Las autoridades de Morelos justificaron la liberación como una medida para salvar a los agentes y evitar una confrontación mayor con población civil.
Por Fabiola Sánchez
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas salieron el martes en defensa de la liberación de un presunto líder de un grupo criminal local quien fue canjeado por tres agentes estatales quienes habían sido raptados en el centro del país, lo que desató una controversia en México al exponer, según los críticos, las debilidades que enfrentan las fuerzas de seguridad para combatir la violencia.
La polémica surgió a raíz de la detención el lunes en el estado central de Morelos, vecino a la capital mexicana, de un hombre identificado como José David “N”, alias “El Güero Gym”, supuesto líder de la organización delictiva Pueblos Unidos.
Poco después de la captura del presunto cabecilla fueron raptados tres agentes de la Fiscalía de Morelos en la localidad de Totolapan, relató el martes en conferencia de prensa, Luis Flores, titular de la fiscalía de delitos de alto impacto estatal.
Tras el secuestro de los funcionarios se registraron el lunes tiroteos, quema de patrullas y bloqueos viales con transportes públicos en Totolapan y en las localidades vecinas de Tlayacapan y Atlatlahucan, en el estado de Morelos. Medios locales reportaron que las protestas fueron realizadas por pobladores que estaban en contra de la detención del supuesto líder criminal.
En medio de esa situación se activó un “techo de negociación” con el grupo criminal que exigía la libertad de su compañero a cambio de la entrega de los tres agentes, admitió Flores.
Fue así como la noche del lunes las autoridades de Morelos liberaron a José David “N”, quien tiene pendiente un proceso por narcomenudeo, y lograron rescatar con vida a los tres agentes de la fiscalía estatal que presentaron heridas por golpes y disparo de arma de fuego.
La decisión fue criticada por analistas y opositores que compararon el caso con el que ocurrió en octubre de 2019 cuando las fuerzas militares apresaron durante un operativo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán. La acción terminó en una humillante derrota para los militares mexicanos luego de que los integrantes del Cártel de Sinaloa tomaron las calles de Culiacán sembrando el caos con tiroteos y tomando de rehenes a militares, lo que forzó la liberación del capo. Tiempo después el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) admitió que ordenó la liberación para “para no poner en riesgo a la población”.
Tras esa fallida acción, las autoridades mexicanas detuvieron nuevamente a Ovidio Guzmán en enero de 2023 y lo extraditaron meses después a Estados Unidos.
Un “acuerdo” para salvar vidas
Al ser consultada sobre el caso, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó el martes en su habitual conferencia que “cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas”, pero añadió que se realizará un operativo para detener posteriormente al presunto delincuente.
En tanto, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que la liberación del presunto líder criminal se realizó “para evitar una confrontación mayor con la población civil”, y detalló que había “muchísima gente de civil que ya estaba en las calles”.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, también salió en defensa de la liberación del presunto criminal y dijo el martes a la prensa que “fue una determinación institucional, en estricto apego a derecho”.
“La vida de nuestros compañeros no era negociable. La aplicación de la justicia tampoco es renunciable”, sostuvo.
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