Cinthya Alvarado Enriquez Domingo, 11 de Enero del 2026, 00:00
La brecha entre la ley y su aplicación revela una violencia estructural que normaliza el embarazo infantil y perpetúa la marginación en Chiapas bajo el amparo del silencio político.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
Daysi se encuentra grave en terapia intensiva; su bebé prematuro, en incubadora. Con apenas 11 años, embarazada de 10, un peso de 40 kilos y 1.20 mts de estatura, lucha por su vida. Llegó con trabajo de parto al Hospital de la Mujer, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Proveniente de San Antonio del Monte, comunidad del municipio de San Juan Chamula, presentaba un cuadro de neumonía crónica y anemia, lo que provocó que se adelantara el parto dos semanas antes de cumplir los nueve meses de embarazo.
En 2024, en Chiapas se registraron 9,176 nacimientos de adolescentes entre 10 y 17 años.
La niña Deysi, de once años
El Hospital de la Mujer la recibió sin activar el protocolo indicado, debido a que es una niña embarazada que, en cualquier caso, significa un delito de violación, cohabitación forzada, entre otros. El responsable, un joven de 18 años, la ingresó al hospital y, al no contar con documentación, se retiró, dejándola en manos del personal médico y nunca más regresó. Según la Fiscalía estatal, los padres de la adolescente llegaron al hospital; sin embargo, afuera, cuando el guardia de seguridad llama a los familiares de Deysi, nadie se acerca. Según personas con familiares internados que aguardaban afuera, no han visto a ningún familiar de la pequeña madre.
La adolescente sufrió severos daños durante el parto: aplastamiento de vejiga y de la uretra, así como daños en tejidos internos. Para darle mejor atención, posteriormente fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde le atienden el cuadro de neumonía y anemia agravada. Su bebé recibe atención y permanece dentro de una incubadora; hasta el momento ha evolucionado positivamente, aunque la información no ha sido clara ni amplia y se ha dado a conocer a través de pocos medios de comunicación.
Los Ángeles Press se presentó al Hospital de las Culturas, que pertenece al IMSS Bienestar, sin encontrar apertura para conocer la información oficial ni la actualización de la salud de ambos pacientes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, mediante un video difundido en algunos medios y no en su página oficial, informó que inició una carpeta de investigación por el delito de violación; que la niña tiene 13 años; que cohabita con su pareja con el consentimiento de los padres de ambos; y que el ingreso al hospital se debió a un contagio de sarampión, lo que originó el parto prematuro. No obstante, señaló que ambos, la madre y el bebé, se encuentran bien de salud, sin detallar los daños de la joven madre y en un claro intento de cerrar con un final feliz, como si se tratara de una situación ideal. Sin embargo, la información es imprecisa en la edad de la niña y en el contexto del consenso para ser madre.
Los Ángeles Press realizó una serie de entrevistas con personas alrededor del hospital, la mayoría de origen indígena. Al menos dos justificaron el embarazo infantil como una situación común y como parte de sus usos y costumbres. Enfermeras y enfermeros que salían a tomar un refrigerio manifestaron su tristeza e impotencia al ver que no disminuye el índice de mujeres muy jóvenes que, sin tener la madurez física, mental y psicológica, se convierten en madres. Otros simplemente se negaron a opinar sobre el tema, pretextando que no saben hablar bien español.
En Chiapas y en México, el matrimonio infantil está prohibido; sin embargo, que esta prohibición aplique de manera efectiva para todos —y que queden abolidos los llamados “usos y costumbres” de pueblos indígenas— es un asunto inacabado. En 2024, la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 2° constitucional como parte de un paquete de reformas en materia indígena, pero los diputados federales de Morena y sus aliados frenaron esa parte de la iniciativa, dejando únicamente la cobertura de derechos jurídicos.
En noviembre de 2025, de nueva cuenta se propuso en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 4° constitucional para prohibir los matrimonios infantiles y priorizar el interés superior del niño. Aunque fue aprobada en lo general, todavía cursa el proceso legislativo de discusión en comisiones para su posterior aprobación en el Pleno, por lo que no ha entrado en vigor.
El Código Civil de Chiapas establece que para contraer matrimonio se requiere haber cumplido 18 años de edad. Esto significa que no se permite el matrimonio a menores de esa edad, sin excepciones por “usos y costumbres” o consentimientos especiales. Así lo establece el artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas:
“Para contraer matrimonio, las personas necesitan haber cumplido dieciocho años”.
Sin embargo, la aplicación de esta ley no permea en comunidades indígenas que siguen siendo marginadas, utilizadas únicamente en el discurso, en las fotografías y en eventos públicos como parte de la escenografía obligada de los partidos políticos, pero a las que no se les garantiza un proceso real de aculturación jurídica. En 2024, un total de 9,176 nacimientos correspondieron a madres de entre 10 y 17 años, lo que coloca a Chiapas con una tasa de 19.4 por cada mil adolescentes. De estos casos, 757 fueron niñas de entre 10 y 14 años.
Como cortar un fruto verde y comerlo a sabiendas de que provocará malestar, así en Chiapas se continúa vendiendo a niñas y adolescentes y forzándolas a asumir un rol para el que no están preparadas ni psicológica ni físicamente. Se condena así al nacimiento de generaciones con deficiencias, se perpetúa la marginación, se les confina del desarrollo personal y se mantiene a la mujer como objeto. Se les obliga a ser madres que dan a luz desgarrando sus entrañas.
En Oaxaca y Chiapas, donde esta barbarie continúa como una práctica socialmente aceptada, legisladores, presidentes municipales, el gobernador y otros organismos responsables de la gobernanza callan, porque no quieren asumir un costo político.
El siguiente video da cuenta de una serie de entrevistas a la comunidad indígena sobre esta situación y de cómo afecta a la población más vulnerable.
