Organización de derechos humanos denuncia la sustracción de menor y la violencia institucional contra madre e hija en Quintana Roo.
Los Ángeles Press
Ciudad de México. — La organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC) emitió un comunicado en el que denuncia graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de María del Pilar Iglesias López, asesora inmobiliaria de 42 años, y su hija menor Monserrat, sustraída y trasladada sin orden judicial del estado de Quintana Roo a Jalisco, con intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Según la información proporcionada por RSDCIAC —organización con estatus consultivo ante la OEA y el ECOSOC de la ONU—, María del Pilar es sobreviviente de violencia doméstica y habría sido víctima de un patrón de violencia vicaria ejercido por Ronnie Duval James, ciudadano estadounidense, quien no es el padre biológico ni legal de la menor.
Contexto de los hechos
La organización sostiene que la relación entre Iglesias López y James, iniciada en 2019 en Cancún, evolucionó hacia dinámicas de control, manipulación y violencia. En 2020, tras varios episodios de presunto maltrato y acciones ilegítimas —incluyendo internamientos forzados y vigilancia mediante GPS—, la madre se trasladó a Playa del Carmen con sus hijas para alejarse de su agresor.
El 20 de mayo de 2022, el DIF de Playa del Carmen habría intervenido en la escuela de la menor y trasladado a Monserrat sin que mediara orden judicial, entregándola posteriormente a Liliana Magdalena Iglesias López, hermana de la madre. María del Pilar fue llamada a declarar ese mismo día ante Fiscalía sin recibir explicaciones formales, y posteriormente se le notificó que su hija había sido trasladada a Guadalajara, situación que —según la organización— constituye una violación al debido proceso y al derecho de guarda y custodia.
A partir de ese momento, la madre perdió el contacto regular con su hija. Paralelamente, el 29 de mayo de 2022, María del Pilar fue internada sin consentimiento en un centro de rehabilitación, en condiciones que RSDCIAC califica como arbitrarias y sin sustento médico o legal. La custodia de este procedimiento fue firmada por su hermana, quien previamente había entregado también la custodia de la menor.
Falta de acceso a la justicia y dilación institucional
La organización documenta que, a lo largo de más de 18 meses, Pilar Iglesias ha realizado múltiples gestiones legales y administrativas sin obtener respuesta efectiva. A pesar de estar dispuesta a someterse a evaluaciones psicológicas y cumplir con requerimientos legales, las autoridades del DIF le han negado el acceso a su expediente completo, a los resultados de las pruebas realizadas, y no han garantizado un proceso con perspectiva de género.
A ello se suma la existencia de una carpeta de investigación en Quintana Roo que, según la defensa de Iglesias, no ha sido judicializada y no contiene elementos que sustenten la generación de violencia por parte de la madre. Incluso, peritajes oficiales habrían concluido que no existen indicios para mantener restricciones a su contacto con la menor.
De acuerdo con el comunicado de RSDCIAC, los hechos podrían constituir violaciones a varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos: El derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia (artículos 8.1 y 8.2), el principio de igualdad ante la ley (artículo 24), y la obligación de los Estados de respetar los derechos sin discriminación (artículo 1.1).
Además, la organización invoca la Convención de Belem do Pará, relativa a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como los principios de protección de la infancia establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo el interés superior del menor.
Demandas de la organización:
- RSDCIAC exige a las autoridades federales y estatales:
- Una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre los hechos señalados.
- Medidas cautelares inmediatas para proteger la integridad física y psicológica de María del Pilar Iglesias y su hija Monserrat.
- Restitución de la guarda y custodia de la menor a su madre, con acompañamiento institucional y psicológico.
- Acciones legales contra Ronnie Duval James, su socio Dimitri y cualquier funcionario público que haya participado en los hechos denunciados.
- La entrega completa del expediente judicial y administrativo a la madre.
- Intervención urgente de FGR, CONAVIM, CNDH, DIF Nacional y FEVIMTRA.
Estado actual
Hasta el momento de la publicación, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del DIF Nacional, la Fiscalía General de la República, ni otras autoridades involucradas. El caso se encuentra bajo seguimiento de la RSDCIAC, que ha solicitado la atención internacional de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
