La hebra más delgada del poder de Marina del Pilar

Marina del Pilar Ávila queda en el centro de una red expuesta por filtraciones, expedientes y disputas criminales.

Por Hazael Sayavedra

Esta columna lleva semanas tirando del mismo hilo. Empezó con el análisis forense del primer audio filtrado en junio —los marcadores de negación no solicitada, el patrón de evasión en la conferencia de prensa—. Siguió con la disolución del privilegio conyugal tras el divorcio de Carlos Torres Torres, que convirtió a la exesposa en la fuente más comprometedora posible para cualquier fiscalía extranjera. Continuó con el mapa de las dos investigaciones paralelas —la Fiscalía General de la República (FGR), del lado mexicano, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), del lado estadounidense— y con el perfil de los operadores que sostienen la arquitectura de poder alrededor de la gobernadora. Cada entrega ha sido, en realidad, la misma hebra jalada un poco más.

Y esa hebra tiene una tesis única, que hoy el segundo audio no hace más que confirmar: Marina del Pilar no está sosteniendo una crisis de comunicación. Está sosteniendo, con las manos, el hilo más delgado de un entramado de poder que conecta a una fiscal que oculta cifras, un policía que facilitó al crimen organizado, un exesposo bajo investigación binacional y una cúpula nacional bajo sospecha de huachicol y narcotráfico. El primer audio, el del 21 de junio, se pudo administrar. Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció su voz, pero lo encapsuló en la narrativa más inofensiva disponible: gestiones legales para recuperar una visa cancelada. Funcionó durante tres semanas.

El segundo audio, difundido este 13 de julio por Héctor de Mauleón en El Universal, no admite ese mismo blindaje. Porque esta vez no habla de trámites migratorios. Habla de información. Y la información, a diferencia de una visa, no se solicita: se entrega. Si la hebra se sigue jalando, lo que se deshace no es solo la carrera de una gobernadora. Es la costura completa que sostiene, en Baja California, el proyecto de la Cuarta Transformación.

I. La violación al secreto de las mesas de seguridad

Cuando la gobernadora dice estar dispuesta a compartir «lo que he escuchado en las mesas de seguridad», no está describiendo cooperación institucional. Está describiendo una filtración activa de inteligencia de Estado a cambio de un beneficio personal. Las mesas de seguridad son espacios de coordinación entre autoridades federales, estatales y militares sobre operativos, riesgos y estrategias de combate al crimen organizado. Ofrecer ese contenido a un interlocutor extranjero —así sea informalmente, así sea bajo presión— no es un gesto de transparencia. Es la ruptura del principio más básico de cualquier aparato de seguridad: que lo que se discute en la mesa se queda en la mesa.

El indicador aquí no es solo lo que dijo. Es que lo dijo sin condicionarlo a un marco legal, sin exigir garantías procesales y sin involucrar a la Cancillería o a la Fiscalía General de la República (FGR). Lo ofreció directamente, como quien negocia su salida individual.

II. La premura como indicador de estrés operativo

Nadie negocia con calma cuando tiene tiempo de sobra. La velocidad con la que la gobernadora se muestra dispuesta a hablar —sin exigir la presencia de un abogado en tiempo real, sin pausar la conversación y sin pedir que la oferta se ponga por escrito— es, en sí misma, un indicador. La premura delata la percepción de una ventana que se cierra. Y quien percibe que la ventana se cierra generalmente sabe algo que el público todavía no sabe.

III. El estrés detectable en la llamada

La pregunta «¿me están diciendo que me quieren llevar de extradición?» no es una pregunta retórica ni una pregunta de quien se siente segura. Es una pregunta de verificación urgente, el tipo de pregunta que se hace cuando el terreno bajo los pies deja de sentirse sólido. Sumada a la disposición inmediata a cooperar, el patrón conductual es consistente con lo que, en el análisis forense del discurso, se identifica como una respuesta de estrés agudo: necesidad de resolución inmediata, ausencia de filtros defensivos y entrega de información sin exigir una contraprestación clara. No está negociando desde la fuerza. Está negociando desde el miedo.

IV. El hecho inminente: ya entregó a alguien y entregará a más

Aquí está la hipótesis central de esta columna, y la sostengo como hipótesis, no como un hecho consumado y verificado: si la gobernadora está dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad para evitar cargos, lo más probable —dada la lógica elemental de cualquier negociación con una agencia de inteligencia— es que ya lo haya hecho. No se ofrece una mercancía sin haber entregado primero una muestra. Así opera cualquier intercambio de información con una agencia como el Buró Federal de Investigaciones (FBI): la confianza se construye con entregas parciales antes de la entrega completa.

Y si hay un nombre con mayor probabilidad de ser la primera pieza sacrificada, ese nombre es Carlos Torres Torres, su expareja. La revocación de la visa se aplicó primero a él, en mayo de 2025. Existe ya una investigación en curso contra él y contra Alfonso Torres Torres por presunto narcotráfico y lavado de dinero. Es la pieza con menor costo político para ella, la más fácil de sacrificar sin comprometer su propia base de poder y la que ya estaba, desde el origen, en la mira de las autoridades estadounidenses antes que ella misma.

