SCJN: Ministro Arturo Zaldívar, denunciado por fomentar terrorismo laboral y privilegios en Defensoría Pública

* La Defensoría Pública se ha convertido en refugio de amigos

* Netzaí Sandoval Ballesteros, sin cumplir requisitos legales

* Terminan con derechos laborales de 10 o 15 años para no liquidar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, protege el terrorismo laboral en la Defensoría Pública Federal, donde su titular, Netzaí Sandoval Ballesteros, comete injusticias al rescindir contratos laborales sin justificación alguna. Los trabajadores pierden su antigüedad sin indemnización correspondiente por darle trabajo a sus compromisos personales y los de sus hermanos.

Según la queja de los trabajadores, la Comisión Substanciadora Única depende del Consejo de la Judicatura Federal, lo que convierte a la institución en juez y parte para resolver las demandas laborales dejando en la indefensión a los trabajadores a quienes se les resuelven sus demandas en sentido contrario.

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La misma Comisión se ha convertido en instrumento verdugo ya que, se presume, se tienen instrucciones del mismo magistrado presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal de resolver en contra todos los asuntos que presenten los trabajadores.

“Las resoluciones que se han emitido han sido contrarias a los intereses de los trabajadores que buscan justicia laboral y de la propia ley en la materia. Con ello, los demandantes quedan hundidos en las deudas adquiridas durante su tiempo de laborar en el Poder Judicial como son viviendas y bienes materiales familiares que pagaban cuando tenían la certeza salarial de su trabajo”.

Todo este tema de contrariedad se ha reflejado desde la llegada de Netzaí Sandoval Ballesteros, quien arribó al cargo de director general del Instituto de la Defensoría Federal gracias a los favores políticos del presidente de la Corte con los hermanos de éste, Irma Eréndira Sandoval, otrora poderosa secretaria de la Función Pública, y Pablo Amílcar Sandoval, exsuperdelegado y actualmente diputado federal en Guerrero.

Netzaí Sandoval, desde su arribo al poder, ha dado de baja a diversos directivos sin importar sus antigüedades ni mucho menos sus derechos laborales y ha abierto la puerta a sus amigos de parrandas y de aventuras personales, según la información de la denuncia.

“Los hermanos Sandoval Ballesteros son quienes extienden las recomendaciones para satisfacer sus favores políticos en la institución y eso ha demeritado el profesionalismo de la misma”.

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Los trabajadores del Instituto denunciaron que, gracias a esa dadivosidad del presidente del Poder Judicial, el organismo se ha convertido en un trampolín político donde se dan nombramientos sin que los personajes cuenten siquiera con el perfil profesional y sin hacer examen de oposición lo que da a pie que muchos renuncien por falta de oportunidad a conseguir espacios de más crecimiento laboral.

“El Instituto de la Defensoría Pública se había procurado que fuera un organismo para la gente del mismo quienes deberían ascender siguiendo los protocolos de exámenes de oposición y ahora todo eso ha cambiado porque quienes llegan son por amiguismo y compadrazgo y se presume por actos de dinero lo que ha demeritado su función profesional”.

Con infinidad de juicios laborales por despidos injustificados a nivel nacional, el Instituto Federal de la Defensoría Jurídica de la SCJN ha trastocado sus perfiles profesionales y se ha convertido en refugio de amigos íntimos de Netzaí Sandoval Ballesteros, denunciaron trabajadores de la institución.

De acuerdo con las quejas de empleados federales, le han pedido por todos los medios al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se asome al Instituto Federal de la Defensoría en donde los trabajadores han sido relegados por personal que no tiene perfiles académicos ni profesionales adecuados convirtiéndose en algo político y no jurídico.

Ante las recientes acusaciones de Isabel Miranda contra @ArturoZaldivarL por tráfico de influencias… ¿te has preguntado por qué el ministro es señalado de «pactar» con una víctima del #CasoWallace? 🤔 Aquí los detalles: https://t.co/9T2gR80KlH pic.twitter.com/UbNhl6XR7O

— Los Ángeles Press (@losangelespress) August 18, 2022

“Los directivos ofrecen a los compañeros cargos en el Poder Judicial federal a cambio de que renuncien a su antigüedad y luego de tres a seis meses son despedidos de manera injustificada. Aquel que no acepta las propuestas de dichos cargos se convierte en víctima automática del acoso y hostigamiento laboral en todos los sentidos. Los cambios de sede laboral son porque el servicio lo requiere, según lo justifican”.

Los problemas se repiten a nivel nacional en donde los trabajadores son cambiados de manera arbitraria de su sede laboral a otros estados del país y si reniegan al cambio sufren las consecuencias del hostigamiento y acoso laboral o simplemente les levantan actas administrativas inventando comisiones de irregularidades.

Por diversos medios, explican los trabadores, se le ha pedido al presidente de la SCJN su inmediata intervención para solucionar la problemática, pero prefiere estar al pendiente a las actividades del Palacio Nacional, como se ha publicado en diversos medios de comunicación.

“Es momento de que se quite la venda de los ojos que le ha puesto Netzaí Sandoval Ballesteros y voltee a ver que el Instituto Federal de Defensoría Pública, se ha vuelto una cueva de ladrones ya que se contrata a personal por amiguismo, donde personajes como Diego Roberto Tovar Sánchez y Rafael Robles Roa han hecho negocios con los puestos de altos mandos”.

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Denunciaron que se está dando de baja tramposamente a gente con conocimientos técnicos y jurídicos importantes para contratar a gente sin preparación, pisoteando los derechos de todos los oficiales administrativos.

“Es urgente que se realice una auditoría al Instituto Federal de Defensoría Pública y que Netzaí Sandoval explique por qué los nuevos defensores fueron contratados sin reunir el perfil sin hacer examen de oposición al igual que el personal administrativo y por qué se excluye a los oficiales administrativos quienes cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones de defensa. Exigimos que dejen de pisotear nuestros derechos laborales, no puede ser posible que se presuma en los medios de una protección a derechos humanos y se pisoteen a los de casa”.

Actualmente, el presidente de la SCJN ha declarado públicamente la elaboración de un documental sobre el caso del feminicida serial llamado “El monstruo de Atizapán” con un gasto de 10 millones de pesos lo que evidencia tirar el dinero en cosas innecesarias en lugar de resolver problemas internos en el Poder Judicial como el despido injustificado de los trabajadores.

Los trabajadores de la Defensoría aseguraron que es triste ver cómo sus compañeros de muchos años, de la noche a la mañana, salen derrotados y burlados en sus derechos de antigüedad laboral, además de sufrir discriminación y abusos que impiden el crecimiento laboral.

“Vemos con mucha tristeza que este gobierno ha permitido la destrucción de una institución tan noble y tan útil para la Nación. Eso lo sabe Arturo Zaldívar y lo ha permitido al hacerse de la vista gorda con los actos ilegales cometidos por el presidente del Instituto, Netzaí Sandoval Ballesteros”.

Esto lo sustenta el propio Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que, desde el pasado mes de abril, denunció que en las últimas semanas se han realizado despidos injustificados, hostigamiento laboral y cargas de trabajo por lo que anunció una serie de movilizaciones que comprenden marchas, mítines y actos de protesta en las dependencias.

El secretario general del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel, dijo que los cerca de 35 mil trabajadores que laboran en los circuitos judiciales del país -juzgados de distrito, tribunales de circuito y áreas administrativas-, acordaron iniciar la movilización para exigir a las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal, detener la política antilaboral que se vive al interior de esta institución.

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Fuente: sintesisdeguerrero.com.mx