Daniel Lee Martes, 25 de Agosto del 2026
La eventual revocación de Trump no implicaría deportación automática, pero aumentaría la incertidumbre migratoria de quienes pidieron asilo después de entrar con visa.
Por Daniel Lee
La administración de Donald Trump analiza una nueva medida que podría afectar a cientos de miles de extranjeros que ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo. De acuerdo con documentos obtenidos por Associated Press, el gobierno estadounidense estudia revocar visas B1 y B2 a quienes hayan presentado una solicitud de protección migratoria después de entrar al país.
La propuesta aún no ha sido anunciada oficialmente y podría enfrentar desafíos legales, pero ya genera preocupación entre migrantes de distintas nacionalidades, incluidos mexicanos. Los documentos señalan que el Departamento de Estado trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a personas que ingresaron como visitantes temporales y después iniciaron un proceso para permanecer en Estados Unidos mediante una petición de asilo.
El universo potencial es considerable: hasta 200 mil personas podrían verse afectadas si la política se aplica en los términos actualmente contemplados.
La administración Trump sostiene que existe una contradicción entre ingresar bajo el compromiso de una estancia temporal y posteriormente solicitar protección para permanecer en territorio estadounidense. La visa B1 corresponde principalmente a viajes de negocios y la B2 a turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos. Ambas parten del supuesto de que el visitante regresará a su país.
Pero aquí aparece el punto que Washington no debería pasar por alto: solicitar asilo no equivale, por sí mismo, a cometer un fraude.
Una persona puede ingresar legalmente y posteriormente enfrentar circunstancias que la lleven a solicitar protección. Precisamente para eso existen los procedimientos de asilo. Si existen casos de fraude, ocultamiento de información o abuso del sistema, deben investigarse de manera individual y conforme a derecho, no convertir automáticamente a todos los solicitantes en sospechosos.
La eventual revocación tampoco implicaría una deportación automática. El proceso de asilo continuaría por la vía correspondiente. Sin embargo, perder una visa puede tener consecuencias importantes: limita la posibilidad de viajar nuevamente a Estados Unidos y coloca al afectado bajo una mayor incertidumbre migratoria.
Para los mexicanos, el asunto merece especial atención. Millones de connacionales cuentan con visas de visitante y las utilizan para actividades legítimas: turismo, negocios, visitas familiares o atención médica. Si la medida entra en vigor, aquellos que hayan ingresado con B1/B2 y posteriormente hayan solicitado asilo podrían quedar bajo revisión, independientemente de que su entrada inicial haya sido legal.
Por ahora, las autoridades no han establecido un mecanismo público para que los afectados puedan consultar su situación ni han precisado cuántas personas podrían perder sus visas. Esa falta de claridad es, en sí misma, preocupante.
La política migratoria de Trump parece avanzar nuevamente sobre una misma lógica: hacer más costoso y riesgoso cualquier intento de permanecer en Estados Unidos. El problema es que una estrategia basada exclusivamente en la disuasión puede terminar confundiendo el combate al fraude con la criminalización preventiva de quienes buscan protección.
Washington tiene facultades para cancelar visas cuando determina que un extranjero dejó de cumplir las condiciones bajo las cuales fueron concedidas. Lo que debe garantizar es que esas facultades se ejerzan con criterios claros, procedimientos individuales y respeto a las normas que protegen a los solicitantes de asilo.
El verdadero debate no consiste en determinar si una visa puede ser cancelada. La cuestión es si el gobierno puede utilizar esa facultad como una herramienta general de presión contra quienes ejercen un mecanismo de protección reconocido por la legislación estadounidense e internacional.
Si la medida avanza sin suficientes salvaguardas, el mensaje será: entrar legalmente a Estados Unidos ya no necesariamente significa tener certidumbre sobre el futuro migratorio.
Y para miles de mexicanos y otros extranjeros, esa incertidumbre puede convertirse en una nueva frontera: una que no está en el desierto ni en un puerto de entrada, sino en el momento mismo en que deciden pedir protección.
La migración no puede administrarse únicamente mediante el miedo. Una política seria debe distinguir entre fraude y necesidad de protección, entre abuso y derecho, entre quien pretende burlar las reglas y quien busca amparo dentro de ellas.
De lo contrario, la visa dejará de ser simplemente un documento de viaje para convertirse en otra pieza del creciente aparato de presión migratoria de la administración Trump.
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