El acoso por defender la verdad en el falso caso Wallace, llevó a Alejandro Garduño a pedir asilo político en Estados Unidos.
Por Alejandro Garduño Real
Por este juicio, conocido ya como “el falso caso Wallace”, mi carrera como abogado en México fue truncada. Sin embargo, como profesional del derecho, me enorgullece no haber cedido a las intimidaciones de la hoy occisa María Isabel Miranda Torres —mejor conocida como "la señora Wallace"—, ni a las presiones del que considero uno de los personajes más corruptos de la autodenominada Cuarta Transformación: Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Cuando me refiero a Netzaí, hablo del mismo que en su momento cargaba el portafolio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras ambos simulaban haber interpuesto una denuncia contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa ante la Corte Penal Internacional. Netzaí, junto con su equipo dentro del IFDP, acompañado de Salvador Leyva Morelos, fue quien ordenó mi cese como Defensor Público Federal, únicamente por negarme a aceptar sobornos y, además, por haber presentado una solicitud de cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, así como la admisión de pruebas supervivientes cruciales para desmontar el caso Wallace.
Entre esas pruebas, figura un estudio de ADN practicado al señor Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, el supuesto secuestrado. Dicha prueba, al ser comparada con la gota de sangre hallada en el departamento donde supuestamente ocurrió el crimen, reveló que el rastro genético correspondía a una mujer, y no a Hugo Alberto. Esto demostraba que el presunto secuestro y descuartizamiento era, en realidad, una fabricación, y que, en todo caso, las personas acusadas no fueron los autores del crimen.
Netzaí Sandoval sostenía que yo debía haberlo notificado de cualquier promoción o escrito presentado, argumentando que la señora Wallace era una figura pública cuya imagen no debía ser afectada. Sin embargo, la ley me confería autonomía procesal para aportar pruebas en juicio, especialmente aquellas que pudieran conducir a la verdad y a la justicia.
Aporté pruebas supervenientes que sirvieron de base para que los implicados en el caso Wallace, pudieran obtener su libertad absolutoria, ello fue contundente para que primero Brenda Quevedo Cruz, obtuviera su libertad y ahora Juana Hilda González Lomelí, de lo cual se advierte que correrán con la misma suerte los demás implicados entre ellos mi exrepresentado Jacobo Tagle Dobin.
Si yo hubiera cedido a los sobornos o presiones, Jacobo habría sido condenado a más de 70 años de prisión, como ocurrió con los demás coacusados. Aceptar eso habría sido traicionar mi juramento como abogado y pisotear los principios y valores que me inculcaron mis padres.
Pero en este país, a los corruptos no se les castiga, se les premia. Netzaí Sandoval, pese a su historial de nepotismo y manipulación institucional, fue designado recientemente como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Todo esto ocurre a plena luz pública, como si el mérito consistiera en encubrir la verdad y destruir trayectorias honestas.
