Guadalupe Lizárraga Viernes, 25 de Septiembre del 2026, 01:04
Antonio Barragán permanece preso en Atlacholoaya con un expediente marcado por tortura acreditada, pruebas que contradicen la acusación y omisiones del Estado mexicano.
Por Guadalupe Lizárraga
Antonio Barragán Carrasco cumplió 25 años privado de la libertad. Su historia carcelaria comenzó el 22 de septiembre de 2001 en San Quintín, Baja California, donde trabajaba como jornalero agrícola después de haber sido desplazado de Guerrero por la violencia posterior a la masacre de Aguas Blancas. Ese día, Eduardo Gallo y Tello llegó acompañado del policía de investigación de Morelos Rey David Gutiérrez Flores, lo detuvo de manera arbitraria y comenzó una serie de torturas que se repetirían en cinco ocasiones. Barragán fue obligado a incriminarse en el secuestro y homicidio de Paola Gallo Delgado y en los homicidios de los hombres señalados como sus secuestradores. Desde entonces permanece preso en Atlacholoaya, Morelos.
Barragán pertenecía a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). La persecución contra sus integrantes después de Aguas Blancas provocó asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y el desplazamiento de familias enteras. Antonio salió de Guerrero con su esposa y sus hijos y reconstruyó su vida en el campo bajacaliforniano. Años después, su parentesco con Anselmo Hernández Benítez, señalado como uno de los responsables del secuestro de la hija de Gallo, lo convirtió en objetivo de Eduardo Gallo.
La detención ocurrió fuera de los cauces judiciales. Gallo torturó a Antonio frente a uno de sus hijos, le quitó el dinero que acababa de recibir por su jornada de trabajo y lo amenazó con matar a sus hijos y violar a su hija de 16 años si no aceptaba responsabilizarse de los homicidios. Antonio y su hijo fueron obligados a permanecer de rodillas, con las manos en la nuca, durante el interrogatorio.
Las agresiones continuaron durante el traslado. El examen médico practicado en Ensenada registró ámpulas y quemaduras provocadas por descargas eléctricas. Gallo y Rey David Gutiérrez Flores le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, lo golpearon y posteriormente lo llevaron esposado en un vuelo comercial hacia Ciudad de México para trasladarlo después a Morelos.
Los peritajes incorporados al expediente determinaron que Antonio Barragán no había disparado armas. El testimonio de Rolando Gómez Corona, uno de los hombres vinculados con el secuestro que logró escapar del lugar donde fueron ejecutados Neftalí Lima Hernández, Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera, aportó otro elemento que contradijo la acusación. Gómez Corona declaró que en el sitio había 16 hombres armados, vestidos de negro y acompañados por perros. La investigación de Los Ángeles Press documentó que se trataba del comando de la AFI movilizado bajo la estructura encabezada por Genaro García Luna para apoyar a Eduardo Gallo. Pese a esas pruebas, Barragán fue acusado de las ejecuciones con base en declaraciones obtenidas bajo tortura.
Eduardo Gallo reconoció su participación personal en la localización y detención de Antonio. En su libro Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta, publicado en 2002, escribió que había “logrado la aprehensión” de Barragán y relató las gestiones realizadas para localizarlo. Años después, cuando Los Ángeles Press hizo públicas las torturas, Gallo negó los hechos y exigió pruebas de su participación. Su propio relato y las actuaciones incorporadas al expediente mostraban que había intervenido directamente en una investigación penal sin tener carácter de autoridad.
Gallo contó además con el respaldo de la estructura federal encabezada entonces por Genaro García Luna en la Policía Federal Preventiva. Un parte policial del 21 de julio de 2000 consignó que García Luna proporcionó la aeronave PF-203 y personal de la corporación para un operativo relacionado con el caso Paola Gallo. Cuando Barragán fue privado de la libertad un año después, García Luna encabezaba ya la Agencia Federal de Investigación.
Ese respaldo institucional permitió a Gallo participar en detenciones, interrogatorios y diligencias que después fueron incorporadas al proceso penal. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito examinó estas irregularidades al resolver el amparo directo DP 114/2018. La sentencia describió la intervención de un civil que había tomado el control de la investigación, encabezado operativos, participado en detenciones e interrogado a personas cuyas declaraciones fueron después convalidadas por policías y agentes del Ministerio Público.
Las torturas contra Antonio continuaron dentro del penal de Atlacholoaya. El entonces director, Jesús Sebastián Inzunza Gutiérrez, permitió a Gallo entrar al centro penitenciario durante varios días para seguir golpeándolo. Testigos declararon posteriormente que Antonio fue sacado de una visita íntima y regresó con señales de severo maltrato. Después permaneció un año y tres meses aislado en una celda de castigo.
Durante años, Barragán exigió que las torturas fueran investigadas y solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul. El tribunal federal ordenó reponer el procedimiento e investigar de oficio los hechos. El protocolo siguió retrasándose hasta 2020, cuando finalmente fue practicado y confirmó la tortura.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), presidida por Adrián Ramírez López, ha acompañado el caso durante más de dos décadas. En 2020, la organización denunció que habían transcurrido casi 19 años sin una investigación efectiva de la tortura ni la aplicación del Protocolo de Estambul. Ramírez López explicó también a Los Ángeles Press que desde 2012 la defensa había solicitado identificar a los pasajeros de los vuelos comerciales que salieron de Tijuana hacia Ciudad de México el 22 de septiembre de 2001, para acreditar documentalmente que Eduardo Gallo y Rey David Gutiérrez Flores viajaron con Antonio. El juez se negó a solicitar esa información.
El 13 de enero de 2015, Antonio recibió una condena de 33 años por homicidio calificado y asociación delictuosa dentro de uno de los procesos abiertos en su contra. Las distintas causas acumularon delitos y condenas sustentadas en declaraciones obtenidas bajo tortura, pese a los peritajes que descartaron que hubiera disparado un arma y a las irregularidades que más tarde fueron examinadas por el tribunal federal.
El caso de Antonio llegó en 2018 al Foro de Fabricación de Culpables de la Cámara de Diputados. En 2021 fue presentado ante la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación y en 2023 llegó al Senado de la República con el acompañamiento de Nestora Salgado. Ninguna de esas gestiones modificó su situación jurídica.
La entonces senadora visitó a Barragán en Atlacholoaya el 24 de noviembre de 2023 y tres días después solicitó una audiencia con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para revisar su expediente junto con otros casos de personas injustamente presas.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad llevaron después el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición P-587-25 fue presentada el 24 de marzo de 2025 por detención arbitraria, tortura y prisión preventiva prolongada. La CIDH notificó al Estado mexicano el 9 de septiembre de ese año y le concedió cuatro meses para responder.
El plazo venció el 9 de enero de 2026 sin que el gobierno mexicano enviara sus observaciones. En marzo, la CIDH confirmó a los representantes de Antonio que seguía sin recibir respuesta y reiteró el requerimiento a las autoridades mexicanas. La falta de contestación permitió que el análisis continuara con las pruebas presentadas por la parte denunciante.
Antonio Barragán tiene hoy 25 años encerrado por un expediente construido con declaraciones obtenidas bajo tortura, pese a los peritajes que establecieron que no disparó armas y a una resolución federal que documentó la intervención irregular de Eduardo Gallo en la investigación criminal. El Estado mexicano recibió también la denuncia ante la CIDH y dejó vencer su plazo sin responder.
Después de 25 años en la cárcel de Atlacholoaya, Antonio sigue esperando justicia y libertad.
