Los abusos sexuales en la arquidiócesis de Nueva Orleáns

Religión y vida pública

por Rodolfo Soriano-Núñez

Diez meses después de que la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, anunciara que investigaba el alcance del abuso sexual ocurrido en Nueva Orleáns y las otras seis diócesis del estado de Luisiana (Alexandria, Baton Rouge, Houma-Thibodaux, Lafayette, Lake Charles y Shreveport), los efectos de ese anuncio empiezan a advertirse. Entre los más notables se encuentra la decisión del juez Greg Girard Guidry de abstenerse en un juicio que involucra a la arquidiócesis de Nueva Orleáns. Su decisión, sin embargo, ocurre luego de que ha participado en otros juicios en los que además de fallar a favor de la arquidiócesis, le ha donado al menos 50 mil dólares.

Esas donaciones ocurrieron luego de que Donald Trump le nombrara como juez federal en 2019. Guidry había sido antes fiscal estatal y federal. Luego fue electo juez de la corte de apelaciones del Quinto Circuito en 2006. En 2008, fue designado ministro del Tribunal Superior de Justicia de Luisiana, cargo que ostentó de 2009 a 2019 y de donde pasó a ocupar su actual cargo como juez de distrito federal.

Al mismo tiempo que construía su carrera como fiscal y juez, Guidry consolidó una relación con la arquidiócesis de Nueva Orleáns que puede rastrearse, por lo menos, al inicio de este siglo cuando se desempeñó, desde 2000, como miembro del directorio de Catholic Charities de ese arzobispado. Esa relación fue detallada por un reportaje publicado este viernes 21 de abril por The Associated Press (AP) que describe la manera en que la diócesis recibió al menos los 50 mil dólares ya referidos, al mismo tiempo que el ahora juez federal resolvía casos según un patrón que favorece a las diócesis del estado de Luisiana y castiga a las víctimas de abuso al fijar criterios difíciles de cumplir para ellas y, de manera más notable, para sus abogados.

Uno de los casos más notables es el haber ratificado una multa de 400 mil dólares contra Richard Trahant, un abogado especializado en la atención de víctimas de abuso sexual, que fue acusado de violar una orden de confidencialidad cuando le advirtió al director de una escuela que había contratado a un sacerdote culpable de abuso sexual. La multa le fue impuesta en octubre de 2022, como se puede ver en esta nota del diario británico The Guardian.

Cuando Trahant violó esa orden de confidencialidad, a finales de 2021, quería evitar que la escuela Brother Martin contratara como capellán a Paul Hart, un sacerdote que había besado y manoseado a una estudiante del colegio Mount Carmel Academy en 1990, mientras se desempeñaba en un cargo similar en otra escuela católica de la zona metropolitana de Nueva Orleáns. Así lo informaba en enero de 2022 un portal de noticias local, cuyo acceso lamentablemente requiere de una subscripción.

Aunque la víctima no denunció en 1990, 22 años después, se enteró que Hart había sido asignado para prestar sus servicios en la escuela en la que entonces estudiaban sus hijos. Ella presentó entonces la denuncia y la arquidiócesis hizo una investigación que concluyó un año después. El arzobispado admitía la culpa de Hart por haber violado la norma relativa al celibato. Sin embargo, dado que la víctima tenía entonces 17 años, se amparó en las normas eclesiásticas vigentes en los noventa. En ese entonces, se consideraba que a los 16 años una persona podía decidir si aceptaba o no sostener relaciones. Esas normas han sido reformadas y ahora se considera que es hasta los 18 años cuando puede decidir.

El riesgo

La arquidiócesis sabía que Hart había sido sido acusado y que él había aceptado ser culpable y, a pesar de ello, permitió que en 2017 la escuela Brother Martin le contratara como capellán. Fue por eso que el abogado Trahant informó al director de esa escuela, que es su primo, del riesgo implícito en la contratación. También le informó al reportero Bruce Nolan, entonces con The New Orleans Times-Picayune y ahora con The Guardian, de que “observara a Hart”.

La orden de confidencialidad había sido impuesta originalmente por la juez Meredith Grabill, como responsable del juicio de bancarrota. Cuando ella supo de la advertencia de Trahant al director de la escuela Brother Martin y de la sugerencia al reportero Nolan de “observar” a Hart, impuso la multa de 400 mil dólares que luego sería ratificada por el juez Guidry en mayo de 2020.

