De igual modo, Sheinbaum y sus colaboradores insistieron en defender con datos a modo su política en materia de seguridad pública.
Sheinbaum y su equipo hacen todo lo posible para confundir la violenta política de migración de Trump con la defensa de Rocha Moya y Ávila.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 14 de julio en Palacio Nacional giró en torno a una nueva defensa del modelo de seguridad del gobierno federal. En los hechos, sirvió para que Claudia Sheinbaum expresara su respaldo explícito a los gobernadores investigados por Estados Unidos: la gobernadora en funciones de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Como suele suceder con alguna frecuencia los martes, Sheinbaum aprovechó las casi dos horas de su actividad matutina para presentar cifras a modo, en las que se ignoran datos existentes para ofrecer a quien quiera aceptarla la idea de que su gobierno es todo un éxito en materia de seguridad pública, aunque una revisión más detallada de las cifras disponibles, contradiga esa idea.
Respecto de Marina del Pilar Ávila, Sheinbaum minimizó el alcance de los audios filtrados recientemente a través de la Embajada de Estados Unidos, aunque fueron grabados en febrero de este año. Los Ángeles Press reportó desde junio de 2025 la investigación y el impacto demoledor que tuvo la cancelación de las visas de Ávila y de algunos de sus allegados para ingresar a Estados Unidos, como se explica en el texto enlazado después de este párrafo.
Como se hizo ver desde que estalló este asunto, Ávila ha intentado minimizar el alcance de esa decisión del gobierno de Estados Unidos. Lo relevante es que, este martes, Sheinbaum también restó importancia a la maniobra con la que Ávila busca resolver sus problemas con la justicia estadounidense, bajo la idea —difícil de sostener— de que esas gestiones son “personales” y no comprometen la seguridad nacional de México.
El argumento es difícil de sostener cuando se consideran las razones que tuvo el gobierno de Estados Unidos para cancelar la visa, así como la ausencia de explicaciones claras acerca de la conducta de la gobernadora por parte de la propia Ávila.
Como sea, en el vídeo que aparece después de este párrafo se puede ver a Sheinbaum ofrecer lo que en el lenguaje de los gobiernos del siglo XX en México se hubiera llamado un “espaldarazo”, es decir, una suerte de exoneración, que deja ver qué tan comprometida está Sheinbaum en apoyar a Ávila, pese a los señalamientos de sus vínculos con el narcotráfico.
Basta considerar las dudas que suscita en Baja California y en la Ciudad de México la operación del avión que usa ella y que, de manera por demás extraña para alguien que carece de visa, el vehículo oficial todavía reporta viajes a territorio de Estados Unidos.
Nada de eso parece importar en Palacio Nacional. Sea respecto de las aventuras aéreas de Marina del Pilar o de las tribulaciones de Rubén Rocha Moya, la idea en Palacio Nacional fue la de minimizar el alcance de los señalamientos que hacen distintas dependencias del gobierno de Estados Unidos contra figuras clave de la vida política nacional en México, pues además de Ávila y Rocha Moya, están los señalamientos contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y su hijo, entre otros.
Respecto de Rocha Moya, Sheinbaum, al hablar de los dados de violencia para Morelos, presentó lo que ocurre ahí como el ejemplo de que su gobierno sí actúa contra quienes están señalados de participar en actividades criminales.
Ella misma enfatizó que en el caso de Morelos había pruebas y dejó ver, de nuevo, que en su opinión no las hay respecto de Rocha Moya, a pesar de la evidencia de que policías del estado de Sinaloa custodiaban propiedades identificadas como parte del vasto patrimonio que llegó a amasar Ismael Zambada.
La fórmula que se asoma como estrategia en las actividades de Sheinbaum en Palacio Nacional es la de confundir tanto como sea posible la brutal y absurda política en materia de migración que sigue el gobierno de Donald Trump, que ayer cobró otra víctima, en este caso un ciudadano de Colombia, para extender a personajes como Ávila, Rocha y Durazo el beneficio de ser víctimas de la furia de Trump y quienes operan sus políticas que cualquier persona, incluido el papa León XIV, denuncia con toda claridad.
