La UIF llevó el caso ante la FGR después de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo entre los nuevos objetivos bloqueados.
Los Ángeles Press
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió sobre una investigación abierta desde 2023 contra proveedores electorales y añadió ahora a 25 personas y 15 empresas a su Lista de Personas Bloqueadas. El organismo también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones financieras detectadas.
El antecedente se remonta a 2023 y 2024, cuando la UIF bloqueó más de 400 cuentas correspondientes a 13 personas y siete empresas vinculadas con la venta de materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos locales. Parte de esas cuentas fue posteriormente liberada mediante resoluciones judiciales.
El propio Pablo Gómez, quien encabezaba la UIF en ese periodo, confirmó el 29 de octubre que empresas proveedoras del INE habían sido incorporadas a la lista por operaciones que la dependencia relacionó con recursos de procedencia ilícita. Gómez señaló además que algunas obtenían contratos para suministrar materiales electorales pese a no contar, según sus declaraciones, con instalaciones industriales propias para producirlos.
La presidente Claudia Sheinbaum había revelado días antes que uno de esos proveedores fue bloqueado en 2023 y posteriormente recuperó el acceso a sus recursos mediante un amparo, aparentemente a principios de 2024. El dato volvió a poner bajo atención las contrataciones realizadas por el INE y la actuación de las empresas que participan desde hace años en la fabricación y suministro de urnas, mamparas y otros materiales electorales.
La investigación conocida hasta ahora abarca a siete empresas y revisa posibles esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones entre compañías relacionadas. En octubre todavía permanecían bloqueadas 70 cuentas dentro de esa indagatoria.
La nueva actuación amplía ese expediente. La UIF informó este miércoles que incorporó a otras 40 personas físicas y morales después de identificar operaciones financieras que, según el organismo, presentan elementos de riesgo y deben ser revisadas por las autoridades competentes.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas impide a las instituciones financieras realizar operaciones con quienes aparecen en ella. La propia UIF precisó que se trata de una medida administrativa preventiva y que, por sí misma, no determina responsabilidad penal.
Con la denuncia presentada ante la FGR, el caso iniciado años atrás deja de limitarse al seguimiento financiero de los proveedores y entra ahora en una nueva etapa de investigación ministerial.