La arquidiócesis de Nueva Orleáns promovió el juicio de bancarrota para proteger sus activos luego de que, en 2009, fue obligada a pagar cinco millones de dólares por abusos ocurridos en orfanatorios administrados por la Iglesia Católica en Luisiana. En Luisiana uno de cada cuatro habitantes es católico, de modo que cuenta con poco menos de un millón 200 mil católicos en total, que, distribuidos en las siete diócesis católicas arrojan un promedio de poco más de 165 mil personas, por diócesis, muy inferior al que se observa, por ejemplo, en México, donde cada diócesis tiene en promedio medio millón de católicos. La cifra es un reflejo de la relativa prosperidad de la Iglesia católica en ese estado de la costa del Golfo de México.

Aunque la cifra de cinco millones pagada en 2009 podría parecer significativa, no cubre el daño perpetrado por los depredadores asociados a la Iglesia católica en Luisiana. Lo que es peor, esa cifra palidece ante lo que se estima ha sido el costo de la compleja estrategia de defensa de las diócesis católicas de ese estado que, de acuerdo al diario británico The Guardian sería, sólo en el caso de Nueva Orleáns, del orden de 19 millones de dólares. Y palidece más al considerar el monto del efectivo y las inversiones a disposición de la arquidiócesis que, de acuerdo con la AP, serían del orden de los 160 millones de dólares.

Cuando Trahant se defendió para no pagar la multa de 400 mil dólares, se abrió una nueva instancia del proceso y fue en ese punto que Guidry intervino, ya en su condición de juez de distrito federal. En marzo de este año ratificó el castigo impuesto orginalmente por la juez Grabill contra Trahant, quien es considerado en la vida pública en Nueva Orleáns y el estado de Luisiana, un “prominente adversario” de la jerarquía católica en ese estado de la Unión Americana.

Pero si Trahant es “prominente” por su activismo a favor de las víctimas de abuso sexual, también son notorios los aliados de las diócesis católicas de Luisiana. Entre los más notables se encuentra la franquicia local de futbol americano, los así llamados Santos o Saints de Nueva Orleáns de la National Football League.

En enero de 2020, mientras se discutía, entre otros muchos casos, el de Hart como capellán en la escuela Brother Martin, la misma AP informó de la manera en que las áreas de comunicación y relaciones públicas de los Santos de Nueva Orleáns habían hecho tareas de apoyo a favor de la arquidiócesis. La misma AP, días después, publicó otro reportaje que daba cuenta de los profundos vínculos que existían entre la arquidiócesis y la familia propietaria de los Santos, encabezada hasta su muerte en 2018 por Tom Benson, y luego de ese hecho, por su esposa Gayle. Hasta 2020, además del apoyo de las áreas de comunicación del equipo deportivo, los Benson habrían donado al menos 62 millones de dólares a las diócesis católicas de Luisiana. Esa cifra debe verse a la luz del estimado de su fortuna que hizo la revista Forbes poco antes de su muerte en 2018, que fue del orden de tres mil millones de dólares.

Además, están las donaciones que hizo a los hospitales administrados por la Iglesia en el Sur de Estados Unidos, así como los recursos que ofreció a la Universidad del Verbo Encarnado, ubicada en San Antonio, Texas, cuyo estadio deportivo lleva los nombres de los Benson. A cambio de sus generosas donaciones, los Benson habrían tenido la oportunidad de tener encuentros personales con el papa Benedicto XVI quien, en 2011, les recibió en Roma. Un año después, el mismo Benedicto les confirió la presea Pro Ecclesia et Pontifice, una pequeña medalla con las imágenes de los apostóles Pedro y Pablo. Es la más alta condecoración a la que puede aspirar un laico católico y reconoce a quienes se distinguen por obras que son importantes para la Iglesia y el papa.

Las áreas de comunicación de los Santos de Nueva Orleáns ayudaron a la arquidiócesis luego de que la entidad religiosa fue obligada a publicar en 2018 una lista con 57 clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual, como parte de la respuesta de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la USCCB para esclarecer el alcance de la crisis de abusos sexuales. La veracidad de la lista, cuya versión original se puede consultar aquí, fue cuestionada de inmediato por las víctimas, sus familiares y aliados, pues excluía a clérigos que habían sido ya para entonces denunciados. Uno de los excluidos era justamente Hart, además de otros 19 clérigos.

