El Estado no puede suprimir derechos fundamentales por decisión política ni convertir la seguridad pública en argumento para desconocerlos.
Por Itsmania Platero
«La violencia es el reconocimiento vergonzoso de la seguridad de no poder hacer nada porque no se tiene la razón y no queda más remedio que imponerla».
—Itsmania PlateroEl diputado liberal Francis Cabrera declaró: «Hay un conflicto entre bajar la edad punible con los derechos humanos. La solución podría ser eliminar los derechos humanos de Honduras, si en realidad éstos no nos ayudan».
Ante estas declaraciones, que circulan a nivel nacional e internacional, quiero dejar constancia de lo que significa que un representante del Congreso Nacional plantee eliminar o desconocer los derechos humanos en Honduras.
Ante las declaraciones y amenazas que circulan a nivel nacional e internacional contra la propuesta de «eliminar defensores de derechos humanos y abogados», una afrenta directa, amenaza, coacción, intimidación y apología del odio que pretende justificar las malas acciones de algunos diputados vinculados con actos ilegales, delitos que prevalecen en completa impunidad.
Quiero dejar constancia de los argumentos que irresponsablemente repite «un padre de la patria»; en otro sentido, sería un diputado.
Para que se entienda más fácilmente: los derechos humanos los violenta el Estado representado por sus funcionarios; es el criminal el que obliga al pueblo a huir.
Si un diputado del Congreso Nacional propone «quitar» o desconocer los derechos humanos en Honduras, incurre en graves delitos en el marco legal nacional e internacional. «Ningún poder del Estado ni funcionario tiene la potestad jurídica de anular el bloque de constitucionalidad que protege los derechos fundamentales».
El salario base mensual de un diputado propietario del Congreso Nacional es de L 90,892.42 (aproximadamente 3,372 dólares), mientras que los diputados suplentes ganan L 54,535.50 (unos 2,024 dólares), o hasta L 72,713.94 (aproximadamente 2,698 dólares).
En comparación, los salarios de los empleados con menores ingresos oscilan entre L 9,596.64 (unos 356 dólares) y L 13,654.55 (aproximadamente 507 dólares), este último en el sector financiero.
Aun bajo estados de excepción o emergencia, existen derechos de cada persona que no prescriben y son inderogables, por lo que nunca pueden suspenderse: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el debido proceso y el principio de legalidad.
El interés por el dinero permite al vicioso dar tumbos de viejo enfermo.
Crecimos con la idea de que el Estado es el padre; el resto de los poderes, los hermanos de una familia que sería el pueblo. Cada Estado tiene una agencia que protege los intereses de sus hijos. Bajo ese contexto, los hondureños estaríamos viviendo en un hogar disfuncional, con un «mal padre» que sólo genera ingresos para su provecho personal, sin protección para sus hijos, sean buenos o malos y tengan pieles diferentes.
En Honduras, se estima que 423,845 personas han sufrido desplazamiento interno.
Una larga cadena de impunidad suma incansables cifras. Manoseadas, pasan de mano en mano; a diario aumentan la corrupción y, con ello, se fortalecen la inseguridad y la impunidad.
Para el año 2026, la Secretaría de Finanzas proyecta una recaudación de 6,100 millones de lempiras mediante la Tasa de Seguridad Poblacional (Fondo de Protección y Seguridad Poblacional).
La corrupción es la que convoca a los más violentos y corruptos, haciendo de la impunidad una empresa onerosa «para la sociedad, para los delincuentes y para las víctimas».
La sociedad recibe su provecho porque, con el dinero del pueblo, se pagan costosos operativos que pueden rondar los 10 millones de lempiras, con un capital humano de 200 hombres cada uno. Esto no incluye los salarios de policías, jueces, fiscales, personal de Medicina Forense, camilleros y morgueros. Todos éstos ya no miran en la víctima a un ser humano, sino un caso que genera el salario con el cual comen sus hijos. Al final, los presidios son un gran negocio.
Para el delincuente, la retribución debe ser lo suficientemente grande para costear sus gastos, pagarse un abogado y, si es necesario, testigos; y, de caer en prisión, contar con lo indispensable para sobrevivir con un poquito de dignidad frente a un sistema que no ofrece a la sociedad la retribución de un hombre formado para ser agente de cambio.
La víctima no sólo asume los gastos de la sociedad y del Estado, sino que «pone, además, el muerto», el dolor y las lágrimas. También le toca pagar el sepelio, cuyo precio oscila alrededor de 1,500 dólares estadounidenses, el más barato, y el de clase media no baja de 4,000 dólares.
Esta cadena de sobrevivencia de la corrupción fortalece la impunidad y la ficción de una falsa protección que pretende vendernos seguridad y orden.
Si el delito no se castiga y no se tiene claro quiénes serán los castigados, la impunidad será una constante que permitirá a distintos grupos hacer de la violencia y de la corrupción una cobija que esconderá sus malas acciones.
Los múltiples crímenes y el encarcelamiento de muchos, entre los cuales hay quienes alegan inocencia, son la mejor demostración de la impunidad que retrata la ola de violencia que vivimos y que se combate con más violencia.
Otra tarea es alimentar a los corruptos, quienes se vuelven insensibles ante el dolor ajeno. Difícil será encontrarnos en la vida con la justicia y su accionar marcado por la moral.
Para el caso, los costos de un operativo de seguridad podrían mantener a muchos hombres y mujeres vivos en «un hospital que retrata ser el primer muerto. Aquí no hay cadena de custodia, no hay evidencia, ni siquiera huella; un escenario criminal muy limpio, incluyéndonos a nosotros dos».
