Guadalupe Lizárraga Martes, 10 de Noviembre del 2026, 00:05
La rectora Yarabí Ávila González denuncia represalias políticas contra la Universidad Michoacana por exigir mayor presupuesto y defender su autonomía.
Por Guadalupe Lizárraga
SUR DE CALIFORNIA.— La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, acusó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de intervenir políticamente en la sucesión rectoral mediante el Congreso de Michoacán, al que señaló de actuar bajo las indicaciones del Ejecutivo estatal para modificar el procedimiento de elección de las autoridades universitarias.
En entrevista exclusiva con Los Ángeles Press, denunció que el Poder Legislativo estatal modificó la Ley Orgánica de la Universidad para aplazar hasta 2031 la participación de la comunidad universitaria, integrada por unos 60 mil estudiantes y 7 mil trabajadores, en la elección de su máxima autoridad. La decisión, sostuvo, representa una regresión en los derechos conquistados por la institución y una intromisión del poder político en su autonomía.
“El Congreso dio un albazo a la Universidad Michoacana, eliminando un elemento importante de nuestra Ley Orgánica, que es la democratización, y lo hizo sin preguntar a la comunidad”, declaró.
Ávila vinculó esta decisión con una serie de acciones que considera represalias contra su administración por exigir mayores recursos presupuestarios y defender la autonomía universitaria. Entre ellas denunció tres procedimientos de juicio político en su contra, resoluciones judiciales desfavorables a la institución y el cumplimiento de obligaciones económicas contraídas durante administraciones anteriores.
“Soy la persona que tiene más juicios políticos en la historia del Congreso del estado sin tener una fundamentación y sin tener los elementos para poderlo hacer”, cuestionó.
La rectora también señaló la contradicción política de que en Michoacán, gobernado por Morena, se haya promovido la elección popular de jueces y magistrados como un avance democrático, al tiempo que el Congreso aplaza hasta 2031 la participación de la comunidad universitaria en la elección de su rector o rectora.
“Llevamos 108 años buscando la democracia, precisamente del voto de la comunidad universitaria”, expresó Ávila, quien recordó que la institución cumple 109 años de existencia y que la lucha por la participación de su comunidad forma parte de una larga trayectoria de movimientos universitarios.
Para la rectora, la reforma legislativa vulnera el principio de progresividad de los derechos, que exige avanzar en su reconocimiento y protección. Comparó esta conquista universitaria con el derecho al sufragio de las mujeres, al considerar que una vez reconocido un derecho de participación democrática, su ejercicio no debería retroceder.
“Nosotros lo que buscamos es el derecho a votar y ser votado. Que la comunidad tenga esta oportunidad de defender la democracia como un derecho, no como una concesión. Es un derecho”, afirmó.
El gobernador, señalado por injerencia política en la Universidad
Yarabí Ávila atribuyó directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la intervención del Congreso en el procedimiento de sucesión rectoral y cuestionó la división de poderes en Michoacán, al considerar que las decisiones legislativas responden a instrucciones del Ejecutivo.
La rectora sostuvo que las modificaciones a la legislación universitaria debieron pasar por la consulta a la comunidad y a sus órganos de gobierno. En particular, defendió las atribuciones del Consejo Universitario como máxima instancia de decisión interna, cuya participación, aseguró, fue ignorada por los legisladores.
“Solamente es atribución de nuestra universidad y para ser modificada se requiere ser consultada la comunidad”, expresó al referirse a los cambios en la Ley Orgánica.
En su crítica a la actuación de las autoridades estatales, Ávila llegó a calificar el régimen instaurado en Michoacán como uno de “corte fascista”, al denunciar que el Congreso actuó bajo el mandato del gobernador para alterar las disposiciones que regulan el gobierno universitario.
“Desde este punto, a mí me parece que el Congreso, bajo el mandato del gobernador constitucional acá en el estado de Michoacán, ha instaurado un régimen que pudiéramos decir de corte fascista”, declaró.
