El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, busca conocer qué expedientes mantienen abiertos autoridades estadounidenses y el alcance jurídico de las investigaciones.
Por Diego Gastélum
CIUDAD DE MÉXICO.— El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habría recurrido a abogados en Estados Unidos para conocer formalmente su situación jurídica ante investigaciones federales que desde hace meses lo relacionan con presunto contrabando de combustible, lavado de dinero y posibles vínculos con organizaciones criminales.
De acuerdo con información publicada por unomásuno y atribuida a fuentes internas de agencias estadounidenses, el despacho contratado por Villarreal envió durante agosto comunicaciones al gobierno de Estados Unidos para solicitar información sobre posibles expedientes abiertos contra el mandatario y determinar el alcance de las investigaciones.
La gestión ocurre después de que distintos medios estadounidenses y mexicanos reportaron durante los últimos tres meses que autoridades de Estados Unidos mantienen bajo revisión al gobernador tamaulipeco.
Los Angeles Times informó el 3 de junio que Villarreal y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, eran investigados por autoridades estadounidenses por posibles conexiones con organizaciones criminales. En el caso de Villarreal, las pesquisas estarían relacionadas particularmente con el contrabando ilegal de combustibles, lo que se conoce como huachicol.
El mismo diario señaló que las visas de ambos gobernadores habían sido revocadas y que podían ingresar a Estados Unidos mediante Significant Public Benefit Parole, una autorización utilizada por el gobierno estadounidense, entre otros casos, para permitir la entrada de personas que colaboran con investigaciones o procedimientos judiciales. Villarreal rechazó los señalamientos y aseguró que su visa seguía vigente.
Las investigaciones sobre el gobernador de Tamaulipas volvieron a aparecer públicamente el 27 de agosto. Diversos medios en la Ciudad de México, entre estos N+, reportaron que la CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional habían integrado expedientes relacionados con Villarreal y con el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunto lavado de dinero y financiamiento de campañas electorales con recursos provenientes de los cárteles de la droga.
Según las investigaciones periodísticas, agentes estadounidenses reunieron testimonios, audios y videos de operadores políticos y financieros de Morena. Parte del material habría sido entregado mediante declaración jurada al Departamento de Justicia en diciembre de 2024, en los distritos federales del Sur de Nueva York y Texas.
Se informó además que Villarreal tendría al menos dos procesos abiertos en cortes estadounidenses, aunque hasta ahora el Departamento de Justicia no ha divulgado una acusación penal contra el gobernador que permita conocer públicamente los cargos.
Villarreal respondió el 28 de agosto mediante un video en el que aseguró que nunca ha recibido notificación, citatorio o comunicación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses que le informe de una investigación en su contra.
La consulta de sus abogados al gobierno estadounidense contrasta precisamente por esa negativa.
Los Ángeles Press ha documentado una situación semejante con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En junio de 2025, este medio reveló que una unidad de inteligencia estadounidense la consideraba persona de interés dentro de una investigación sobre presunto lavado de dinero y vínculos de una red empresarial con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación incluía a su esposo Carlos Torres Torres y a empresarios de su entorno.
La cobertura de Los Ángeles Press siguió durante más de un año las propiedades, empresas de papel, operadores financieros y relaciones empresariales que conectaban Baja California con el sur de California. Parte de esa investigación identificó la estructura de Fimbres Consulting Group y sociedades utilizadas para operaciones inmobiliarias en Estados Unidos, además de los vínculos del empresario Fernando Salgado Chávez con el círculo político de la gobernadora.
En junio y julio de 2026 aparecieron además audios de Marina del Pilar en conversaciones con personas presentadas como intermediarios de agencias estadounidenses. La gobernadora reconoció que la voz de las grabaciones era suya. En ellas habló de reuniones, de su abogado en Miami, de posibles sanciones y cargos y de las gestiones que realizaba frente a autoridades de Estados Unidos.
Una fuente de una unidad de inteligencia confirmó posteriormente a Los Ángeles Press que Marina del Pilar había mantenido un acuerdo de cooperación con agencias que la investigaban. Esa misma fuente informó que la gobernadora había ingresado a Estados Unidos sin una visa vigente mediante una autorización especial del Departamento de Seguridad Nacional. Ávila terminó por reconocer públicamente ese ingreso el 16 de julio, aunque sostuvo que había ocurrido una sola vez.
El caso de Villarreal suma ahora otro gobernador de Morena que, después de ser mencionado durante meses en investigaciones estadounidenses, busca mediante abogados conocer directamente qué información tienen las autoridades de Estados Unidos sobre él.
La respuesta oficial de Washington sigue pendiente. No existe hasta el momento una acusación pública del Departamento de Justicia contra Villarreal, pero los reportes de los medios describen investigaciones que han avanzado desde distintas agencias hacia expedientes sobre combustible ilegal, operaciones financieras y presunto financiamiento criminal de campañas.
Investigaciones
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