Hazael Sayavedra Miércoles, 26 de Agosto del 2026
AMLO conserva influencia sobre Morena y dejó abiertas condiciones para regresar a la vida pública si considera amenazada la soberanía o la democracia.
Por Hazael Sayavedra
Durante años, quienes advertían sobre una deriva autoritaria en México fueron acusados de practicar la “guerra sucia”, de importar fantasmas venezolanos y de utilizar el miedo como instrumento electoral.
La advertencia se repitió tantas veces que terminó perdiendo eficacia.
El ciudadano se acostumbró a escuchar que “ahí viene el lobo”.
El problema es que, cuando el lobo aparece demasiadas veces en el discurso sin que ocurra nada, la sociedad termina dejando de mirar hacia la puerta.
Hoy, la discusión ya no debería ser si Andrés Manuel López Obrador va a regresar al poder.
La pregunta más seria es otra:
¿Qué tendría que ocurrir para que el sistema político mexicano intentara abrirle nuevamente la puerta?
No afirmo que exista actualmente un proyecto formal de reelección presidencial. No hay evidencia pública suficiente para sostenerlo.
Lo que sí existe es una combinación de factores políticos que merece ser observada: concentración de poder, debilitamiento de contrapesos, crisis internas del oficialismo, presión judicial y diplomática sobre figuras relevantes de Morena, y un expresidente que, aunque insiste en estar retirado, dejó explícitamente abiertas determinadas circunstancias para volver a la vida pública.
Ahí comienza el verdadero problema.
I. El candado constitucional
Hay que empezar por una precisión indispensable.
La Constitución mexicana mantiene un candado extraordinariamente fuerte contra la reelección presidencial. El artículo 83 establece que el presidente dura seis años y que quien haya desempeñado ese cargo, electo popularmente, como interino, sustituto o provisional, no puede volver a desempeñarlo bajo ninguna circunstancia.
Por tanto, Andrés Manuel López Obrador no puede simplemente presentarse en 2030.
No existe actualmente una vía jurídica ordinaria para hacerlo.
Modificar esa prohibición requeriría una reforma constitucional y, conforme al artículo 135, necesitaría el voto de dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México.
Éste es el primer dato que obliga a moderar cualquier diagnóstico.
La reelección presidencial no está hoy sobre la mesa como una posibilidad jurídica inmediata.
Pero una cosa es que una posibilidad no exista jurídicamente y otra muy distinta que resulte políticamente imposible imaginar un intento de modificar las reglas.
La historia latinoamericana demuestra que los proyectos de permanencia en el poder rara vez comienzan anunciando: “vamos a destruir el principio de no reelección”.
Comienzan modificando las condiciones alrededor del poder.
II. La erosión no ocurre de un día para otro
La erosión institucional no necesariamente necesita un golpe de Estado.
Puede producirse mediante reformas sucesivas, debilitamiento de organismos autónomos, cambios en los mecanismos de designación, concentración de mayorías legislativas y sustitución progresiva de controles independientes por instituciones políticamente alineadas.
México ya atravesó una transformación profunda de su Poder Judicial.
Desde septiembre de 2025 funciona una nueva integración de la Suprema Corte, derivada de la reforma judicial y de la elección extraordinaria de personas juzgadoras. La propia SCJN registra actualmente una nueva integración del Pleno.
Eso no significa que la Corte haya dejado de ejercer funciones constitucionales.
De hecho, durante 2026 continúa resolviendo controversias, amparos y asuntos constitucionales.
Por eso sería incorrecto afirmar que “el Poder Judicial fue eliminado” o que “ya no existen contrapesos”.
La realidad es más compleja.
Los contrapesos existen, pero su arquitectura cambió.
Y precisamente por eso la pregunta relevante no es si las instituciones desaparecieron, sino si conservarán suficiente autonomía para impedir que una mayoría política cambie las reglas fundamentales cuando sus intereses estén en riesgo.
III. Rocha Moya: cuando la disciplina partidista deja de ser suficiente
El caso de Rubén Rocha Moya ofrece un ejemplo particularmente revelador de las tensiones que atraviesan al oficialismo.
El gobernador de Sinaloa regresó al cargo el 21 de agosto de 2026, después de 112 días de licencia. Lo hizo unilateralmente, sin que Morena ni la presidenta Claudia Sheinbaum respaldaran públicamente la decisión. Poco más de un día después volvió a solicitar licencia indefinida.
El episodio terminó con la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina por el Congreso de Sinaloa.
El caso importa no solamente por Rocha.
