La familia de Valdez Mainero reportó su desaparición ante la Fiscalía de Baja California tras perder contacto con él en Tijuana.
Los Ángeles Press
TIJUANA, Baja California.— La familia de Emilio Valdez Mainero, conocido como "El CP" y señalado desde los años noventa por autoridades mexicanas y estadounidenses como integrante de la estructura del Cártel Arellano Félix (CAF), reportó ante la Fiscalía General del Estado de Baja California que desconoce su paradero desde el viernes 28 de agosto, cuando fue visto en un restaurante de la Zona Río de Tijuana.
El caso fue dado a conocer la tarde de este lunes 31 de agosto por Punto Norte, que atribuyó la información a familiares de Valdez Mainero y señaló que éstos acudieron a la Unidad de Personas No Localizadas de la FGE después de perder contacto con él. El medio ubicó el restaurante de Zona Río como el último lugar donde habría sido visto.
Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía de Baja California no había difundido públicamente una pesquisa con su nombre en los canales oficiales consultados por Los Ángeles Press. La institución mantiene en su sitio un buscador público de personas no localizadas, pero las búsquedas realizadas este lunes tampoco arrojaron una ficha indexada de Valdez Mainero.
No existe, por ahora, información oficial que permita establecer que fue secuestrado, detenido o asesinado. Tampoco hay datos públicos que identifiquen a posibles responsables o que relacionen su desaparición con alguna organización criminal.
Los antecedentes de Valdez Mainero están ampliamente documentados en expedientes judiciales de Estados Unidos, aunque esos documentos exigen distinguir entre las acusaciones formuladas en México y los delitos por los que efectivamente fue condenado en territorio estadounidense.
En diciembre de 1997, un juez federal del Distrito Sur de California declaró procedente su extradición a México por los delitos de asociación criminal y homicidio. México lo acusaba de pertenecer a la organización de los Arellano Félix y de participar en el asesinato de Jesús Gallardo Vigil y Jesús Sánchez Angulo, ocurrido el 9 de abril de 1996 en un hotel de Toluca.
El expediente de extradición también recoge declaraciones de testigos que lo ubicaban dentro de una estructura dedicada a planear homicidios contra rivales del CAF y agentes de seguridad, así como en actividades relacionadas con cargamentos de cocaína y marihuana. El tribunal consideró que existía causa probable suficiente para sostener las acusaciones y enviarlo a juicio en México.
Esa resolución no equivalió a una sentencia condenatoria por esos homicidios. El propio tribunal explicó que en un procedimiento de extradición solamente debía establecer si existían elementos suficientes para llevar al acusado ante un tribunal, no determinar su culpabilidad.
Valdez Mainero y Alfredo Hodoyan Palacios impugnaron posteriormente la extradición. En enero de 1999, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la resolución, aunque reconoció que existían elementos preocupantes sobre posibles actos de tortura utilizados para obtener algunas declaraciones presentadas por México. Aun así, el tribunal concluyó que permanecía evidencia competente suficiente para sostener la causa probable.
Mientras permanecía detenido en Estados Unidos por el proceso de extradición, Valdez Mainero cometió los delitos por los que finalmente recibió las largas condenas federales que cumplió en ese país.
Un expediente del Distrito Sur de California establece que se declaró culpable de participar en una conspiración para introducir y distribuir heroína dentro del Metropolitan Correctional Center de San Diego, donde estaba recluido. El 14 de agosto de 1998 fue sentenciado inicialmente a 364 meses de prisión.
En un segundo proceso, identificado como 97cr2149, se declaró culpable de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla y recibió una condena de 30 años de prisión, concurrente con la anterior.
La pena de 264 meses que aparece en algunos reportes periodísticos no fue, por tanto, la sentencia original.
En 2013, después de una moción presentada por el gobierno estadounidense bajo la Regla 35, relacionada con la cooperación del acusado, su condena de 364 meses fue reducida a 264 meses, mientras que la correspondiente al segundo expediente quedó en 260 meses. El tribunal señaló expresamente que la disminución de 100 meses estaba vinculada con la “cooperación sustancial” de Valdez Mainero.
Dos años después, el juez federal Jeffrey T. Miller autorizó una reducción adicional de nueve meses bajo una modificación de las guías federales para sentencias por narcotráfico, con el propósito de que pudiera salir de prisión alrededor del 1 de noviembre de 2015. Punto Norte reportó que los registros del Buró Federal de Prisiones sitúan también su liberación en noviembre de ese año.
Los documentos judiciales de los años noventa ubicaron a Valdez Mainero dentro del círculo cercano a la organización de los hermanos Arellano Félix. El expediente de extradición recoge testimonios que lo vinculaban directamente con Ramón Arellano Félix y con integrantes de la estructura encargada de cometer homicidios, transportar droga y utilizar nombres en clave dentro de la organización.
Su nombre quedó también asociado con los llamados narcojuniors, jóvenes provenientes de familias acomodadas de Tijuana que durante aquella década fueron incorporados al entorno del CAF. Reportes contemporáneos de Los Angeles Times señalaron que Valdez Mainero pertenecía a una familia conocida de la ciudad y era hijo de un coronel del Ejército mexicano.
Una versión reciente sin corroboración independiente
Cuatro días antes de la fecha en que su familia dejó de tener contacto con él, el semanario ZETA publicó un reportaje sobre seis cuerpos abandonados en vehículos en la zona del Hipódromo de Tijuana y amenazas dirigidas contra funcionarios de la Fiscalía estatal.
En ese texto, publicado el 24 de agosto, el semanario señaló que páginas relacionadas con grupos criminales habían mencionado a Jorge Vera Ayala y Emilio Valdez Mainero. Posteriormente atribuyó a integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California la versión de que ambos seguían siendo identificados como operadores del CAF, aunque dedicados a asuntos “más financieros” y alejados de la operación en las calles.
La afirmación no está acompañada por una imputación, una orden judicial, un informe de inteligencia público ni un organigrama oficial. Los funcionarios citados tampoco fueron identificados por nombre.
El mismo reporte del semanario reconoce que parte de la información alrededor de Vera y Valdez era extraoficial y seguía bajo investigación.
Versiones difundidas en redes sociales que aseguran que Valdez Mainero fue privado de la libertad al salir del Estadio Caliente tampoco cuentan hasta ahora con confirmación oficial. El reporte inicial atribuido a su familia establece como último punto comprobado un restaurante de Zona Río.
A tres días de que fue visto por última vez, el dato comprobable sigue siendo más limitado: la familia de Emilio Valdez Mainero reportó su desaparición ante la Fiscalía de Baja California y las autoridades no han informado públicamente qué ocurrió después de que acudió al restaurante el 28 de agosto.