La rectora advirtió que la intervención legislativa puede sentar un precedente para otras universidades públicas autónomas del país, cuyos mecanismos de gobierno podrían quedar sujetos a decisiones de mayorías políticas ajenas a sus comunidades.
“Hoy es la Universidad Michoacana, pero el día de mañana puede ser precisamente otras decisiones que afecten a todas las comunidades de las universidades en nuestro país”, señaló.
Tres juicios políticos y represalias por exigir presupuesto
Ante la pregunta de Los Ángeles Press sobre qué hechos sustentaban sus acusaciones contra Ramírez Bedolla, Ávila describió una serie de procedimientos políticos y resoluciones judiciales que, afirmó, han afectado a la Universidad Michoacana después de que su administración exigiera mayores recursos presupuestarios y respeto a la legislación universitaria.
“No es coincidencia que los poderes siempre resuelvan en contra de la Universidad Michoacana”, sostuvo.
“No es coincidencia que cuando la rectora levanta la voz para solicitar el presupuesto pleno para la universidad y la no reducción, no es coincidencia que cuando la rectora levanta la voz para exigir la democracia y el respeto a la Ley Orgánica de nuestra universidad, de manera inmediata la rectora tenga tres juicios políticos en el Congreso del estado”, denunció.
También expuso las consecuencias económicas de resoluciones que han obligado a la institución a cubrir obligaciones de administraciones anteriores, entre ellas un pago millonario a un proveedor por una deuda de más de dos décadas.
“Te pongo un ejemplo: hace más o menos un mes nos tocó pagar 25 millones de pesos de un proveedor de hace 23 años. Entonces, de manera mágica, resulta que vienen pagos hacia la Universidad. Ésas son las revanchas de levantar la voz, son las revanchas de hablar”, expresó.
Para la rectora, estas decisiones forman parte de las presiones que enfrenta la institución cuando cuestiona a las autoridades estatales. Aseguró que los recursos legales promovidos por la Universidad también han recibido resoluciones adversas, situación que relacionó con sus críticas al gobierno.
La Universidad Michoacana, un espacio de interés para los grupos políticos
Yarabí Ávila situó la disputa por la sucesión rectoral en el contexto de las elecciones de 2027, cuando Michoacán renovará la gubernatura. Explicó que el Consejo Universitario había decidido aplazar el procedimiento de elección de rector o rectora hasta después de los comicios estatales, con el propósito de impedir que las campañas y los intereses partidistas interfirieran en la vida universitaria.
“Eso lo que implica es que las universidades no fueran cautivas de los actores políticos para su bien común, para lograr sus objetivos”, explicó.
La rectora consideró que la coincidencia de ambos procesos electorales podría someter a la comunidad universitaria a mayores presiones políticas, particularmente ante la posibilidad de compromisos e intercambios de favores entre grupos interesados en influir en la designación de las próximas autoridades.
“La Universidad Michoacana es un coto de poder muy interesante que puede ser aprovechado para muchas personas”, declaró.
Ávila advirtió que esas negociaciones podrían comprometer la toma de decisiones y la estabilidad de la institución, cuya vida académica y administrativa, sostuvo, requiere mantenerse al margen de los intereses de quienes disputan el gobierno estatal.
Distingue entre Morena y los funcionarios estatales
Al preguntarle qué grupos políticos podrían beneficiarse de la reforma legislativa, la rectora precisó que sus señalamientos no estaban dirigidos a Morena en su conjunto, pues su administración mantiene una relación de colaboración con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
“Me parece que el gobernador del estado pertenece a este grupo. Sin embargo, voy a señalar que desde la Federación nosotros hemos trabajado en equipo con la presidenta de la República, con este Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y con el secretario de Educación, donde hemos implementado muchas acciones en divulgación de la ciencia, en la promoción de la cultura y el deporte. Recibimos apoyo para el pago puntual de los sueldos y salarios”, expresó.
La rectora insistió en distinguir las relaciones de cooperación con las autoridades federales de las decisiones adoptadas por los funcionarios y dirigentes políticos de Michoacán, a quienes atribuye la intervención en los asuntos universitarios.