Importa porque exhibe una contradicción dentro del movimiento.
Por un lado, el partido necesita preservar la imagen de control político.
Por otro, enfrenta situaciones en las que algunos de sus propios cuadros se encuentran sometidos a investigaciones, acusaciones o presiones provenientes de Estados Unidos.
Las acusaciones estadounidenses contra Rocha son eso: acusaciones, no una sentencia mexicana que haya establecido su responsabilidad penal. El gobernador ha negado las imputaciones.
Pero, políticamente, el efecto es indiscutible.
La autoridad de un gobernador deja de depender exclusivamente de su respaldo local cuando Washington entra en la ecuación.
IV. Adán Augusto y La Barredora
El caso de Hernán Bermúdez Requena es todavía más incómodo.
Bermúdez fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco y posteriormente fue acusado por las autoridades mexicanas de encabezar La Barredora.
En septiembre de 2025 fue detenido en Paraguay. Reuters reportó que era buscado por asociación delictiva, extorsión y secuestro. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo criminal y ha sostenido que desconocía las actividades ilícitas atribuidas a su antiguo funcionario.
El asunto tiene una consecuencia política que trasciende la responsabilidad penal individual.
Adán Augusto continúa siendo una figura central del oficialismo y coordinador parlamentario de Morena en el Senado.
Por eso, el caso plantea una pregunta incómoda:
¿Cuánto puede soportar un movimiento político antes de que la defensa de sus cuadros comience a confundirse con la defensa del propio régimen?
La respuesta determinará buena parte de lo que ocurra rumbo a 2030.
V. Baja California: el expediente que no desaparece
En Baja California, Marina del Pilar Ávila enfrenta desde 2025 una crisis política derivada de la cancelación de su visa estadounidense, situación que también afectó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres. La gobernadora confirmó públicamente la revocación; Estados Unidos no hizo públicos los motivos debido a las reglas de confidencialidad aplicables a los registros de visas.
Aquí también hay que distinguir hechos de acusaciones.
Una visa cancelada no equivale a una acusación penal.
Y una investigación no equivale a una condena.
La política mexicana, sin embargo, funciona también en el terreno de la percepción.
Cuando varios integrantes de una misma estructura política aparecen simultáneamente bajo presión judicial, financiera, migratoria o diplomática, el problema deja de ser exclusivamente individual.
Se convierte en un problema de estabilidad política.
VI. El factor Andy
El 13 de agosto de 2026 apareció otro elemento de enorme carga simbólica.
Andrés Manuel López Beltrán confirmó que Estados Unidos canceló su visa y dirigió una carta directamente a Donald Trump. López Beltrán atribuyó la decisión a funcionarios estadounidenses y sostuvo que se trataba de una medida política.
La Casa Blanca y la embajada estadounidense no hicieron pública una explicación específica sobre su caso.
Por tanto, tampoco aquí corresponde convertir una cancelación migratoria en una sentencia penal inexistente.
Pero, políticamente, el episodio tiene una importancia mayor.
Porque Andy López Beltrán no es un ciudadano políticamente irrelevante.
Es hijo del fundador del movimiento.
Y cuando la presión estadounidense alcanza simultáneamente a gobernadores, exfuncionarios y miembros de la familia presidencial, la narrativa de “injerencia extranjera” adquiere una utilidad política evidente.
VII. El mapa que dejó López Obrador
Aquí aparece una de las piezas más interesantes.
En noviembre de 2025, durante la presentación de su libro Grandeza, López Obrador insistió en que estaba retirado.
Pero también estableció tres circunstancias bajo las cuales volvería a las calles: una amenaza contra la democracia, un intento de golpe de Estado contra Claudia Sheinbaum o una amenaza contra la soberanía nacional.
Es importante no deformar sus palabras.
López Obrador no anunció una candidatura futura.
Tampoco habló de modificar el artículo 83.
Al contrario: afirmó que estaba retirado y pidió respaldar a Sheinbaum.
Pero dejó una puerta política entreabierta.
Y las puertas entreabiertas adquieren importancia cuando cambian las circunstancias.
En 2025 podía parecer una declaración simbólica.
En 2026, con una creciente confrontación entre sectores del oficialismo y Washington, adquiere otro significado político.
La soberanía puede convertirse en una narrativa capaz de transformar una colección de problemas individuales en un conflicto nacional.
Un político investigado deja de ser solamente un político investigado.
Puede convertirse en víctima de una “agresión extranjera”.
Un funcionario cuestionado deja de responder exclusivamente por sus actos.
