un ataque armado que dejó herido al activista Alejandro López Ponce de León.
Los Ángeles Press
Guadalajara, Jalisco.— La Secretaría General de Gobierno de Jalisco turnó a la Fiscalía del Estado una solicitud ciudadana para revisar actuaciones ministeriales relacionadas con diversas carpetas de investigación, después de que el caso de Wendy Coral Franco Flores fuera presentado ante el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro. La petición incluye señalamientos de privación ilegal de la libertad, torturas, amenazas y un ataque armado.
La canalización del gobernador quedó asentada en el oficio ASER: 00465-26, fechado el 20 de febrero de 2026, dirigido al fiscal estatal Salvador González de los Santos. En el documento, la Secretaría General de Gobierno señala que, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución —que garantiza el derecho de petición—, remite a la Fiscalía el planteamiento presentado previamente al titular del Ejecutivo estatal. El oficio fue recibido el 25 de febrero de 2026, según el sello de recepción.
Entre los documentos integrados al expediente figura un escrito fechado el 12 de febrero de 2026 en Guadalajara, presentado por Wendy Coral Franco Flores, quien el 30 de diciembre de 2024 fue privada de la libertad y trasladada a centros conocidos como anexos, identificados como “Redescúbrete” y “Crecer”, donde fue golpeada y torturada. En su relato señala que posteriormente fue rescatada por una unidad especializada de la propia Fiscalía estatal.
La denunciante sostiene además que, tras recuperar la libertad, fue víctima de despojos patrimoniales, y menciona como responsables de los hechos a Víctor Michel Franco Torres, Cristhian Gerardo y Rosa Elena Torres R.
En el mismo escrito refiere que el 2 de diciembre de 2025 unas personas ingresaron a su domicilio y realizaron ocho disparos, ataque en el que resultó herido el activista de derechos humanos Alejandro López Ponce de León.
Asimismo, asegura que en junio de 2025 denunció a una agente del Ministerio Público, a quien acusa de haber filtrado su domicilio, y reprocha una falta de actuación institucional. “La Fiscalía del estado no hace su trabajo”, se lee en su petición.
El oficio de la Secretaría General de Gobierno indica que el planteamiento fue presentado al gobernador por el activista Alejandro López Ponce de León, cuyos datos de contacto quedaron incluidos en la canalización, y que lo solicitado consiste en la revisión de actuaciones ministeriales vinculadas con las carpetas de investigación mencionadas en el escrito.
Hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta pública de la Fiscalía del Estado ni diligencias específicas derivadas de la canalización.
