Daniel Lee Lunes, 24 de Agosto del 2026, 09:58
Camila Toro de Paula lleva cerca de 11 meses bajo custodia migratoria mientras su defensa exige atención médica y condiciones de detención dignas.
Por Daniel Lee
Hay decisiones gubernamentales que pueden discutirse desde el presupuesto, la seguridad o la política migratoria. Pero hay otras que obligan a formular una pregunta mucho más incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un Estado cuando una persona está bajo su custodia? El caso de Camila Toro de Paula, una mujer trans venezolana detenida desde hace cerca de 11 meses en un centro federal para hombres en Louisiana, Estados Unidos coloca esa pregunta en el centro del debate.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos fue categórico: no utilizará dinero de los contribuyentes para proporcionar terapia hormonal a migrantes trans detenidos. El problema no es solamente la decisión administrativa. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que la acompaña: convertir una necesidad médica relacionada con la identidad de género en un asunto de castigo, ideología o merecimiento.
Toro de Paula llegó a Estados Unidos en septiembre de 2024 después de abandonar Venezuela. Su historia, según su defensa y documentos médicos citados en una investigación de The New York Times, está marcada por violencia sexual y física desde la infancia. Tras vivir en Nueva York, fue detenida en agosto de 2025 durante una cita rutinaria con autoridades migratorias y posteriormente trasladada a un centro federal para hombres en Jena, Louisiana, pese a las objeciones de su abogada.
No se trata de decidir si una persona tiene o no derecho a permanecer en Estados Unidos. Esa es otra discusión y debe resolverse mediante procedimientos legales. La pregunta aquí es qué ocurre con una persona mientras permanece bajo custodia del Estado. Porque una detención migratoria no debería convertirse en una suspensión de la dignidad humana.
La defensa de Toro de Paula sostiene que llevaba años bajo tratamiento hormonal y que éste fue interrumpido durante su detención. A ello se suman denuncias de aislamiento, restricciones para acceder al agua y condiciones que, de confirmarse, resultarían profundamente preocupantes. También ha denunciado que se le impide utilizar ropa interior femenina y reemplazar su peluca, mientras que la controversia sobre el uso obligatorio de cubrebocas y guantes permanece sin una explicación que despeje las versiones encontradas.
“Tengo miedo de morir aquí”, declaró la joven.
Una frase así no debería perderse entre comunicados oficiales, disputas políticas y publicaciones en redes sociales. Debería provocar una revisión inmediata e independiente de sus condiciones de detención.
El DHS sostiene que ningún detenido está siendo golpeado o maltratado y ha rechazado las acusaciones. Pero, de acuerdo con la investigación periodística, la dependencia no respondió específicamente a varias de las denuncias formuladas por Toro de Paula. Y ahí aparece otro problema: cuando una autoridad tiene el control absoluto sobre la vida cotidiana de una persona detenida, la transparencia no puede ser opcional.
Más preocupante todavía es que el caso no parece aislado. La investigación señala que al menos diez centros de detención habrían dejado de ofrecer servicios de atención especializada a personas trans. Organizaciones defensoras de migrantes LGBTQ+ también han advertido modificaciones en las condiciones de alojamiento y un aumento de las solicitudes de ayuda. Immigration Equality reportó un incremento de 68 por ciento en las llamadas recibidas de personas LGBTQ+ detenidas durante 2025.
Los números disponibles, además, son insuficientes. El propio DHS ya no publica de manera actualizada cuántas personas trans permanecen bajo custodia migratoria. El último registro oficial citado contabilizaba 47, mientras que ICE había registrado 244 ingresos de personas identificadas como trans durante el año fiscal 2024.
La discusión, por supuesto, tiene distintas posiciones. Hay organizaciones que sostienen que las mujeres trans no deberían ser alojadas en instalaciones femeninas porque también deben protegerse los derechos y la seguridad de las demás mujeres detenidas. Esa preocupación merece ser escuchada. Pero precisamente por tratarse de un asunto complejo, la respuesta no puede ser el aislamiento, la humillación o la negación automática de atención médica.
Tampoco los antecedentes judiciales de Toro de Paula resuelven el dilema. Algunos cargos fueron desestimados y sellados; otro terminó en una declaración de culpabilidad por un cargo reducido. Nada de ello elimina el derecho fundamental a recibir un trato digno mientras permanece bajo custodia.
Estados Unidos tiene todo el derecho de establecer y hacer cumplir sus leyes migratorias. Lo que no debería hacer es convertir la detención en una zona donde los derechos básicos dependan de la identidad, la nacionalidad o la condición migratoria.
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