Puede convertirse en parte de una defensa colectiva del proyecto.
Y un problema judicial puede convertirse en un problema de soberanía.
Ésa es la verdadera utilidad política del concepto.
VIII. La tentación del mesías
El problema de los movimientos personalistas es que construyen una paradoja.
Primero crean un líder indispensable.
Después necesitan demostrar que ese líder ya no lo es.
Finalmente descubren que nadie logra ocupar completamente su lugar.
López Obrador intentó resolver esa contradicción transfiriendo el poder a Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum ha construido su propio gobierno y su propia legitimidad.
Pero el fundador conserva un capital político extraordinario dentro de Morena.
La pregunta rumbo a 2030 no será simplemente quién puede ganar una elección.
Será quién puede mantener unido al movimiento.
Y ahí aparece la tentación del mesías.
No necesariamente como candidato.
Puede aparecer como árbitro.
Como garante.
Como fundador.
Como defensor de la soberanía.
Como figura de emergencia.
O, en un escenario mucho más extremo, como beneficiario de una reforma constitucional.
La última hipótesis sigue siendo jurídicamente remota.
Pero precisamente por eso debe observarse antes de que deje de serlo.
IX. La reelección no es el problema; la excepción es el problema
La historia política enseña que los regímenes rara vez anuncian su ruptura con las reglas.
Primero construyen la excepción. La excepción comienza con una amenaza. Después aparece la necesidad de estabilidad. Luego surge la necesidad de continuidad. Finalmente aparece la necesidad de cambiar la regla.
Por eso, el escenario de una reelección de López Obrador no debería analizarse como una predicción electoral.
Debe analizarse como una hipótesis de riesgo institucional.
Hoy el artículo 83 es claro. Hoy una reforma necesitaría mayorías calificadas y congresos estatales.
Hoy Morena no tiene carta blanca para modificarlo simplemente porque lo desee. Y hoy existen instituciones capaces de generar resistencia. Pero la democracia no se defiende solamente mirando el texto constitucional.
Se defiende observando quién controla las instituciones que pueden modificarlo.
X. El verdadero dilema de 2030
La sucesión presidencial será el gran examen del sistema político mexicano. Si Morena pierde la Presidencia, tendrá que demostrar que puede entregar el poder sin intentar modificar las reglas para impedirlo.
Si conserva el poder, tendrá que demostrar que la continuidad partidista no significa subordinación institucional.
Y si aparece una crisis profunda dentro del movimiento, será entonces cuando la figura de López Obrador pueda recuperar una relevancia que hoy parece incompatible con su retiro.
Ahí estará la verdadera prueba. No en la existencia de una candidatura. No en un rumor. No en una encuesta. Sino en la reacción del sistema ante una eventual crisis de poder.
Porque una Constitución puede decir que un presidente no puede regresar.
Pero ninguna Constitución puede impedir por sí sola que un movimiento político intente modificarla.
Ésa es la diferencia entre una prohibición jurídica y un límite político.
XI. El lobo y las luces encendidas
No hay evidencia suficiente para afirmar que Andrés Manuel López Obrador esté preparando su regreso a la Presidencia. Sería irresponsable escribirlo como un hecho. Tampoco existe hoy una reforma constitucional que permita su reelección. Pero sí existen elementos suficientes para mantener la hipótesis bajo vigilancia.
Un expresidente que dejó explícitas condiciones para regresar a la vida pública. Un movimiento político sometido a tensiones internas.
Funcionarios relevantes enfrentando investigaciones y acusaciones.
Presiones provenientes de Estados Unidos.
Una nueva arquitectura judicial.
Una sucesión presidencial que ya comenzó a disputarse mucho antes de 2030.
Y una estructura política cuya cohesión continúa dependiendo, en buena medida, de la figura que la fundó.
Eso no constituye una conspiración.
Constituye un escenario de riesgo. El verdadero peligro no sería que mañana López Obrador anunciara su regreso. El verdadero peligro sería que, llegado el momento, una mayoría política comenzara a explicar por qué esta vez la excepción es necesaria.
Porque ése es el mecanismo mediante el cual las democracias comienzan a perder sus límites.
Primero se cuestiona la regla. Después se cuestiona su utilidad. Luego se invoca una emergencia. Y, finalmente, alguien explica que el país necesita, otra vez, al hombre que ya había dicho que se retiraría.
No sabemos si ese momento llegará. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la pregunta ya no parece completamente absurda. Y cuando una pregunta política deja de parecer absurda, lo responsable no es gritar que viene el lobo.
Es encender las luces.