Ignacio García Martes, 04 de Agosto del 2026
Aunque López Obrador se comprometió a impulsar una verdadera transparencia en la administración pública, malentendió el concepto y se decantó por la opacidad.
Durante el viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la opacidad era la norma; la ciudadanía no sabía de la manera en la que el gobierno usaba los recursos y los presidentes sólo entregaban un informe anual con cifras que exaltaban su labor.
Foro Público
La opacidad y la discrecionalidad han sido dos características, prácticamente, inherentes a la administración pública en México. Durante décadas la información pública permaneció completamente hermética para la sociedad y aunque se impulsaron esfuerzos sociales para garantizar el acceso a la información, en los últimos años se establecida una política de retroceso hacia la transparencia.
Durante el viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la opacidad era una práctica completamente normalizada, en la cual la ciudadanía no se enteraba de la manera en la que el gobierno utilizaba los recursos económicos, y los presidentes únicamente entregaban un informe cada año con cifras maquilladas en las que exaltaban su labor personal.
A partir de la primera alternancia política que vivió México con el cambio de siglo, periodistas, activistas y académicos impulsaron un esquema de transparencia entre las instituciones públicos que se convirtió en una realidad a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que obligaba a diferentes entidades públicas a dar a conocer información de interés sociales a la población.
Así, paulatinamente se incluyeron a más entidades públicas por medio de una serie de reformas que garantizaban el derecho a la información que permitían consolidar un instrumento de transparencia que fue desaprovechado por el grueso de la población, pues la mayoría de las solicitudes de información las efectuaban los periodistas, académicos y activistas.
Sin embargo, con el inicio de la llamada “cuarta transformación” se impulsó un nuevo esquema de protección a los proyectos gubernamentales como las mega obras que fueron construidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por el Ejército mexicano.
Aunque López Obrador se comprometió a impulsar una verdadera transparencia en la administración pública, malentendió el concepto, pues consideró que por medio de las conferencias de prensa mañaneras cumplía con este propósito, aunque estos ejercicios de propaganda únicamente sirvieron para posicionar mediáticamente el mensaje presidencial.
Los temas de interés público como los costos reales de la construcción de los grandes proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Dos Bocas y el Tren Maya fueron etiquetados como seguridad nacional para evitar que los ciudadanos tuvieron acceso a esa información.
El gobierno de López Obrador simuló generar procesos de transparencia, dado que impidió que los periodistas y la sociedad en general tuvieran acceso a la información y conforme las críticas crecieron sobre su labor presidencial, también aumentó el ataque a las instituciones proveedoras de información sensible para su gobierno.
Por ello, al final del sexenio anterior, impulsó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), al acusar que se trataba de una institución onerosa para el país y que no contribuía a la sociedad, por lo que optó por desaparecerla junto con otros organismos autónomos constitucionales.
Si bien el INAI no garantizaba el acceso a la información, era un instrumento clave para permitir que la ciudadanía conociera sobre la labor de las instituciones públicas y en caso de no tener alguna respuesta, podrían interponer un recurso de revisión e incluso un amparo para acceder a la información pública solicitada.
El propio López Obrador evidenció su ignorancia sobre la labor que ejercía el INAI al solicitarle que entregara información sobre los ingresos económicos que percibía el periodista Carlos Loret de Mola. El ex mandatario federal no sabía que el instituto no entregaba la información, sino que servía como un mediador para obligar a las entidades públicas a proveer información de interés colectivo, aunado a que tampoco podía obligar al comunicador a entregar esos datos, dado que no se trataba de un servidor público y por ende no estaba obligado.
Pero la política de opacidad que implementó López Obrador en la presidencia no es nueva. Cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México decidió reservar los datos de la construcción del Segundo Piso del Periférico en 2004 por diez años.
En tanto, el tabasqueño acusó que el INAI reservó los datos de los procesos de Odebrecht, la empresa gasera brasileña que se involucró en esquemas de corrupción con el gobierno de Enrique Peña Nieto, no obstante, esa decisión no fue responsabilidad de la desaparecida institución.
El decretazo de la transparencia
A casi dos años del inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, la mandataria federal presentó el decreto presidencial que establece el principio de transparencia para ampliar los datos de los contratos públicos que signan las empresas públicas al servicio del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno—que asumió las funciones del extinto INAI—Raquel Buenrostro, afirmó falsamente que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fallaba constantemente y estaba desactualizada, por lo cual se actualizarán los contenidos para cumplir con el principio de máxima publicidad.
No obstante, ninguno de los anuncios que presentó la funcionaria federal es novedoso. Todos esos documentos forman parte de las disposiciones legales que tenía que cumplir la institución, es decir, que no se trataba de un favor que efectúa el gobierno federal, sino de garantizar el acceso a un derecho como la información pública.
Pero Sheinbaum se vanaglorió con este decreto, al asegurar que se cumple con la transparencia total, pero hace apenas unos días el propio gobierno federal reservó los datos de la cena que se realizó con motivo de la Copa del Mundo de futbol en el Castillo de Chapultepec.
Además, en esa supuesta transparencia total que presume la mandataria federal se encuentra la inaccesibilidad a la transparencia sobre aquellos temas que estén reservados como Seguridad Nacional, los cuales han sido una característica central de los mega proyectos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desarrollado en los últimos ocho años.
Con ello, la propuesta de Sheinbaum nuevamente se puede concebir como un acto de simulación en el cual los periodistas, activistas y académicos tienen cada vez menos herramientas para acceder a información pública que ayude a fortalecer la confianza en las instituciones y combatir la corrupción.
En la medida en la que proliferen esquemas de opacidad y discrecionalidad, con adjudicaciones directas en proyectos de obras públicas, la corrupción seguirá siendo un problema mayúsculo que aquejará el funcionamiento de la administración pública y que reinstala a los gobiernos de la “4T”, en el mismo lugar que el viejo régimen, aunque éste no trataba de disfrazar sus intenciones discrecionales.
La dependencia del órgano que supuestamente garantiza el acceso a la información al propio gobierno es un problema central en el país. La importancia de la autonomía constitucional del INAI radicaba en la independencia que tenía para sus decisiones y obligar a los diferentes entes de la administración pública a entregar la información solicitada por los ciudadanos.
Pero con la incorporación de estas funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno centraliza las decisiones hacia el Ejecutivo federal, lo que evitará que se difundan datos delicados que atenten contra los intereses del gobierno, pues esta dependencia dependerá en su totalidad de la presidencia de la República y no del valor social de la propia información.
Para un gobierno centralizador como el de la 4T, resulta irónico que la transparencia provenga de instituciones que están tomadas por intereses de agenda que inhiben el interés real de la sociedad de comprender los temas públicos, aunado a que aprovechan el desdén que existen entre el grueso de la población sobre las labores de transparencia en el servicio público.