Los despidos en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) exhiben una contradicción de fondo: quienes fueron encargados de defender derechos laborales y humanos hoy enfrentan ceses, presiones y abandono institucional.
Por Alejandro Garduño Real
Mi solidaridad con los compañeros defensores públicos federales, asesores jurídicos y personal administrativo que en estos momentos enfrentan un despido injustificado.
Yo viví esa situación en carne propia. Sé lo que se siente estar en ese lugar. Es lamentable que personas sin corazón ni sensibilidad se aprovechen de la vulnerabilidad de unos, en algunos casos, de manera más grave que en otros.
En lo personal, a mí me cesaron injustificadamente de mi cargo como Defensor Público Federal por no ceder a presiones, no aceptar sobornos y no prestarme a los caprichos de quienes piensan que, con poder y dinero, pueden hacer y deshacer con la justicia para beneficiarse.
Mis padres me inculcaron principios y valores. Por eso me siento satisfecho con mi trabajo. Como abogado de Jacobo Tagle Dobin, víctima del caso Wallace, presenté en su momento pruebas supervenientes que ayudaban a esclarecer el caso.:
También aporté investigaciones relacionadas con la muestra de ADN realizada al señor Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para compararla con la gota de sangre encontrada en el departamento de los supuestos hechos. Del análisis resultó que correspondía a un perfil femenino y no al supuesto occiso Hugo Alberto Wallace Miranda.
Estas pruebas forman parte de la investigación de Guadalupe Lizárraga, periodista independiente y de renombre, autora de la investigación sobre el falso caso Wallace.
Aporté esas pruebas para esclarecer que los acusados y sentenciados no participaron en el supuesto secuestro. De haberse perpetrado el asesinato, mis defendidos y los demás encausados estaban siendo acusados falsamente, porque no fueron quienes cometieron el secuestro ni la muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Mis antecesores en la defensa no quisieron aportar esas pruebas supervenientes por temor a la señora Wallace. Sin embargo, yo tomé la decisión de exhibir esas documentales, consciente de que los acusados y sentenciados eran inocentes. De no ofrecer dichas pruebas, yo podía convertirme en partícipe del montaje, la fabricación y la manipulación del caso. Además, las víctimas podían permanecer encarceladas por más de 70 años, aunque algunas de ellas llevan ya más de 20 años privadas de la libertad injustamente.
Cabe mencionar que mi trabajo y las pruebas supervenientes que aporté al expediente sirvieron de base para que Brenda Quevedo Cruz obtuviera su libertad.
Eso me costó terminar mi carrera como abogado y Defensor Público Federal, debido a las presiones y persecuciones de Netzaí Sandoval Ballesteros y Wallace. Netzaí manifestó que la señora María Isabel Miranda de Wallace era una figura pública y que no se podía manchar su imagen.
Ningún defensor público debe ser castigado por cumplir con su deber ni obligado a elegir entre conservar su empleo y defender la verdad del expediente.
