Guadalupe Lizárraga Viernes, 26 de Junio del 2026, 00:55
Anabel Hernández queda bajo reclamo documentado por víctimas del caso Wallace y Ayotzinapa en la ciudad de Lund, Suecia.
George Khoury, César Freyre y Emmanuel de la Cruz piden retirar a la periodista de una exposición de derechos humanos por acusaciones falsas que derivaron en torturas y prisión injusta.
Por Guadalupe Lizárraga
La exposición sueca We Have A Dream — 10 years, inaugurada el 5 de junio de 2026 en Lund, Suecia, se presenta como una muestra pública sobre derechos humanos, coraje y compasión. En su entrada plantea una pregunta directa:
“¿Cuánto estás dispuesto a soportar por tus propios derechos y por los derechos de los demás?”
Desde México, esa pregunta tiene nombres, expedientes y cuerpos marcados por la tortura.
George Khoury Layón, César Freyre Morales y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe forman parte de investigaciones documentadas durante años por Los Ángeles Press. Los expedientes que los involucran fueron construidos con pruebas fabricadas por autoridades mexicanas. Los tres denunciaron tortura, prisión arbitraria, vigilancia y procesos de criminalización pública.
La investigación de Los Ángeles Press documentó además que Anabel Hernández reprodujo y dio legitimidad a esas acusaciones en sus libros, sustentadas en expedientes fabricados por la entonces Procuraduría General de la República.
La exposición presenta a Hernández como una figura vinculada a la defensa de los derechos humanos y utiliza Narcoland, edición en inglés de Los señores del narco, como parte de su perfil internacional. Ese mismo libro contiene acusaciones contra víctimas de tortura y fabricación de culpables.
Promoción de "Narcoland", el libro de Anabel Hernández en la ciudad de Lund, Suecia, dentro de la exposición We Have a Dream. Foto: especial
En su libro Narcoland, Hernández acusó en 2010 a George Khoury y César Freyre de participar en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Los Ángeles Press ha documentado desde 2014 que ese expediente fue fabricado desde el Estado en 2005, con torturas, detenciones arbitrarias, pruebas sembradas y una versión pública diseñada para presentar a personas inocentes como culpables.
Esa operación utilizó como acusadora a Isabel Miranda Torres, madre de la supuesta víctima, a quien se le facilitaron recursos económicos y políticos para convertir el secuestro en tema prioritario de la agenda pública durante el gobierno de Felipe Calderón y bajo el proyecto de seguridad encabezado por Genaro García Luna.
Khoury fue sentenciado a 20 años de prisión. Desde Los Ángeles Press hemos documentado cuatro eventos de tortura, con descargas eléctricas, golpes y asfixia, tanto durante su detención del 2 de septiembre de 2009 como dentro de los Ceferesos a los que ha sido trasladado de manera arbitraria.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU pidió su libertad inmediata en 2017, después de investigar su caso. Aun así, continúa preso. En dos ocasiones le han negado la preliberación, pese a haber cumplido el 80 por ciento de la condena.
César Freyre fue sentenciado a 131 años de cárcel. En su Protocolo de Estambul se documentan diez eventos de tortura para obligarlo a incriminarse e incriminar a sus coprocesados. Su madre, María Rosa Morales, y su hermana, Julieta Freyre, fueron encarceladas durante año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla como presión para forzarlo a declararse culpable.
Tras cuatro años de resistencia, Freyre aceptó inculparse después de la tortura del 2 de octubre de 2010, un mes antes de que Anabel Hernández presentara su libro, donde lo acusó de ser el secuestrador de Hugo Alberto Wallace. Veinte días después volvió a ser torturado para que ratificara su supuesta culpabilidad. Esa misma noche le informaron que su hermana había fallecido.
Su madre murió en 2022. Tampoco le permitieron asistir a su funeral.
En 2020, Khoury y Freyre escribieron a Anabel Hernández desde prisión para pedirle que retirara las acusaciones falsas y reconociera que la información publicada provenía de la extinta PGR. Ninguno fue escuchado.