V. ¿Qué políticos deben estar ya en esa lista?

No voy a inventar nombres donde no hay evidencia —eso sería exactamente el vicio que esta columna denuncia en otros—. Pero el ejercicio de perfilar es legítimo, y hay al menos dos perfiles que ya traen su propio expediente de vulnerabilidad, construido por ellos mismos.

El operador legislativo. El perfil de un operador de larga trayectoria que ya documentamos en el caso de Juan Manuel Molina García —presencia institucional prolongada, cercanía histórica con el círculo de poder y función de bisagra entre bancadas— es precisamente el tipo de perfil que una negociación de esta naturaleza pondría sobre la mesa. No afirmo que esté ahí. Afirmo que el mecanismo, si se activa, tiende a consumir primero a los operadores de segunda línea antes que a los principales.

La fiscal. El segundo perfil es más inmediato, porque no requiere hipótesis: es un expediente ya abierto por hechos propios. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado de Baja California, encabeza una institución sobre la que penden al menos tres señalamientos documentados.

Primero, la persecución del delito ha mostrado resultados que ella misma calificó como insuficientes: «No estamos satisfechos», reconoció al cierre de 2025, pese a presumir una baja del 27 por ciento en los homicidios dolosos.

Segundo, y más grave, existe evidencia de reclasificación de delitos de alto impacto: chats de junio de 2024 muestran instrucciones internas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para registrar fraudes, extorsiones y robos con violencia en plataformas que no se contabilizan en las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo, mientras las desapariciones se multiplicaban por cinco entre 2021 y 2025.

Tercero, el nepotismo familiar: dos hijas de la fiscal —Laura Elena Madrigal Andrade, basificada en el sistema penitenciario estatal, con una triplicación de sueldo tras su sindicalización exprés, y Lizeth Jazmín Torres Andrade, subdirectora dentro de la propia FGE y autora material de las instrucciones de reclasificación— ocupan posiciones dentro del mismo aparato que ella dirige.

Lo más preocupante no es cada hecho por separado. Es la convergencia: una fiscal que oculta las cifras reales de violencia, que tiene a su propia familia operando dentro del sistema que debería fiscalizarla con independencia y cuya institución ha sido señalada por permitir —vía agentes coludidos— la operación de grupos criminales en territorio bajacaliforniano. Eso no es ineficiencia. Es facilitación estructural. Y quien controla el aparato que decide qué se investiga y qué se reclasifica controla también qué información puede blindar o exponer a la gobernadora en cualquier negociación futura.

El puente hacia el crimen organizado ya tiene nombre y cifra. Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali, es acusado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de haber pagado 150 mil dólares mensuales a Carlos Torres Torres para permitir la operación de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, en distintas zonas del estado. Es decir: el mismo hombre que estuvo a cargo de la seguridad pública de la ciudad fronteriza más importante del estado es señalado como el canal de financiamiento criminal hacia el círculo íntimo de la gobernadora. Ese es el eslabón que conecta la corporación policial con la mesa familiar.

Y la cadena no termina en Tijuana ni en Mexicali. Carlos Torres Torres aparece también en indagatorias por huachicoleo, además del narcotráfico y el lavado de dinero ya conocidos. Y el huachicol fiscal, como categoría delictiva, tiene hoy un nombre que domina las páginas nacionales: el senador Adán Augusto López Hernández, señalado por el periodista Jesús Lemus como la cabeza de una presunta red de contrabando de combustible que involucraría a marinos, funcionarios aduanales y operadores políticos.

No sostengo que exista un vínculo operativo probado entre Carlos Torres y Adán Augusto López —no lo hay documentado hasta ahora—. Sostengo que ambos aparecen en el mismo tipo de expediente, bajo la misma lógica delictiva y en el mismo momento histórico. Y, sumado a esto, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya enfrenta cargos formales en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Tres nombres, tres expedientes distintos, un mismo denominador: la estructura de poder construida alrededor del proyecto de la Cuarta Transformación.

Si Marina del Pilar decide entregar información para salvarse, no está en condiciones de entregar solamente a operadores estatales de segunda línea. El nivel de exposición que ella misma reconoce en el audio —con capacidad de hablar de mesas de seguridad, de reuniones sostenidas y de contactos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI)— sugiere que cualquier cooperación real tendría que tocar, tarde o temprano, intereses que llegan directamente hasta la cúpula construida por Andrés Manuel López Obrador. No es una acusación. Es la lectura más elemental de con quién comparte expediente, sector delictivo y momento político.

V bis. El precedente Carpio y la guerra abierta del CJNG contra el gobierno estatal

Este no sería el primer funcionario del entorno de Marina del Pilar convertido en fuente para las autoridades estadounidenses. En abril de 2024, el entonces fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez —quien renunció en 2023, tras la detención en California de dos de sus propios agentes del Ministerio Público por tráfico de droga—, fue señalado como testigo cooperante en Estados Unidos, presuntamente aportando información sobre colaboradores de la gobernadora que habrían pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para financiar la campaña y obtener protección estatal.