El epicentro

Como resultado de esas exclusiones, la arquidiócesis de Nueva Orleáns y sus seis diócesis sufragáneas, es decir, subordinadas en el estado de Luisiana han debido reconsiderar sus afirmaciones sobre estos temas y emiten, de cuando en cuando, agregados a esas listas de “clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual”. Antes de la lista de 2018, en 2014, la diócesis de Lafayette, una de las sufragáneas de Nueva Orleáns, debió admitir que la información que había dado a conocer más de 30 años antes, en el marco del juicio en 1983 a Gilbert Gauthe, estaba incompleta o era insuficiente.

Esa diócesis es especialmente importante en la historia de la crisis por los abusos sexuales a manos del clero en Estados Unidos porque es una suerte de epicentro de la crisis. El de Gauthe fue, además, el primer caso en el que se pudo confirmar la existencia de un depredador serial que había actuado con el conocimiento de sus superiores, que simplemente le cambiaban de adscripción cuando alguien presentaba una denuncia. Fue así que Gauthe pudo abusar—oficialmente—de 37 menores, aunque en los hechos se estima que lo habría hecho con un mínimo de 70.

En 2014, la diócesis de Lafayette aceptó que antes de Gauthe hubo otros depredadores. Entre otros, Robert Limoges y Harry Quick quienes, como ocurrió con Gauthe, pudieron depredar a docenas de menores gracias a que el entonces obispo Gerard Louis Frey, simplemente cambiaba a los sacerdotes acusados por los fieles de una parroquia a otra o de una parroquia a una obra, sin resolver las causas de fondo, sin atender las quejas de las víctimas y sin informar a las autoridades civiles.

Para enfrentar la crisis en Lafayette, Juan Pablo II envió en 1986, dos años después del juicio a Gauthe, al obispo Harry Flynn. Estuvo ahí ocho años y, en teoría, reorganizó la diócesis. Gracias a ello, Juan Pablo II le premió nombrándolo arzobispo coadjutor de Saint Paul y Mineápolis en el estado de Minnesota, otra diócesis donde también había ya para entonces noticias de problemas. Lejos de haber aprendido de los errores cometidos en Lafayette, Flynn repitió el mismo modelo, lo que llevó a esa arquidiócesis del norte de Estados Unidos a una crisis similar que, como ocurre ahora con Nueva Orleáns, se resolvió en una corte federal de bancarrota en 2018. Al final, la arquidiócesis de Saint Paul y Mineápolis pagó, luego de 41 meses de litigio, más de 210 millones de dólares a las víctimas de abuso.

Aunque no es claro aún el alcance de las relaciones entre Guidry y la arquidiócesis de Nueva Orleáns, actualmente bajo el mando del arzobispo Gregory Michael Aymond, se espera que una vez que el FBI ofrezca los resultados de su investigación sobre el alcance de los abusos en las diócesis de Luisiana emergerá una compleja red de relaciones entre Guidry y otros jueces, tanto federales como estatales, que han tenido un papel en garantizar impunidad tanto a los clérigos, católicos o de otras denominaciones, como también protección a las siete diócesis.

Uno de esos jueces es Jay Zainey, quien en 2018 emitió una serie de fallos y sentencias sobre el grado de participación que el equipo de comunicación y relaciones públicas de los Saints de Nueva Orleáns tuvo en el apoyo a la arquidiócesis de esa ciudad. Lo que es peor, como hace ver el texto de AP, la semana pasada Zainey declaró inválida una ley estatal que hubiera permitido que las cortes de Luisiana conocieran los casos de abuso sexual que han prescrito. La decisión es más difícil de comprender cuando se considera que otros estados, Nueva York, Nueva Jersey y California, entre otros, han aplicado ese tipo de reformas, las llamadas look-back windows, para permitir denuncias retroactivas de casos de abuso sexual.

Intercambios

En una entrega previa de esta serie Religión y vida pública, se consideró el papel que el catolicismo de extrema derecha ha tenido en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Como se hacía ver en ese texto, hay complejos intercambios de bienes materiales de la derecha hacia funcionarios públicos como Clarence Thomas, pero además de esos intercambios materiales hay otros de orden simbólico en los que el apoyo de la jerarquía católica puede ser determinante en elecciones muy competidas.

