Guadalupe Lizárraga Martes, 25 de Febrero del 2025
El caso de Penilla, abogado de un criminal de alto perfil, subraya la penetración de estas organizaciones en las estructuras de poder de la 4T.
Por Guadalupe Lizárraga
La polémica suscitada por un tuit del periodista Luis Cardona, entre otros que lo secundan, ha puesto en el centro del ojo público la relación entre el abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, y figuras clave dentro de la política mexicana, desde el Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, hasta la misma presidencia de la República.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, conocido por ser el asesor jurídico de Zambada, ha aparecido en fotografías con Marcelo Flores Serna, abogado y hermano de Miguel "Mike" Flores Serna, coordinador de la bancada de MC en el Congreso local y estrecho colaborador del gobernador Samuel García. Pero, para sorpresa todavía de algunos, también con la presidente Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que refuerza la sospecha sobre los nexos entre el narcotráfico y el gobierno de la 4T.
La aparición de Penilla en fotos con Sheinbaum y López Obrador ha movilizado a los miembros del partido Morena y sus seguidores, a recordar en las redes que también el Partido Acción Nacional (PAN) lo nombró en 2023 el "embajador internacional de la paz", a pesar de su rol como abogado del líder del Cártel de Sinaloa.
Pero los intentos de Morena de distanciarse de Penilla resultaron ineficaces, ya que sus interacciones recurrentes con personajes del narcotráfico, a quienes les dan relevancia y honor dentro de las instancias de los poderes públicos, además de la violencia extrema contra miembros no alineados, confirma la existencia de redes de influencia del crimen organizado en el ámbito político y específicamente en el gobierno de la 4T. Para nadie esto es ya un secreto, aunque los frecuentes decomisos y detenidos aparenten combatir a los grupos delictivos, como en su momento lo hacía García Luna, y hoy lo imita García Harfuch.
La influencia del narcotráfico en presidencia
La influencia del narcotráfico en la política mexicana no es algo nuevo. La evidencia más contundente son los encarcelamientos y sentencias en Nueva York, particularmente el de Genaro García Luna. Sin embargo, mucho antes de la presidencia de Calderón, desde la de Carlos Salinas de Gortari se evidenciaron estos vínculos. Basta recordar el trabajo del extinto periodista Eduardo Valle Espinoza, “El Búho”, quien exponía esta relación del expresidente Salinas con grupos de narcotráfico al hacer públicos sus archivos y análisis donde lo vinculaba incluso con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en su libro El segundo disparo. La narcodemocracia mexicana (Océano, 1995), tras haber sido asesor del entonces procurador federal Jorge Carpizo.
Después de casi cuatro décadas y siete administraciones diferentes, la presidencia de la República ha sido cada vez más laxa en el combate al narcotráfico, sin lograr una solución efectiva. Mientras los cárteles, como el de Sinaloa, no solo mantienen su dominio sobre el tráfico de drogas, sino que también han expandido su control a otras actividades ilícitas, como la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de personas y la infiltración en negocios legítimos. Esta influencia se ve amplificada por la corrupción y los vínculos de los cárteles con políticos, jueces y funcionarios que protegen sus operaciones o incluso facilitan su expansión.
El caso de Penilla, abogado de un criminal de alto perfil, subraya la penetración de estas organizaciones en las estructuras de poder.
Corrupción, violencia y control territorial
Además de su capacidad para corromper a funcionarios, los cárteles mexicanos emplean la violencia extrema como una herramienta de control. Asesinatos, actos de terrorismo, masacres, desplazamientos, amenazas y disputas por el control territorial son solo algunas de las tácticas que utilizan para garantizar que sus operaciones no se vean interrumpidas. La relación de Penilla con los Flores Serna, influyentes en el círculo cercano del gobernador Samuel García, pone de manifiesto cómo los intereses del narcotráfico pueden infiltrarse en la política local, desviando el foco de atención de las necesidades de la población y creando un clima en el que los intereses criminales se imponen sobre el bien común.
El asunto de Nuevo León, lo hemos visto replicado a nivel nacional por más de 30 años. El uso de la violencia y la coacción política ha permitido a los cárteles instaurar un clima de terror entre los ciudadanos, mientras que los gobernantes, en un arraigado cinismo, favorecen su infiltración en instituciones clave de los poderes públicos hasta los gobiernos estatales y municipales. En este contexto, la negación de Sheinbaum de si conoce a Penilla o no, y la reiteración de su honestidad, pierden por completo peso en su propia boca y frente a la historia de su antecesor, quien también fue objeto de sólidos señalamientos por sus vínculos con líderes del narcotráfico.
Aquella frase que López Obrador repetía cada mañana, 'que no eran iguales', hoy se convierte en una contradicción evidente para los mexicanos.