Los cuestionamientos sobre la actividad política del legislador Arturo Ávila piden determinar si existe promoción electoral anticipada y si cumple con su responsabilidad parlamentaria.
Por Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez
En una democracia, cuestionar a un servidor público no debería considerarse un acto de provocación, sino un ejercicio ciudadano.
Por esa razón, este 10 de agosto presenté tres escritos ante tres instituciones diferentes para poner bajo escrutinio la actividad política que el diputado federal Arturo Ávila Anaya desarrolla en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Uno fue presentado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral; otro, ante la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral de la Ciudad de México; y el tercero, ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Los tres escritos fueron recibidos oficialmente y cada uno plantea una cuestión distinta.
Primera pregunta: ¿estamos ante promoción política anticipada?
La primera denuncia tiene naturaleza estrictamente electoral.
No afirmo que Arturo Ávila sea responsable de una infracción electoral. Solicito que la autoridad investigue si su actividad pública reúne elementos que puedan configurarla.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla el Procedimiento Especial Sancionador para investigar, entre otras conductas, los actos anticipados de precampaña o campaña. Por ello acudí a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
En mi denuncia señalé que Arturo Ávila realiza de manera reiterada actividades públicas en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente las difunde a través de sus redes sociales, particularmente en su cuenta de X, @arturoavila_mx.
La evidencia está en fotografías, videos, publicaciones y mensajes difundidos desde las propias redes sociales del legislador.
Entregué como elementos iniciales de prueba dos publicaciones concretas de X:
También solicité que la autoridad no limite su revisión a esos dos mensajes, sino que examine la cuenta y determine si existe un patrón sistemático y reiterado de posicionamiento político en Cuauhtémoc.
Eso es distinto de afirmar que cualquier visita de un diputado a otra entidad constituye una infracción.
Un legislador puede viajar, reunirse con ciudadanos, participar en actividades políticas legítimas y desarrollar trabajo fuera de la entidad con la que mantiene una vinculación electoral.
Lo que corresponde determinar a la autoridad es dónde termina esa actividad legítima y dónde podría comenzar una estrategia de posicionamiento electoral anticipado.
Un antecedente que debe considerarse
En junio de este año se hizo público que Arturo Ávila había decidido no continuar con sus aspiraciones a la gubernatura de Aguascalientes y que orientaría su proyecto político hacia la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Ese hecho, por sí mismo, no prueba una infracción electoral, pero constituye un elemento de contexto que debe ser considerado al analizar el contenido, frecuencia, temporalidad y finalidad de las actividades que el legislador realiza y difunde en esa demarcación.
Una cosa es que un diputado federal realice actividades políticas fuera de su entidad de origen. Otra es que, después de hacer pública su intención de orientar su proyecto hacia una alcaldía determinada, mantenga en esa misma zona una presencia constante y cuidadosamente difundida mediante sus redes sociales.
Eso merece ser investigado.
Segunda pregunta: ¿qué ocurre en la Ciudad de México?
Por esa razón acudí también al Instituto Electoral de la Ciudad de México. La conducta denunciada ocurre, según los hechos que expuse, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde además resido.
Como ciudadano de esa demarcación, tengo derecho a observar, cuestionar y acudir ante las instituciones competentes cuando considero que existen hechos que deben ser revisados.
No estoy pidiendo al IECM que adopte de antemano mi interpretación. Solicito que examine las publicaciones, certifique los videos, determine fechas y lugares, analice las expresiones utilizadas y establezca si existe algún elemento electoralmente relevante.
Si concluye que alguna parte del asunto corresponde a otra autoridad, deberá remitirla a la instancia competente. Una cuestión de competencia no debería convertirse en una excusa para no investigar.
Tercera pregunta: ¿y el diputado cuándo trabaja como diputado?
El tercer escrito plantea quizá la cuestión política más incómoda.
Fue presentado ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aquí la pregunta no tiene tintes electorales, sino parlamentarios.
Arturo Ávila ocupa un cargo de diputado federal por el principio de representación proporcional. Por ello considero legítimo preguntar cuál ha sido su desempeño como legislador.
¿Cuántas sesiones del Pleno ha atendido? ¿Cuántas intervenciones ha tenido? ¿Cuántas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo ha presentado? ¿Cuál es su participación en comisiones? ¿A cuántas reuniones ha asistido? ¿Cuál es, en términos verificables, su actividad legislativa?
Actividad legislativa de Arturo Ávila
Los registros oficiales de la Cámara de Diputados muestran que Arturo Ávila presentó 18 iniciativas durante el periodo revisado de la LXVI Legislatura. De ellas, 16 permanecían pendientes y dos habían sido retiradas en el último corte disponible; ninguna figuraba como aprobada. En otros periodos se localizaron al menos tres iniciativas adicionales, cuyo trámite y resultado requieren revisión individual.
También se identificó una proposición con punto de acuerdo, sin que la consulta permita establecer cuál fue su resolución.
En materia de asistencia, los registros muestran ausencias en sesiones y votaciones concretas. Una de ellas ocurrió durante la votación del Presupuesto de Egresos del 4 de noviembre de 2025. (Nota del editor).
No estoy pidiendo propaganda política a la Cámara de Diputados. Estoy solicitando datos objetivos. Los registros parlamentarios existen. Si el diputado trabaja intensamente como legislador, esos documentos deben demostrarlo.
Una cuestión geográfica que debe aclararse
Existe además otro aspecto relevante. Arturo Ávila es diputado federal de representación proporcional y su vinculación electoral corresponde a Aguascalientes, no a la alcaldía Cuauhtémoc.