El problema para el gobierno de México es que se hace todo lo posible para confundir los excesos que se cometen en Texas o en Maine contra los migrantes, con los problemas que el gobierno de México ha tenido desde antes de Sheinbaum, con la protección que ofrece a políticos con relaciones cuestionables con grupos de criminales organizados.
El problema para la Cuarta Transformación es que cuando se trata de señalar ese tipo de problemas en gobiernos previos, no dudan en usar los efectos de la justicia de Estados Unidos para condenar, por ejemplo, a Felipe Calderón Hinojosa por su relación, a todas luces cuestionable y marcada por serias dudas con, entre otros, Genaro García Luna.
Sin embargo, cuando se trata de funcionarios de los gobiernos de la Cuarta Transformación o de aquellos priístas con los que, por la razón que sea, optan por proteger, hay la disposición a no criticarlos o incluso a defenderlos, como ocurrió con Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto a quien López Obrador rescató de las manos de William Barr, el fiscal general de Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump.
La actividad de este martes vio, además del respaldo a Ávila y Rocha Moya, la manera en que Omar García Harfuch transfirió a la Fiscalía General de la República una pregunta acerca de las razones que tuvo el gobierno federal al que sirve como secretario de Seguridad para extraditar a toda prisa a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, el piloto del avión que llevó de algún lugar en Sinaloa, México a Santa Teresa, Nuevo México, a Ismael Zambada.
Con voz propia
Caso Zambada: el OVNI, la abducción y el piloto fantasma
También sirvió para que García Harfuch dejara ver la disposición del gobierno al que sirve para negarse a entregar a Rocha Moya, como se le puede escuchar decirlo a él mismo en el vídeo que aparece después de este párrafo.
Cuando García Harfuch concluyó su respuesta, Sheinbaum insistió en que espera que esta semana, a más tardar, la FGR explique las razones por las que extraditó al piloto del avión que transportó a Zambada a su arresto.
Además, este martes sirvió para que Sheinbaum, García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, insistieran en las cifras según las cuales el actual gobierno ha resuelto el problema de la violencia, aunque lo hagan con gráficas y estadísticas que, o se reducen a comparar a Sheinbaum con López Obrador, o eluden hablar de la situación en materia de violencia y/o seguridad pública en los gobiernos de Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas.
En la imagen que aparece después de este párrafo se puede ver cómo la gráfica que Sheinbaum usa inicia su recorrido en 2006, acaso para evitar la incómoda comparación con Vicente Fox o Carlos Salinas.
Quizás sea así porque, cuando se consideran todos los datos disponibles desde que, a finales de los ochenta del siglo pasado se unificaron los criterios para reportar crímenes como el homicidio, la narrativa del gobierno de Sheinbaum se desploma.
Lejos de ser un gobierno que resuelve un problema endémico, es un gobierno que con muchas dificultades y con críticas constantes de distintos organismos, nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, hace todo lo posible por minimizar el alcance de una situación que sigue siendo tan grave como lo era durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Incluso cuando se le compara con Peña Nieto, Sheinbaum está lejos de haber resuelto el problema. Cuando todavía le queda la mitad al mes de julio, el mes 22 de su gestión, su gobierno ya tiene más de tres mil homicidios más de los que reportó Peña, como se puede ver en la gráfica que aparece a continuación, elaborada por TResearch International de México.
Lo que es peor para la narrativa de Sheinbaum, sus números antes de que termine ese mes 22 de su gestión son peores que los de cualquiera de los expresidentes para los que hay registros de ese dato salvo aquel a quien ella misma alude de manera reverencial como “presidente López Obrador” siempre que puede.
Hoy, por ejemplo, lo hizo para refutar la idea de que el gobierno federal no ha ayudado al de Jalisco a hacerle frente a la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Lejos de reconocer la realidad de la violencia en México, Sheinbaum y su equipo preparan elaboradas gráficas, como la que aparece después de este párrafo, que siempre que hay actividades centradas en la política de seguridad pública, se limitan a insistir en esa idea, de la comparación limitada a lo ocurrido en los últimos dos años como el logro al que se aferran mientras hace todo por defender a personajes como los gobernadores Ávila y Rocha Moya y a insistir en reprochar a Estados Unidos y de manera más señalada a Joe Biden el que haya arrestado, como lo hizo, en territorio de Estados Unidos, a Ismael Zambada.
