuso infantil, la corrupción y la impunidad, problemas que, a su juicio, agravan las condiciones que enfrentarían los hondureños obligados a regresar.
Platero pide intervención directa de Asfura
La defensora consideró que el presidente Nasry Asfura, quien asumió el gobierno de Honduras el 27 de enero de 2026, todavía puede buscar una negociación directa con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación de los hondureños afectados.
Platero pidió evitar el pánico porque, afirmó, todavía pueden existir alternativas migratorias individuales y posibilidades de gestión diplomática.
También cuestionó los programas anunciados para recibir y reintegrar a los hondureños deportados. Señaló que sigue pendiente aclarar el destino de recursos destinados a programas como “Hermano, vuelve a casa” y reclamó información sobre los mecanismos de protección a víctimas de violencia.
En el caso de los menores retornados, Platero aseguró que la capacidad institucional para recibirlos es limitada y pidió al gobierno ampliar los mecanismos de atención antes de que aumenten las deportaciones.
La preocupación económica se suma a la capacidad de recepción. El Fosdeh calcula que los beneficiarios hondureños del TPS enviaron durante 2025 aproximadamente 310 millones de dólares en remesas, con un rango estimado de entre 250 y 370 millones. Una reducción de esos recursos afectaría principalmente a los hogares que dependen de los ingresos enviados desde Estados Unidos.
Para Platero, el gobierno hondureño debe asumir la situación migratoria como una prioridad y buscar directamente con Washington alternativas para los compatriotas que durante más de dos décadas construyeron su vida en Estados Unidos.
“Es momento de que el presidente Asfura se juegue la última carta y demuestre que no es cierto que Honduras es un país seguro y millonario. Para ello debe tener empatía por los compatriotas en el extranjero”, concluyó.
