La FGR prepara nuevas órdenes de aprehensión contra socios, accionistas y enlaces de distribución vinculados con la red investigada.
Los Ángeles Press
ENSENADA, Baja California.— La Fiscalía General de la República ubicó al puerto de Ensenada dentro del esquema marítimo de contrabando de combustible investigado alrededor del contralmirante Fernando Farías Laguna, trasladado este jueves de Argentina a México para enfrentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó este 20 de agosto que la organización utilizó buques tanque para ingresar combustible ilegalmente por distintos puertos del país y declararlo ante las autoridades aduaneras como aceites o aditivos, con el propósito de evadir impuestos.
En el caso de Baja California, Godoy confirmó que pocos días después de un aseguramiento realizado en Altamira, Tamaulipas, el Gabinete de Seguridad detectó en Ensenada una operación de características similares.
La fiscal señaló que un segundo buque permitió el ingreso ilegal de cerca de ocho millones de litros de combustible a territorio mexicano.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reconstruyó posteriormente un esquema basado en buques que arribaban a puertos como Tampico y Ensenada. Los cargamentos eran declarados de manera indebida como aceites o aditivos y después trasladados mediante empresas legalmente constituidas para su distribución en estaciones de servicio o para dispersar los recursos obtenidos ilegalmente.
La investigación también obtuvo evidencia de pedimentos y revisiones manipulados, además de la participación de agentes aduanales que habrían facilitado las descargas, simulado inspecciones y alterado los volúmenes y muestras de los productos.
El Torm Agnes y los ocho millones de litros en El Sauzal
La operación descrita ahora por Godoy coincide con el aseguramiento realizado en marzo de 2025 en El Sauzal, Ensenada, después del arribo del buque tanque Torm Agnes.
En información federal difundida en julio de este año, la FGR identificó expresamente el combustible localizado en ese predio como producto descargado del Torm Agnes y actualizó el volumen asegurado a ocho millones 892 mil 1 litros de hidrocarburo. También reportó pipas con combustible de procedencia ilícita, tres personas detenidas y órdenes de aprehensión pendientes. El aseguramiento representó para la estructura investigada una afectación calculada en 154 millones 920 mil 363 pesos.
Investigaciones periodísticas realizadas desde 2025 documentaron que el Torm Agnes estuvo atracado en Ensenada entre el 8 y el 10 de marzo de ese año. Posteriormente continuó hacia Guaymas, Sonora, donde también fue investigada la descarga irregular de combustible declarado como lubricantes.
El aseguramiento en El Sauzal ocurrió el 27 de marzo de 2025. Las autoridades localizaron entonces millones de litros almacenados en contenedores, tractocamiones, remolques cisterna y equipo para el trasiego de hidrocarburos.
La declaración de Godoy incorpora ahora esa operación de Ensenada a la reconstrucción que la FGR presentó públicamente sobre la organización relacionada con Fernando Farías.
FGR busca accionistas, socios y enlaces de distribución
Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Argentina, donde permaneció sujeto a un procedimiento iniciado a petición de México. Las autoridades argentinas determinaron finalmente su expulsión y personal de la FEMDO viajó para trasladarlo bajo custodia mexicana. La FGR informó que será ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
Farías cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, se encuentra también procesado dentro de las investigaciones por contrabando de combustible. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Godoy informó que, además de Fernando Farías, otras 15 personas han sido detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.
La Fiscalía aseguró haber reunido elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales y socios de empresas, además de personas identificadas como enlaces para la distribución del combustible en seis entidades del país.
Las investigaciones han identificado operaciones de la organización en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. La FGR calcula en más de 340 millones de pesos la afectación económica provocada a la estructura por los aseguramientos realizados.
Empresas de Baja California siguen sin ser identificadas
La declaración de la fiscal general confirma por primera vez dentro de esta exposición del caso Farías que Ensenada fue uno de los puntos de entrada marítima utilizados por la estructura investigada.
La FGR todavía no dio a conocer los nombres de los accionistas, apoderados, empresas o estaciones de servicio que habría identificado en Baja California dentro de esta investigación, ni precisó cuáles de las nuevas órdenes de aprehensión corresponden a personas con operaciones en Ensenada.
La confirmación federal permite seguir una ruta documental sobre los pedimentos utilizados en el puerto, empresas importadoras, agentes aduanales, transportistas, propietarios de los depósitos y estaciones que recibieron el combustible descargado en Baja California.
Hasta ahora tampoco existe información pública suficiente para afirmar que la estructura atribuida a los hermanos Farías Laguna sea la misma investigada alrededor de Ingemar, Ricardo Thompson Navarro y Ernesto Ruffo Appel. Aunque los distintos expedientes comparten el contrabando de hidrocarburos y operaciones en Baja California, una conexión directa entre ambas estructuras requiere documentos ministeriales, judiciales o corporativos que la acrediten.