El tercer expediente señalado por Los Ángeles Press corresponde al caso Ayotzinapa.
Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, ex policía federal, fue acusado sin prueba material directa ni testimonio que lo vinculara con la desaparición de los 43 normalistas. Pasó más de tres años en prisión preventiva en el Cefereso No. 1, El Altiplano, Estado de México, y actualmente permanece bajo arraigo domiciliario y vigilancia de la Guardia Nacional.
Anabel Hernández acudió a los medios para sostener públicamente su culpabilidad. Como ocurrió en el caso Wallace, contribuyó a consolidar una acusación pública que destruyó la vida de Emmanuel de la Cruz y la de su familia.
Los Ángeles Press documentó contradicciones, rutas falsas, exclusión de mandos en las denuncias y uso selectivo de pruebas en el expediente Ayotzinapa analizado en el Informe Pascal. También documentó la coacción ejercida contra Pérez Arizpe por Ángela Buitrago, jueza colombiana e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que analizó los expedientes de la desaparición de los estudiantes.
Emmanuel escribió también a los organizadores de We Have A Dream desde su actual condición de restricción judicial. En su carta afirmó que Anabel Hernández ayudó al Estado mexicano a construir una narrativa de culpabilidad en su contra, sin evidencia que lo vinculara con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Su carta pide revisar la ética de presentar como defensora de derechos humanos a una periodista cuyas publicaciones ayudaron a criminalizar a personas inocentes y a destruir familias.
Por esa razón, Los Ángeles Press envió a los organizadores de We Have A Dream, Albert Wiking y Oscar Edlund, una solicitud formal para retirar a Anabel Hernández de la exposición. La petición fue acompañada de cartas manuscritas de las víctimas, traducciones al inglés, registros judiciales, peritajes, resoluciones y reportajes de mi investigación, que data de 2014 a 2024, además de la serie El falso caso Wallace, compuesta por cuatro libros de no ficción sobre la fabricación de delitos, las violaciones graves y la persecución contra las víctimas y sus familiares.
Anabel Hernández ha sido presentada internacionalmente como una periodista que desafió al poder criminal y político en México. Esa imagen omite el daño que sus publicaciones causaron a personas afectadas por casos construidos desde el propio Estado para simular eficiencia policial.
Khoury lleva 17 años privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad. Ha denunciado cuatro eventos de tortura con toques eléctricos, golpes y asfixia, además de aislamiento disciplinario por escribir cartas a medios de comunicación e instancias de derechos humanos sobre su caso. A esa violencia se suma la estigmatización pública y la permanencia de acusaciones falsas en un libro que se vende internacionalmente para honrar a quien él señala como parte de sus victimarios.
Freyre ha permanecido dos décadas en prisión. Su expediente registra diez eventos de tortura, el encarcelamiento de su madre y su hermana, la muerte de ambas sin que pudiera asistir a sus funerales, y el síndrome de Raynaud como secuela de las torturas.
George Khoury, César Freyre y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe llegan a Suecia con cartas, expedientes, peritajes, resoluciones y años de vida marcados por la violencia del Estado mexicano. Esa violencia no terminó en los interrogatorios, las cárceles ni los juzgados: también se sostuvo en relatos públicos como los difundidos por Anabel Hernández, hoy homenajeada en Lund como activista de derechos humanos.
Suecia no está obligada a conocer estos expedientes judiciales corrompidos en México. Una exposición que habla de derechos humanos, en cambio, tiene una obligación ética mínima cuando recibe una petición directa de quienes fueron señalados como culpables: escuchar, revisar y responder.
Los organizadores de We Have A Dream recibieron una solicitud formal de retiro acompañada de cartas, peritajes, resoluciones judiciales y reportajes de Los Ángeles Press.
Hasta el momento de publicar este artículo, no habían respondido.
La pregunta de la exposición vuelve entonces a su punto de origen:
“How much are you willing to endure for your own rights — and for the rights of others?”
En México, las víctimas de Anabel Hernández han soportado tortura, prisión, vigilancia, acusaciones falsas y años de abandono institucional.
Ahora, el silencio viene de Suecia.
