Miguel Montesinos León Miércoles, 23 de Septiembre del 2026, 01:39
En Nochixtlán, la familia cuestiona la actuación del Ministerio Público y del DIF por presuntas presiones y restricciones de convivencia.
Por Miguel Montesinos León
Una menor de edad fue separada de su madre en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en medio de una investigación por un presunto caso de abuso sexual y de señalamientos contra la agente del Ministerio Público Cristina Salinas, adscrita a la Fiscalía de Nochixtlán.
Los hechos comenzaron cuando la niña se encontraba en su domicilio, ubicado en el barrio de La Peña. Su madre (de quien reservamos su identidad por razones de seguridad) había salido a trabajar y, de acuerdo con la versión familiar, Guadalupe Zuleyma Sánchez Santiago, concuña de la madre, se encontraba con la menor.
Según el relato proporcionado a Los Ángeles Press, la niña manifestó que le dolía el estómago y Sánchez Santiago decidió llevarla al Centro de Salud de Nochixtlán sin avisar previamente a la madre.
En el centro médico, una doctora revisó a la menor y señaló que la niña había sido víctima de abuso sexual. A partir de ese momento, la niña fue trasladada al DIF municipal y posteriormente quedó bajo intervención del Ministerio Público de Nochixtlán.
La madre acudió al municipio de Asunción Nochixtlán para preguntar por su hija, pero asegura que le informaron que, por instrucciones del Ministerio Público, no podían proporcionarle datos.
Posteriormente acudió a la Fiscalía de Nochixtlán, donde, según su testimonio, la agente del Ministerio Público Cristina Salinas le exigió denunciar a su pareja sentimental, padrastro de la niña.
La madre sostiene que Salinas señaló directamente al padrastro como presunto responsable, aun cuando, según ella, en ese momento no se le había mostrado ningún dictamen pericial concluyente. También afirma que fue advertida de que podría ser detenida por encubrimiento o complicidad si se negaba a presentar la denuncia.
La familia asegura que durante varias horas desconoció el paradero de la menor. Guadalupe Zuleyma Sánchez Santiago habría apagado su teléfono celular y tampoco proporcionaba información sobre dónde se encontraba la niña.
Ante esa situación, la madre acudió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para denunciar la desaparición de su hija.
De acuerdo con la familia, la cédula de búsqueda de la menor permaneció activa incluso después de que distintas autoridades ya conocían su ubicación.
Días después, personal del DIF se comunicó con una tía de la niña y le informó que la menor se encontraba bien, sin proporcionar mayores detalles. Posteriormente, la niña quedó bajo el cuidado de esa familiar y personal del DIF comenzó a realizar visitas periódicas al domicilio.
La madre denuncia que, por instrucciones de autoridades municipales y ministeriales, se restringió su convivencia con la menor y también la de otros familiares cercanos.
La familia cuestiona que la ficha de búsqueda haya continuado vigente cuando, según su versión, las autoridades ya conocían dónde se encontraba la niña.
Una investigación bajo cuestionamientos
Los familiares sostienen que la actuación de la agente del Ministerio Público Cristina Salinas ha sido parcial y que la menor no ha recibido una atención adecuada a su edad ni a su condición.
También señalan que la niña ha insistido en no identificar a su padrastro como la persona que presuntamente habría cometido el abuso sexual.
De acuerdo con testimonios recabados por la familia, durante una audiencia realizada en la Fiscalía de Nochixtlán, Salinas habría advertido a la menor que podía ser enviada al DIF de Oaxaca porque era “muy rebelde” y “no obedecía”.
La familia considera que esa expresión constituyó una amenaza.
El viernes 18 de septiembre, según la versión proporcionada, la menor fue retirada nuevamente del entorno familiar después de que la tía que estaba a su cuidado acudiera a una cita médica y dejara temporalmente a la niña con su abuela para evitar que faltara a la escuela.
Personas que estuvieron presentes en la Fiscalía de Nochixtlán aseguran que la menor fue interrogada en términos que consideran impropios para su edad y que terminó llorando.
También cuestionan que la presencia de personal de psicología no haya impedido un trato que, según los familiares, afectó emocionalmente a la niña.
De manera extraoficial, la familia fue informada de que la menor habría sido trasladada a Huajuapan de León. Hasta ahora, sus familiares aseguran no haber recibido una explicación clara sobre su situación jurídica ni sobre las razones de ese traslado.
La disputa patrimonial detrás del conflicto
La familia sostiene además que existe un conflicto patrimonial que pudo influir en el origen de las acusaciones.
Según esta versión, Guadalupe Zuleyma Sánchez Santiago mantiene una disputa relacionada con una vivienda en Ciudad de México y diversos bienes ubicados en Nochixtlán.
El padrastro de la menor sería albacea de bienes pertenecientes a familiares de Sánchez Santiago. Para los denunciantes, este conflicto debe ser investigado porque consideran que podría explicar el origen de las acusaciones formuladas contra el padrastro.
Hasta ahora, esa hipótesis corresponde únicamente a la versión de la familia y requiere ser acreditada dentro de las investigaciones.
Cuestionamientos al DIF municipal
Los familiares también cuestionan la actuación del procurador del DIF municipal de Asunción Nochixtlán. Según su testimonio, el funcionario manifestó conocer personalmente a la tía que recibió inicialmente la custodia temporal de la niña, debido a que ambos viven en el barrio de La Peña.
El funcionario habría señalado que esa familiar era la persona más adecuada para hacerse cargo de la menor.
La madre cuestiona ese criterio y reclama que las decisiones sobre el cuidado de su hija se hayan tomado sin explicarle de manera suficiente los fundamentos jurídicos y técnicos.
La familia sostiene que la actuación de las autoridades podría vulnerar derechos reconocidos por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
También invoca los artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con el derecho a la integridad personal, la honra, la dignidad y la protección frente a injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar.
Asimismo, señala posibles violaciones al principio del interés superior de la niñez, previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley General de Víctimas.
La familia insiste en que su denuncia no pretende exonerar anticipadamente al padrastro en caso de que exista evidencia de abuso sexual. Su reclamo se concentra en la actuación de las autoridades y en la necesidad de que cualquier investigación se realice con pruebas, protocolos adecuados para niñas y niños y sin presiones sobre la menor o su madre.
El señalamiento central es que una investigación destinada a proteger a una niña no puede convertirse en un procedimiento que termine vulnerando sus propios derechos.
La madre exige que se esclarezca el paradero y situación jurídica de su hija, que se revise la actuación de la agente del Ministerio Público Cristina Salinas y que cualquier acusación penal se sustente en dictámenes periciales y pruebas obtenidas conforme a derecho.
