Guadalupe Lizárraga Miércoles, 22 de Enero del 2025, 00:00
El de Wendy Coral Franco es un caso de extorsión familiar que revela los abusos en centros de rehabilitación no regulados en Guadalajara, Jalisco.
En el anexo Creeser, AC, Wendy Coral fue víctima de tortura, maltrato y privación de su libertad, además de ser sedada contra su voluntad.
Por Guadalupe Lizárraga
El 30 de diciembre de 2024, Wendy Coral Franco Flores, activista defensora de los derechos humanos, fue víctima de retención ilegal a manos de su propia familia. Fue internada contra su voluntad en uno de los llamados “anexos” de rehabilitación con el fin de forzarla a firmar la cesión de derechos sobre una propiedad y un pago de 100 mil pesos. El internamiento ilegal estuvo organizado por su hermano Michael Franco Flores, su hermana Susana y su madre Rosa Elena Flores Rivera.
Ante su desaparición y la falta de comunicación telefónica, su pareja sentimental Alejandro López denunció los hechos ante las autoridades de procuración de justicia y atención ciudadana. Sin embargo, a pesar de las evidencias de tortura y secuestro, ninguno de los agresores ha sido procesado.
Según el testimonio de la víctima y la denuncia a la Fiscalía de Jalisco, Wendy Coral fue retenida con violencia física y obligada a subirse a un vehículo para después ser llevada a una casa ubicada en la calle Calera número 338, de la colonia Benito Juárez, de Guadalajara Jalisco. Durante el traslado la llevaban con la cabeza agachada, y la iban golpeando para que dejara de gritar. De su bolso, extrajeron las llaves de su auto, tarjetas de banco y 17 mil pesos en efectivo.
El inmueble al que la llevaron, que funcionaba como un centro de rehabilitación para personas con adicciones o trastornos mentales, carecía de cualquier señalización o información sobre los servicios que prestaba. En cuanto Wendy fue ingresada a la casa-anexo, la despojaron de su ropa, la golpearon nuevamente y la ataron de los brazos y pies con calcetines largos y vendas. En su testimonio, detalló que estas agresiones fueron perpetradas por varias personas, incluidas Diana Cervantes, una de las responsables del lugar, y Alexia V., la administradora del anexo.
En un video que realizó en cuanto fue rescatada, dijo haber estado privada de mi libertad y agradeció a las personas que se preocuparon por ella. "Estuve privada de mi libertad en dos anexos diferentes donde me torturaban. Estuve amarrada debajo de una litera, desnuda, ahí mismo me oriné y defequé, estuve durante tres días amarrada y amordazada, y allí me automedicaban, me mantenían dormida, me juzgaban de loca, ya fiscalía me hizo un antidoping, con el que ya se demostró que yo no he consumido ningún tipo de droga y los únicos responsables son Víctor Michael Franco Flores, Rosa Elena Flores y Susana Franco Flores".
“Estuve desnuda tres días, hasta el 2 de enero. Me tuvieron debajo de una litera y me quemaba el frío”, dijo Wendy, quien además precisa que la mantenían sedada para controlarla, y esposada a una de las esquinas de la litera. Le cortaron el cabello con navaja, lastimándola y maltratándola.
Siendo diabética, se le negó su medicamento: “Yo me inyecto insulina y me sentía muy mal de salud, y me dijeron que no; que mi mamá había ordenado que no me llevaran ningún tipo de medicamento, diciendo que yo no estaba enferma”. En cambio, la obligaban a tomar una pastilla, que le provocaba sueño todo el día.
Días después, para el 6 de enero, Wendy comenzó a expulsar sangre. Debido a la falta de atención médica en el anexo, fue trasladada a una clínica para ser atendida por un profesional de la salud. Durante el traslado, la custodiaron y la amenazaron para que no dijera que estaba privada de su libertad. El médico que la atendió le indicó que necesitaba una ecografía urgente, ya que lo más probable era que tuviera una úlcera reventada que requeriría cirugía, pero en esa clínica no la podían realizar. Sin embargo, al llevarla a otra clínica, comenzó a gritar que quería hablar con su madre, y al llegar le pusieron un suero para sedarla nuevamente. Fue una clínica en la colonia San Andrés, donde sufrió más maltratos y se le negó la atención médica necesaria.
“Me dijeron que estaba loca, que mi mamá decía que hacía dramas y que no tenía ninguna enfermedad. Entonces les respondía: ‘¿Y la sangre qué?’”, relata Wendy. Fue ingresada a esa clínica el 8 de enero a la 1:30 de la madrugada, donde la mantuvieron sedada. Le aseguraron que se había provocado el vómito con sangre al ingerir papel con la intención de que la sacaran del anexo. Sin embargo, Wendy aclara que en ese lugar ni siquiera había papel higiénico y que las condiciones eran deplorables.
