Ignacio García Miércoles, 12 de Febrero del 2025
Foro Público
La autollamada “cuarta transformación” ha olvidado el pasado a su conveniencia. El pasado del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, no sólo ha sido perdonado, sino también olvidado.
El militar más poderoso del último sexenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asistió a la ceremonia de conmemoración de la marcha de la lealtad que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un claro gesto del perdón y olvido con el que suele actuar la “4T”.
Aunque la mandataria federal justificó la presencia del ex titular de la Sedena por ser un ex director del Heroico Colegio Militar, los señalamientos por su detención en Estados Unidos no han sido olvidados, al menos, por la prensa, que retomó el caso de su polémica aprehensión y la inacción de las autoridades mexicanas.
Molesta, la presidenta de México “conminó” a una periodista de Proceso a realizar su trabajo de investigación para evitar cuestionamientos sobre la liberación del general, pues enfatizó que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el invisible Alejandro Gertz Manero, no encontró ninguna prueba de su presunta culpabilidad.
A diferencia de los constantes señalamientos en las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna,--con justa razón—por su relación con el crimen organizado, la 4T omitió incluir en el mismo paquete de acusados al general.
Las autoridades norteamericanas iniciaron una investigación contra el narcotráfico en el que involucraron al ex titular de la Sedena, principal “zar contra las drogas” en el gobierno de Peña Nieto, y por ello fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Cienfuegos se convirtió en el militar mexicano de más alto rango detenido por las autoridades estadounidenses, sin embargo, el 17 de noviembre de ese año el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos en su contra al aceptar la petición de la FGR de continuar con las indagatorias en suelo mexicano.
Desde la detención de Cienfuegos, el gobierno de López Obrador maniobró políticamente para lograr la deportación del general, ante la presión que recibió de las altas cúpulas del Ejército mexicano, mismas que se empoderaron como no lo habían hecho desde el periodo de la Revolución en el primer sexenio de la 4T.
La prensa norteamericana informó que el gobierno mexicano amenazó con restringir la participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano, así como impedir cualquier participación de las fuerzas estadounidenses si no se retiraban los cargos contra el ex titular de la Sedena.
La presión de las autoridades mexicanas fue exitosa, y finalmente el gobierno de Estados Unidos decidió liberar y deportar a Cienfuegos para que la FGR siguiera las investigaciones, pero mágicamente el 14 de enero de 2021 la misma instancia mexicana exoneró al general al señalar que no encontró ningún elemento para probar la supuesta colaboración con el crimen organizado.
En represalia a la detención del ex titular de la Sedena, el gobierno de López Obrador publicó los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para acusar a Cienfuegos, por lo que el gobierno de la Unión Americana señaló que México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Desde entonces Cienfuegos gozó de su libertad, del perdón y olvido de la 4T, la misma que reiteradamente utilizó los micrófonos de la “Mañanera” para azuzar a la oposición, pero que para el general sólo hubo silencio.
Fue hasta que el militar reapareció en un acto público en el que nuevamente cobró relevancia en la escena nacional, y esta vez el fiscal Alejandro Gertz Manero como su más férreo abogado defensor, quien afirmó que las pruebas presentadas contra Cienfuegos por el gobierno de Estados Unidos fueron falsas.
El fiscal federal, que se ha caracterizado por su invisibilidad en los casos de mayor relevancia, aprovechó la conferencia de prensa mañanera para asegurar que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el ex titular de la Sedena eran “un catálogo de falsedades”.
Según Gertz Manero, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos en más de cuatro años no se ha inconformado es una muestra fehaciente de que no contaba con pruebas contra el general, aunque es evidente que las autoridades norteamericanas no han confiado en sus homólogas mexicanas, ya que decidieron iniciar un operativo secreto para aprehender a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, sin informar a la administración de López Obrador.
Las instancias de investigación estadounidenses consideran que en México hay una evidente vinculación entre el gobierno y el crimen organizado, lo que ha provocado que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se intensificaron las operaciones militares en la frontera, para detectar los movimientos de los grupos criminales.
Así, el episodio de la detención del máximo responsable del combate al crimen organizado en el gobierno de Peña Nieto sólo quedó como un capítulo del pasado, en el que la 4T decidió darle carpetazo lo más rápido posible.
No es de extrañar que López Obrador constantemente acusó a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón como los responsables de la corrupción y violencia que vive el país, pero omitió en sus señalamientos a Enrique Peña Nieto, a quien incluso calificó como “licenciado Peña Nieto”.
Es por ello que el gobierno de López Obrador no investigó a ninguno de los funcionarios de la administración de Peña Nieto, pese a que existen evidentes casos de corrupción que fueron documentados por la prensa, pero el expresidente priísta gozó de la impunidad con sus viajes turísticos por Europa.
Ahora, con Claudia Sheinbaum parece que esto no cambiará mucho, los actos de corrupción que hartaron a la ciudadanía en el peñanietismo han sido perdonados por la 4T y prefieren considerar que los responsables de todos los males siguen siendo los panistas—con pruebas de sus hechos de corrupción y nexos con el crimen organizado--, aunque llevan más de 12 años sin ocupar el poder.
Por ello, la justicia sobre el pasado sólo parece ser parte del discurso presidencial en los tiempos de la cuarta transformación, pero ninguno de los ex funcionarios del pasado fue aprehendido por este gobierno y Estados Unidos hizo el trabajo que el nuevo régimen se empeña en tratar de justificar.
Nota aparte: La 4T actúa bajo una lógica de respeto absoluto por el gobierno de Peña Nieto, quien sigue cumpliendo el pacto que acordó con López Obrador para evitar cualquier investigación penal en su contra, pese a que las pruebas sobre la corrupción rozan en el cinismo.