Antonio Barragán lleva más de 25 años privado de la libertad, mientras la investigación por tortura sigue abierta y sin responsables.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Organización Campesina de la Sierra del Sur denunciaron que el Estado mexicano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerrar el caso de Antonio Barragán Carrasco, pese a que en su propio informe reconoce peritajes oficiales que documentan tortura, una investigación penal estancada desde 2019 y un proceso de más de 24 años sin sentencia definitiva.
Las organizaciones, representantes de Barragán Carrasco ante la CIDH, sostienen que la respuesta enviada por el Estado en la petición P-587-25 confirma, con información oficial, graves violaciones a sus derechos humanos. El documento, fechado el 28 de septiembre de 2026, admite que los peritos de la Guardia Nacional encontraron correlación entre los métodos de tortura denunciados y las lesiones y secuelas identificadas en Barragán Carrasco. Aun así, la representación del Estado solicitó declarar inadmisible la petición.
La CIDH notificó el 5 de noviembre que, tras recibir la respuesta estatal, el expediente quedó listo para que la Comisión se pronuncie sobre su admisibilidad. Barragán Carrasco fue detenido el 22 de septiembre de 2001 y lleva más de 25 años privado de la libertad.
Peritajes oficiales documentan la tortura
El informe estatal reconoce tres antecedentes oficiales que respaldan la denuncia de tortura.
El primero es un dictamen médico-psicológico elaborado por la Guardia Nacional el 6 de julio de 2023 conforme al Protocolo de Estambul. El estudio encontró correlación entre los métodos de tortura descritos por Barragán Carrasco y las consecuencias físicas observadas, además de síntomas agudos asociados con su detención y secuelas emocionales clínicamente identificables.
El segundo corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que el 17 de junio de 2024 emitió una recomendación sustentada en peritajes médicos y psicológicos en la que tuvo por acreditadas diversas violaciones a sus derechos humanos y ordenó dar vista al juez de ejecución con efectos de solicitud de amnistía.
El tercero es una resolución de un Tribunal Colegiado federal del 30 de noviembre de 2018, que determinó que la condena se había sustentado parcialmente en declaraciones ministeriales que Barragán Carrasco y su coimputado denunciaron como obtenidas bajo tortura, y ordenó investigar esos hechos de oficio.
Frente a esos elementos, el Estado se apoya también en una “fe de integridad física” levantada el 28 de septiembre de 2001 por un agente del Ministerio Público, que no registró lesiones visibles. La petición, sin embargo, cita un certificado médico elaborado en Ensenada que documentó quemaduras por descargas eléctricas.
El Estado argumenta además que en 2001 no se aplicó el Protocolo de Estambul porque su mecanismo institucional fue creado en 2003. Las organizaciones señalan que la obligación de investigar la tortura ya era exigible, pues la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura está vigente para México desde 1987.
Investigación por tortura sigue sin resolución
La denuncia penal por tortura fue presentada ante la Fiscalía General de la República en agosto de 2019. Tras una declinación de competencia, el expediente quedó radicado en la Fiscalía General del Estado de Morelos el 14 de noviembre de ese año, bajo la carpeta SC01/10766/2019.
Según el propio Estado, al 30 de enero de 2026 la carpeta seguía “en etapa de investigación e integración”, con diligencias pendientes y sin una determinación de fondo. Para ese momento habían transcurrido más de seis años desde que se abrió la investigación y casi un cuarto de siglo desde los hechos denunciados.
El Estado utiliza precisamente la existencia de esa investigación abierta para pedir que la CIDH declare inadmisible la petición. La Red Solidaria y la Organización Campesina de la Sierra del Sur sostienen que ese retraso constituye, por el contrario, una violación al derecho a la protección judicial y que la Convención Americana permite exceptuar el agotamiento de recursos internos cuando existe retardo injustificado.
Barragán Carrasco denunció la tortura desde el inicio del proceso. El 4 de enero de 2002 presentó una queja ante la Comisión estatal de Morelos, apenas tres meses después de su detención.
Más de 24 años sin sentencia definitiva
Antonio Barragán Carrasco fue detenido el 22 de septiembre de 2001 en San Quintín, Baja California, y puesto a disposición de un juez de Morelos hasta el 24 de septiembre. La petición señala que en su detención y traslado participó un particular junto con policías, un punto sobre el cual el informe estatal no se pronuncia.
En la causa penal 706/2016-2, antes 140/2001-2, el auto de formal prisión fue dictado el 11 de marzo de 2002. A la fecha del informe presentado por el Estado ante la CIDH, el proceso continuaba sin sentencia definitiva.
El propio juzgado dejó constancia en febrero de 2014 de que la instrucción llevaba ya 11 años y diez meses sin sentencia. Posteriormente, un Tribunal Colegiado reconoció un periodo de “inactividad absoluta” del juzgado de primera instancia.
La cronología incluida en el boletín muestra que Barragán Carrasco recibió una primera sentencia de 70 años de prisión en julio de 2014, reducida después a 33 años en apelación. En noviembre de 2018 obtuvo un amparo por la falta de investigación de la tortura y, en febrero de 2019, se revocó la sentencia y se ordenó reponer el procedimiento para investigar esos hechos.
Tras la reposición se practicaron dictámenes psicológicos y forenses entre 2020 y 2023. El informe estatal reconoce que, para el 28 de septiembre de 2026, la sentencia seguía pendiente.
CIDH deberá decidir si admite el caso
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Organización Campesina de la Sierra del Sur solicitaron a la CIDH admitir la petición P-587-25 por posibles violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad, garantías judiciales, igualdad y protección judicial.
También pidieron que se reconozca que el retraso injustificado en la investigación de la tortura exime del agotamiento de los recursos internos.
Las organizaciones exigieron además al Estado mexicano concluir la investigación por tortura y llevar ante la justicia a los responsables, dictar sentencia en la causa 706/2016-2 sin valorar pruebas obtenidas bajo tortura, cumplir íntegramente la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en 2024 y revisar las condenas sustentadas en declaraciones cuya obtención bajo tortura nunca fue investigada.
Ante la CIDH, el Estado mexicano reconoce peritajes oficiales que respaldan la denuncia de tortura y una investigación abierta desde 2019 sin resolución, pero pide declarar inadmisible la petición de Barragán Carrasco.