“Así es que no podríamos señalar específicamente que hablamos de Morena. Yo creo que más bien hablaríamos de personas específicas, como es el gobernador del estado, como es el presidente de este partido en Michoacán. Yo no puedo hablar de todo el país; hablo de lo que nos corresponde vivir actualmente”, precisó.
Ávila también cuestionó la participación de otras fuerzas políticas en la reforma y señaló que legisladores del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Acción Nacional intervinieron en la modificación de las disposiciones que regulaban la elección de la rectoría.
“En el Congreso del estado, también algunos diputados, de manera incisiva, dan indicaciones hacia el autoritarismo en la Universidad Michoacana. Así es que en este albazo que dieron a la Universidad Michoacana para eliminar la democratización, para eliminar las atribuciones que tiene el Consejo Universitario, participaron otros partidos políticos, como el PT, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Partido Acción Nacional”, declaró.
De acuerdo con su relato sobre la votación legislativa, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano respaldaron la posición universitaria, mientras que el Movimiento del Sombrero se abstuvo, una decisión que Ávila también consideró favorable para su causa.
“Entonces, podríamos señalar más bien a personas de este partido en el poder, no de manera generalizada a todo el poder”, concluyó al delimitar sus acusaciones contra los responsables políticos de la reforma.
Cerca de 300 amparos contra la reforma universitaria
La rectora anunció que integrantes de la comunidad universitaria preparan cerca de 300 demandas de amparo contra las modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso de Michoacán. Entre quienes promoverán los recursos mencionó a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos e integrantes del Consejo Universitario, interesados en defender el mecanismo de participación establecido en la Ley Orgánica.
Ávila explicó que la presentación de los amparos se encontraba pendiente debido a la suspensión de actividades en instalaciones del Poder Judicial durante los días anteriores a la entrevista, por lo que esperaban la reanudación del servicio para acudir ante los órganos competentes.
“Nosotros tenemos cerca de 300 amparos de estudiantes, algunos otros integrantes del Consejo Universitario, de docentes y administrativos, que se estarán presentando”, afirmó.
La rectora expresó su expectativa de que el Poder Judicial reconozca los derechos de participación de la comunidad y las atribuciones de los órganos de gobierno de la Universidad, aunque volvió a cuestionar las resoluciones recibidas en controversias anteriores.
“Cada uno de los amparos que hemos presentado ante los poderes correspondientes ha sido un fallo negativo”, sostuvo.
La sucesión rectoral del 8 de enero de 2027
El mandato de Yarabí Ávila concluirá el 8 de enero de 2027, fecha para la cual la Universidad Michoacana deberá resolver la sucesión de su máxima autoridad en medio de la controversia legislativa y de los recursos judiciales anunciados por su comunidad.
La rectora explicó que el Consejo Universitario tendrá que determinar las siguientes acciones institucionales de acuerdo con la normativa universitaria y las resoluciones que emita el Poder Judicial. También planteó la posibilidad de acudir a instancias federales para exponer el conflicto y defender la autonomía de la institución.
“Lo que haremos es establecer con el Consejo Universitario la siguiente estrategia para la elección de un rector o rectora de acuerdo a la normativa universitaria”, indicó.
Ávila expresó que lo deseable sería que el propio Congreso reconsiderara las modificaciones aprobadas, aunque manifestó pocas expectativas de que los legisladores rectifiquen su decisión. Por ello, sostuvo que la comunidad continuará utilizando las vías legales disponibles para defender su derecho a intervenir en la elección de sus autoridades.
Al concluir la entrevista, dirigió un mensaje a las familias michoacanas residentes en Estados Unidos y pidió su respaldo a la defensa de la autonomía universitaria. Retomó la comparación entre el derecho de participación de la comunidad y otras conquistas democráticas, particularmente el sufragio femenino, para explicar la importancia que atribuye a los derechos adquiridos.
“No estaríamos dispuestas nosotras como mujeres a permitir que el voto se nos cancelara. Entonces, ¿por qué permitiríamos que una institución educativa también pierda este derecho que fue ganado?”.