La jerarquía católica, a su vez, se beneficia de esos apoyos que ofrece a políticos y funcionarios, al legitimarlos a ellos, pero también al legitimar a quienes financian esa forma de entender el mundo. En el caso de Thomas, el cuestionado ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, es claro que quien le financia es Harlan Crow, gracias a los viajes para actividades recreativas y profesionales. Pero también es necesario considerar otro aspecto de la relación entre Crow y Thomas,  que es de los intercambios simbólicos. Crow, por ejemplo, también pagó el monumento, el símbolo, que celebra a la monja que fue profesora de Thomas. Y más recientemente, está la idea adelantada por Crow de que compró y restauró la casa de Thomas en Georgia, porque desea construir un museo que celebre la memoria de Thomas, además de que ha permitido que siga viviendo ahí la madre del ministro.

En subsecuentes entregas de esta serie seguiré dando cuenta de las complejidades de las relaciones entre las jerarquías religiosas y otras élites, tanto políticas como económicas, que dan forma al mundo como lo percibimos ahora. Ello es especialmente importante en el caso de los abusos sexuales. Sea en Alemania, México, Estados Unidos o Chile, el vínculo está ahí. Los abusos permiten observar cómo operan esos intercambios y qué se intercambia. También ayudan a comprender qué papel desempeñan las instituciones y qué tan resistentes son o no a los acuerdos informales que jerarcas religiosos, empresarios y políticos traban al intercambiar bienes materiales o simbólicos, mantener una cierta idea de orden y beneficiarse de ese orden.

Un ejemplo de esos intercambios y de cómo la jerarquía religiosa legitima las decisiones de las élites de la política o de la economía se puede observar en los vínculos entre el arzobispo Aymond, el finado dueño de los Santos, Tom Benson, y su ahora viuda, la señora Gayle Marie LaJaunie Bird Benson. La señora logró que su primer matrimonio católico fuera anulado. Logró también que su segundo matrimonio civil fuera ignorado por la jerarquía católica, de modo que le fuera posible casarse, por lo civil y lo religioso, con Benson. Tom Benson también había estado casado con otras dos personas antes, pero enviudó en ambos casos.

Cuando Tom Benson quiso redactar su última voluntad, que implicaba desconocer a una de sus hijas de uno de sus matrimonios previos, con quien sostenía una amarga relación, contó con la presencia y la firma del arzobispo Aymond como testigo del testamento, lo que aseguró a los ojos de la alta sociedad de Nueva Orleáns la legitimidad del documento. Que la decisión de Benson planteaba problemas lo confirmaron las notas de prensa que hablaban de posibles retos al testamento del magnate luego de su muerte en marzo de 2018. En ese sentido, la firma del arzobispo Aymond fue una suerte de garantía adicional de que su voluntad se cumpliría.

Quienes en este punto crean que la solución a estos problemas es el Estado laico, harían bien en reconocer que es una salida que no resuelve los problemas de fondo. Los tres países que más alardean el carácter laico de sus instituciones, Francia, Uruguay y México, enfrentan los mismos o peores problemas, al menos en materia de abusos, que Estados confesionales, como Perú, Costa Rica o el Reino Unido.

Aunque Estados Unidos no hace alarde de la laicidad, lo hace de la prohibición expresa contenida en la Primera Enmienda de su Constitución para que una religión se convierta en la religión del Estado. Esa prohibición no ha impedido realidades como la relatada en este texto. Fue más bien la independencia de los medios de comunicación, incluidos aquellos que se declaran a sí mismos como católicos, lo que permitió que se denunciara a depredadores como Gauthe. Sin ese elemento, como lo demuestran los muchos abusos cometidos por Marcial Maciel en México, y de los que nadie hablaba en los setenta y ochenta, cuando en Estados Unidos ya se publicaban textos sobre Gauthe, seguiríamos sin los pequeños avances logrados hasta ahora.

Actualización al 29 de abril de 2023

La tarde del viernes 28 de abril, el juez Guidry publicó un comunicado en el que anunciaba que se abstendría de participar en el caso por el que ratificó una multa de 400 mil dólares al abogado Trahant. Su decisión abre la puerta a que otros involucrados en las más de 500 demandas por abuso sexual en Nueva Orleáns presenten recursos de apelación. Así lo informó The Associated Press el sábado 29 de abril.