Eso no significa que tenga prohibido desarrollar actividades en la Ciudad de México. No existe tal restricción automática. Pero sí es legítimo preguntar por qué una parte importante de su actividad política se desarrolla precisamente en Cuauhtémoc, sobre todo después de que hizo pública su intención de orientar hacia esa alcaldía su proyecto político.
Los contribuyentes pagamos el sueldo del diputado
En este punto quiero ser preciso: esta parte no constituye una acusación jurídica, sino mi posición personal como ciudadano y contribuyente.
No estoy de acuerdo en mantener con mis impuestos a un servidor público que, si se comprobara que no cumple adecuadamente con las responsabilidades inherentes a su cargo, estuviera utilizando esa posición para desarrollar actividades distintas de aquellas para las cuales fue elegido.
Lo digo en términos deliberadamente fuertes: no estoy dispuesto a mantener a un “parásito vividor” con mis impuestos.
Es una expresión de opinión política y ciudadana. Ninguna autoridad ha declarado que Arturo Ávila sea un “parásito” ni existe una resolución que determine que incumple con su trabajo parlamentario.
Precisamente por eso solicité revisar los registros oficiales.
Si demuestran que cumple cabalmente con sus responsabilidades, debe hacerse público. Si revelan una intensa actividad legislativa, también. Si su presencia en Cuauhtémoc corresponde a actividades legítimas, que así lo determine la autoridad.
Pero si existen elementos que indiquen que el cargo está siendo utilizado para construir anticipadamente una candidatura o posicionamiento electoral, las instituciones deberán actuar conforme a derecho.
El dinero público no pertenece a los políticos
Hay una cuestión de fondo que no debe perderse. Los legisladores reciben una remuneración con cargo al presupuesto público, integrado, entre otras fuentes, por los recursos que aportamos los ciudadanos.
Por eso nadie debería tener que pedir disculpas por preguntar qué hace un legislador, cómo cumple su función, dónde trabaja, qué resultados tiene, cuánto participa en las tareas parlamentarias y qué actividades desarrolla fuera del Congreso.
Eso no es persecución. Es rendición de cuentas.
No es una cuestión de Morena contra la oposición
Tampoco pretendo convertir este asunto en una disputa partidista. Si Arturo Ávila perteneciera al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano o a cualquier otra fuerza política, mi cuestionamiento sería el mismo.
Un cargo público no puede convertirse en patente de impunidad política y el color partidista no debería determinar el nivel de escrutinio.
El principio debe ser universal: quien recibe dinero público debe estar dispuesto a rendir cuentas sobre el ejercicio de la responsabilidad que le fue confiada.
Tres instituciones, tres responsabilidades
Por eso presenté los tres escritos. Ante el INE, solicité que se determine si los hechos denunciados pueden constituir actos anticipados de campaña u otra infracción electoral.
Ante el IECM, pedí que se establezca si existe alguna conducta sancionable dentro de su ámbito de competencia en la Ciudad de México.
Y ante la Cámara de Diputados, solicité que se revise, dentro de sus atribuciones, el desempeño parlamentario objetivo del legislador y se dé trámite a la petición correspondiente.
No son tres denuncias idénticas. Son tres vías institucionales para examinar tres cuestiones diferentes.
Ahora corresponde a las instituciones
Mi responsabilidad como ciudadano llegó hasta donde debía llegar.
Observé hechos que considero relevantes, los documenté, identifiqué publicaciones, presenté escritos, aporté enlaces, solicité certificaciones y pedí investigaciones.
Los tres documentos fueron recibidos oficialmente el 10 de agosto de 2026, como acreditan los acuses correspondientes.
A partir de ahora, la responsabilidad corresponde a las instituciones.
El INE deberá determinar el trámite electoral; el IECM, resolver lo que corresponda dentro de sus atribuciones; y la Cámara de Diputados, dar una respuesta institucional a la petición presentada.
No pido que nadie sea condenado por decreto ni pretendo sustituir a las autoridades. Pido que se investigue.
La democracia también consiste en incomodar al poder
Quizá esa sea la conclusión más importante.
La democracia no consiste únicamente en acudir a votar. También implica observar qué hacen los funcionarios después de ser electos, formular preguntas, exigir cuentas y presentar denuncias cuando existen elementos que justifican una investigación.
También implica aceptar el resultado cuando las instituciones actúan conforme a derecho.
Si las autoridades determinan que Arturo Ávila no cometió ninguna infracción, esa resolución deberá respetarse. Si encuentran elementos suficientes para acreditar una conducta contraria a la legislación electoral, tendrán que actuar.
Y si la Cámara de Diputados demuestra que el legislador cumple puntualmente con sus responsabilidades parlamentarias, también deberá quedar registrado.
Lo que no acepto es que la ciudadanía tenga que permanecer callada.
El dinero público no pertenece a los políticos. Pertenece a la nación.
Quienes ocupan cargos públicos tampoco hacen un favor al ciudadano cuando trabajan. Cumplen con una obligación para la cual fueron elegidos y por la que reciben una remuneración del erario.
Por eso presenté mis denuncias: para que las instituciones miren, investiguen y respondan.
Si al final resulta que mis cuestionamientos eran infundados, lo reconoceré. Pero mientras existan hechos que razonablemente ameriten ser examinados, no pienso guardar silencio.
Una ciudadanía que paga impuestos, observa y pregunta no es una ciudadanía incómoda. Es una ciudadanía viva.
Y una democracia que no soporta las preguntas de sus ciudadanos tiene un problema mucho más grave que cualquier denuncia.
Ahora corresponde a las instituciones dar las respuestas.
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