La denuncia
Alejandro López, pareja de Wendy, fue testigo de los abusos cometidos por la familia de ella y, posteriormente, de su privación ilegal de la libertad. Al perder contacto telefónico con Wendy, comenzó a indagar con su familia, y fue su hermano quien le informó que ella estaba retenida bajo la condición de ceder un bien inmueble, además de que entregara sus autos. Al insistir en su liberación, Alejandro recibió amenazas que también alcanzaron a su propia familia. Ante esta situación, decidió presentar una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como ante diversas instancias de derechos humanos y organismos gubernamentales.
Éstas son unas de las amenazas proferidas a la pareja de Wendy por Rosa Elena Flores (la madre) y Michael Franco (el hermano).
La fiscalía abrió la carpeta de investigación para el caso de Wendy bajo el número de expediente 368/2025. Fue el propio agente del Ministerio Público, Jorge Luis Durán Pérez, adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quien rescató a Wendy en uno de los tres anexos donde la estuvieron trasladando. En el transcurso de la investigación, el agente Durán Pérez había entrevistado a la madre de Wendy sobre las acusaciones de privación ilegal de libertad de su hija y, en ese momento, se encontraba en el anexo entrevistando a Wendy. Fue entonces cuando la coordinadora del lugar recibió una llamada, supuestamente de la madre pidiendo que no liberaran a su hija, pero el agente, al haber hablado previamente con la madre, identificó que no era su voz. Al percatarse de la situación, rescató a Wendy sacándola inmediatamente del anexo.
La madre de Wendy había acudido a presentar una denuncia ante el agente del Ministerio Público, en la que afirmó hechos falsos sobre su hija, como el que era adicta y sufría violencia doméstica. Un hecho falso que pudo constatar el agente Durán Pérez al escuchar a una mujer que se hacía pasar por la madre de Wendy para seguir reteniéndola involuntariamente. A pesar de la gravedad de esta acción, que claramente afecta el curso de la investigación, la Fiscalía no ha tomado medidas al respecto, ni ha procesado a la madre por su declaración falsa ni organizar la retención ilegal de su hija.
Los anexos
El primer anexo de rehabilitación en el que Wendy fue retenida se llama Creeser, AC, y su propietario es Jaime Sánchez, quien, según testigos, tiene varios anexos en distintas ciudades y unas 600 personas usuarias en total. Uno de sus socios es Fernando Salvador Rivas Alva, a quien también le llaman “padrino”, una especie de guía o supervisor de los internos. En algunos casos, los padrinos pueden ser responsables de la disciplina dentro del anexo y, en situaciones extremas, pueden ser quienes lleven a cabo o faciliten el trato abusivo, las amenazas y otras conductas inapropiadas.
En el anexo de Guadalajara, Wendy precisó que albergaba a más de 80 personas, aunque a ella no le permitían relacionarse con la población, ya que la tenían aislada.
En una entrevista para Los Ángeles Press, Wendy reveló que había otras mujeres en condiciones similares. Una de ellas, identificada como Violeta, era constantemente sedada y permanecía dormida la mayor parte del día. Violeta llevaba cinco años retenida en el lugar. Según el testimonio de Wendy, Violeta fue internada por su padre, quien se quedó con la casa heredada por ella por parte de su madre ya fallecida. El padre de Violeta ha vuelto a casarse y vive en esa misma casa; mientras ella ya se encuentra mal de sus facultades mentales, además de la desnutrición crónica.
Una de las acusaciones más graves es que las víctimas no sólo son retenidas contra su voluntad, sino que también son despojadas de sus bienes, como ocurrió con Wendy, quien detalló cómo los responsables de los anexos, junto con algunos familiares cercanos, la presionaron para firmar documentos falsificados relacionados con propiedades que eran parte de su patrimonio. En su relato, la víctima explica cómo fue involucrada en una trama de extorsión vinculada a la propiedad de una parcela, cuyo arrendamiento fue manejado de manera fraudulenta por una persona identificada como Lucio.
Este caso también ha puesto de manifiesto la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por Wendy y su pareja para que se investiguen las múltiples irregularidades y abusos dentro de los anexos. La denuncia de la víctima resalta que, a pesar de que la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene conocimiento de los hechos, no se ha llevado a cabo ninguna detención ni se ha procesado a nadie, mientras hay otras víctimas que siguen viviendo bajo amenazas y extorsión.
El caso de Wendy Coral Franco se ha dado a conocer entre defensores de derechos humanos y diversas autoridades estatales y federales, con el propósito -además de obtener justicia- de alertar a la ciudadanía sobre el uso de los anexos de rehabilitación como lugares de retención ilegal bajo el pretexto de proveer tratamientos para adicciones. La falta de regulación de estos establecimientos y el disimulo de las autoridades, generan un campo propicio para la tortura y el secuestro en México.
