La CEAV acumula miles de expedientes sin resolver y deja sin garantías de no repetición a quienes denuncian abusos institucionales.
- Trato impersonal e insensible
- Lentitud en los trámites
- Dictámenes sin medidas integrales de reparación
Los Ángeles Press
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dirigida por Martha Yuriria Rodríguez Estrada, acumula más de 22 mil personas registradas, muchas de ellas sin una resolución sobre los daños que les fueron causados. A la falta de respuesta se suman denuncias por un trato distante, insensible y, en algunos casos, despectivo.
La periodista Cinthya Alvarado Enríquez, proveniente de Tapachula, Chiapas, acudió personalmente a las instalaciones de la institución después de intentar comunicarse por teléfono y correo electrónico sin obtener respuesta.
—Llamas y llamas y nadie atiende. Mandas correos y nadie contesta. Vine personalmente para solicitar que me escucharan y me cerraron las puertas. Es humillante. Hasta pedí permiso para pasar al baño y me lo negaron —denunció.
El Comité Evaluador de la CEAV debe analizar cada caso y establecer medidas de reparación para quienes hayan sido reconocidos como víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. De acuerdo con la Ley General de Víctimas y con diversos instrumentos internacionales, esas medidas deben incluir el acceso a la verdad, garantías de no repetición, una indemnización por los daños materiales y morales, así como el reconocimiento público de la responsabilidad.
Alvarado Enríquez sostuvo que el dictamen emitido en su caso no cumple con esos criterios.
—No hay integralidad en el dictamen de la CEAV. No se establece siquiera una consecuencia política para que los funcionarios responsables o las instituciones den la cara y reconozcan el daño o la violación a los derechos humanos. Nada los detiene porque difícilmente reciben una sanción penal —señaló.
La periodista considera que la falta de aplicación efectiva de la ley también favorece la repetición de los abusos, pues los funcionarios involucrados no enfrentan límites claros ni consecuencias por sus actos.
En su caso, afirmó, las agresiones continuaron.
—Mis agresores volvieron a fabricar delitos. El Instituto Nacional de Migración me inculpó, junto con el activista Luis Rey García Villagrán y el padre Heyman, de integrar una red de delincuencia organizada por nuestro apoyo a personas migrantes —explicó.
Alvarado Enríquez acusó que la tardanza burocrática de la CEAV impidió que se dictaran medidas de no repetición y dejó a los responsables en condiciones de continuar actuando.
—Apoyan al victimario, no a la víctima —concluyó.
