Ignacio García Martes, 29 de Octubre del 2024
Foro Público
México es uno de los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo en el mundo, que, según organizaciones como Artículo 19, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, sólo es menos peligroso que las naciones que están en guerra, y la mayoría de las agresiones cometidas contra los profesionales de la información son producidas por el Estado.
La precariedad laboral en la que se encuentran los periodistas, asociada a la falta de respaldo de las empresas informativas y el sometimiento de las mismas ante las instancias gubernamentales son algunos de los problemas que padecen diariamente miles de comunicadores que tienen la seria convicción de informar, de investigar y documentar sobre los asuntos de interés público.
La violencia sistemática en el país no es nueva, es un problema que se ha profundizado en este siglo, debido a que el 99 por ciento de los asesinatos de periodistas en la nación permanecen en la impunidad sin ninguna respuesta por parte de las autoridades, pues incluso las instancias federales no han esclarecido sobre quiénes realmente eran periodistas o ha recurrido en criminalizar a los informadores por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Desde 2000 Artículo 19 ha documentado a 167 periodistas asesinados en el país, cuyas historias se han invisibilizado y han desaparecido, para convertirse en números que seguirán aumentando conforme el Estado continúe con su incapacidad para esclarecer los casos y desarrollar acciones eficientes para proteger su labor.
Distintos libros se han publicado, así como documentales que muestran la situación precaria en la que se encuentran los periodistas en México, pero hasta el momento ningún gobierno ha logrado mejorar las labores en las que informan los comunicadores, pues incluso existen regiones del país silenciadas, es decir, donde ante las condiciones de violencia e inseguridad, los periodistas han decidido callar para salvar sus vidas.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 47 periodistas asesinados, la misma cantidad de comunicadores que se confirmaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, siendo los dos periodos gubernamentales más riesgosos para los comunicadores para ejercer su labor.
Pero los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón no se quedaron atrás, pues la violencia contra los periodistas comenzó a intensificarse cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que dejó 46 comunicadores asesinados, mientras que en la administración del guanajuatense se confirmaron 27 profesionales que perdieron la vida de forma violenta.
Así, el clima de violencia en el país se intensificó en las últimas décadas, convirtiéndose en una constante problemática que no ha sido considerada como una prioridad para ningún gobernante y sólo en el cierre del gobierno de Calderón se implementó el mecanismo de protección para los comunicadores que está a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Pero el mecanismo evidenció desde sus inicios sus deficiencias, pues no sólo se le dotó de mayores recursos económicos, sino que durante el sexenio de Peña Nieto y López Obrador se redujo el presupuesto para la protección, por lo cual distintos comunicadores advirtieron que el botón de seguridad no funcionaba y los propios elementos de seguridad tampoco estaban armados, lo que a su vez también los deja en vulnerabilidad ante cualquier ataque.
Si en el ámbito nacional los periodistas han evidenciado las condiciones de violencia en las que viven en la Ciudad de México, fuera de la metrópoli la situación es mucho peor, pues los profesionales de la información que trabajan en las comunidades están en mayor vulnerabilidad, debido a que son amenazaos, hostigados e intimidados por los gobiernos municipales, ya que los alcaldes contantemente atentan contra la prensa que los critica, considerando que evidenciar sus hechos de corrupción pueden afectar sus aspiraciones políticas.
Algunos de los asesinatos de periodistas más mediáticos fueron los de Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, quien fue ejecutada por sujetos armados afuera de su casa, cuando se dirigía a la escuela de sus hijos en 2017, y hasta el momento el caso permanece en la impunidad sin la detención de los autores intelectuales.
De la misma manera, destacó el caso de Javier Valdez, periodista connotado por sus coberturas en temas de violencia y narcotráfico en Sinaloa, quien sería asesinado meses después de la muerte de su colega en Chihuahua, pues fue ultimado afuera del semanario Río Doce, donde laboraba.
Dos años atrás también se visibilizó el caso de Rubén Espinosa, fotoperiodista del semanario Proceso, que fue asesinado en un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, donde las autoridades capitalinas criminalizaron al periodista y atribuyeron el multihomicidio en el que también fallecieron tres mujeres, porque una de ellas supuestamente era narcomenudista y se trató de un ajuste de cuentas, por lo que no sólo minimizó la labor informativa del comunicador, sino también criminalizaron a las otras víctimas y las revictimizaron.
Antes los casos de los periodistas Moisés Sánchez y Gregorio Jiménez se visibilizaron en la escala nacional, pero las autoridades de Veracruz volvieron a calificar que estos homicidios ocurrieron por sus labores externas a sus actividades periodísticas, pues debido a la precariedad laboral en la que se encontraban, tenían que trabajar fuera del periodismo y por ende se volvieron a cerrar las investigaciones.
Por ello, un Estado silenciador que ha actuado sistemáticamente para callar a la prensa y la labor periodística independiente es incapaz de procesar a algún actor político por el asesinato de un profesional de la información, como sucedió con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en cuyo sexenio 17 comunicadores fueron asesinados, el más violento para los comunicadores en la historia de esa entidad.
Mientras el Estado siga teniendo permiso para matar, la violencia contra los comunicadores seguirá reproduciéndose sin consecuencias reales, por lo que la labor de investigar lo que algunos más tratan de ocultar debe ser la esencia del periodismo y por ello en tanto permanezca la pasión y vocación de los profesionales de la información, el silencio no será opción.
Ahora, con la administración de Claudia Sheinbaum el reto será fortalecer los mecanismos de protección de los periodistas, dotar de más recursos económicos para que los periodistas puedan realizar sus coberturas en zonas de riesgo, pero sobre todo mejorar la integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Nota aparte: El Estado ha sido responsable, pero también las empresas informativas tienen una deuda histórica con los periodistas al establecer condiciones de precariedad laboral e incluso en algunos casos sin ningún tipo de seguridad social ni condiciones mínimas deseables para desempeñar su función.