En el caso de Rebeca Cebrecos las autoridades archivaron sus denuncias pese a acreditar anomalías en la investigación.
Por Jaime López
El 9 de julio de 2021, la periodista y abogada mexicana Rebeka Zebrekos promovió una denuncia contra José Miguel Castillo por incumplimiento de obligación alimentaria, así como por violencia hacia la hija de ambos.
Dicha denuncia quedó asentada en la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes con el número CI-FIDCANNA/A/UI-A-8/00185/08-2021 D01.
La agente del Ministerio Público encargada del caso percibió que la periodista también era víctima de agresiones, por lo que decidió hacer un desglose de la denuncia a la Fiscalía de Violencia Familiar.
A partir de ahí, la comunicadora ha enfrentado una serie de argucias e ilegalidades por parte de su expareja, quien presuntamente ha tratado de desacreditarla para echar abajo su batalla jurídica.
Rebeka señaló a esta casa editorial que el imputado corrompió a una agente del Ministerio Público para negarle el acceso a su carpeta de investigación y, además, manipuló los dictámenes psicológicos aplicados a su persona mediante la contratación de peritos privados que no eran servidores públicos.
La profesionista logró revocar la primera evaluación negativa en su contra y, en octubre de 2023, obtuvo un dictamen en Antropología Social con perspectiva de género que concluyó que su agresor cometió varias violencias hacia ella, por ejemplo, patrimonial, económica y verbal.
En la penúltima hoja del documento mencionado se incluyen las evaluaciones psicológicas que la servidora pública Rocío Estela López Orozco realizó a ella y a su hija en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Derivado de dichas evaluaciones, que analizaron la aptitud para ejercer guardia y custodia, se determinó que el imputado no tuviera convivencia con la menor de edad.
La periodista destacó que en la carpeta de investigación de su caso estaban las constancias del juicio de paternidad 113/2020, donde se acreditó el abandono de Castillo y la relación de este con su hija.
Igualmente, Rebeka ha demostrado las denuncias falsas que han armado en su contra, así como la naturaleza violenta de su agresor hacia otras exparejas.
Sostuvo que su carpeta por el delito de violencia familiar estaba en estudio de judicialización desde febrero de 2024 para ser enviada a un juez de control, pero de la nada se decidió archivarla de forma temporal.
Acusó que han ocultado los datos de prueba a su favor y dijo que la revictimizaron al negar la relación entre ella y su agresor bajo el argumento de que no vivían juntos en el mismo domicilio y, por tanto, "no hubo una vida en común".
Añadió que la misma agente del Ministerio Público que, de oficio, hizo el desglose de su caso a la Fiscalía de Violencia Familiar cambió su actuar y ahora la señala de no tener legitimidad para promover una denuncia.
Condenó que las autoridades hayan omitido la violencia que padeció su hija y manifestó que dejaron de lado el dictamen psicológico que le realizaron en el Centro de Justicia para la Mujer, en el que se acreditan las afectaciones sufridas.
Rebeka agregó que le han negado el acceso para revisar las actuaciones mediante las cuales se determinó archivar sus expedientes.
En ese sentido, mencionó que sus dos denuncias —la de obligación alimentaria y la de violencia familiar— fueron archivadas en la misma fecha, por lo que expresó su sospecha de que su agresor esté siendo respaldado por altos funcionarios y no únicamente por agentes del Ministerio Público.
Agregó que su expareja es abogado y sobrino de Jorge "Coco" Castillo Díaz, político vinculado con un exgobernador de Oaxaca acusado de desfalco.
A raíz de su caso, junto con otros que ha apoyado durante su trayectoria, Rebeka expresó que el sistema de justicia en México está diseñado para violentar a las víctimas y proteger a los agresores.
Indicó que hace falta una reforma profunda, no solo al Poder Judicial, sino también a las fiscalías de las 32 entidades federativas.
Fue el pasado 23 de diciembre cuando la profesionista compartió su caso de manera detallada en redes sociales, remarcando el influyentismo de su agresor y la indolencia de las personas a cargo de sus carpetas de investigación.