La gobernadora lo negó entonces como «fake news» electoral. Pero el patrón —un exfuncionario de primer nivel, con una salida abrupta del cargo, convertido en fuente...

...cooperante del otro lado de la frontera— es exactamente el mismo que hoy se repite con ella.

Y si el eje Mendívil–Torres Torres documenta el vínculo del gobierno estatal con Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, entonces la reacción del cártel rival no debería sorprender a nadie: es el patrón clásico de una plaza en disputa. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya ha dejado constancia pública, con su propia firma, de que considera al gobierno estatal una contraparte que pactó y luego incumplió. La narcomanta de abril de 2024 contra Armando Carrazco López, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), junto con Netza Jáuregui Santillán y Oliver Herrero, lo dice sin ambigüedad: «No se nos olvidan los favores que pidieron y luego, como maricones, faltaron a la palabra y a los acuerdos». Casi dos años después, en febrero de 2026, el mensaje se repitió con el incendio de un food truck de su propiedad frente a las oficinas de la CESPM y con otra manta firmada por el CJNG.

En ese mismo periodo, la infraestructura de seguridad del Estado ha sido blanco de una escalada que encaja en la misma lógica de represalia. En septiembre de 2025, oficinas de la Fiscalía General de Baja California (FGBC) en Ensenada y Tijuana fueron atacadas con explosivos, con un saldo de cinco patrullas quemadas. Un mes después, en octubre de 2025, drones sobrevolaron y atacaron con explosivos las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía en Playas de Tijuana. Ninguno de los dos ataques tuvo una autoría formalmente confirmada en su momento. Pero el mecanismo —drones cargados con explosivos como arma de presión territorial— es precisamente la firma operativa que el CJNG ha perfeccionado y exportado a otras plazas en disputa a escala nacional, de acuerdo con reportes especializados en conflicto urbano.

Leído en conjunto, el patrón es consistente: un gobierno estatal que facilita a Los Rusos —aliados del Cártel de Sinaloa— mientras incumple acuerdos previos con el CJNG, y un CJNG que responde con la misma secuencia que ha utilizado en otras partes del país: narcomantas, incendios dirigidos y ataques con drones contra la infraestructura del propio aparato de seguridad que, a su juicio, lo traicionó. No es una guerra abstracta contra el crimen. Es una guerra específica, con nombre y factura pendiente, entre el gobierno de Marina del Pilar y uno de los dos cárteles que se disputan Baja California.

VI. El contacto controlado del FBI: la mentira de «no buscamos a nadie»

El intermediario le dice que las agencias estadounidenses «no tienen interés» en seguir hablando con ella y que ya «perdieron el tiempo» en encuentros previos. Es una técnica de negociación elemental: fingir desinterés para presionar a la contraparte a moverse primero. Pero el mensaje se desmiente por sí solo. Si de verdad no hubiera interés, no habría intermediarios viajando para reunirse con ella, no habría una segunda llamada ni logística de traducción simultánea o seguimiento sostenido durante meses. Una agencia sin interés no invierte presupuesto ni disponibilidad operativa en mantener vivo el contacto. La contradicción entre el discurso —«no te buscamos»— y la conducta —buscarla, viajar, insistir— es el indicador más claro de que se trata de una técnica de presión controlada, no de un desinterés genuino.

VII. Por qué Héctor de Mauleón filtra estas llamadas

Aquí planteo una hipótesis de mecanismo, no una acusación de mala conducta —la distinción importa—. La hipótesis de trabajo es la siguiente: De Mauleón ha retomado, sin atribución suficiente, líneas de investigación que Guadalupe Lizárraga ya había desarrollado sobre Carlos Torres Torres. Ese material, al circular, llega a manos de analistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que monitorean la cobertura mediática relevante para sus propios expedientes. Y, dado que De Mauleón mantiene vínculos editoriales con medios de alto desgaste institucional como LatinUS, se convierte en un canal funcional —consciente o no— para que la Embajada de Estados Unidos en México coloque material sensible en el ciclo noticioso mexicano.

No sostengo que De Mauleón actúe de mala fe ni que sea un operador consciente de una agencia extranjera. Sostengo que existe un mecanismo: una guerra blanda de desgaste institucional en la que periodistas mexicanos, con o sin saberlo, funcionan como vehículos de filtraciones que sirven a un interés geopolítico ajeno al interés público mexicano. El mecanismo es lo que se documenta aquí, no la intención individual.

VIII. La confesión que desmonta la narrativa de la visa

La pieza final: ella misma reconoce haberse reunido «con todos ellos» y que la han tratado mal. Esa frase, por sí sola, entierra la versión original de junio. No se puede sostener simultáneamente que los encuentros fueron trámites legales rutinarios para recuperar una visa y que, en esos mismos encuentros, fue tratada con una hostilidad suficiente para generarle el nivel de estrés que se escucha en la grabación. Los trámites migratorios no generan ese tipo de tensión. Las negociaciones bajo amenaza de cargos, sí.

Veredicto.

Este segundo audio no es una filtración más. Es la pieza que convierte la sospecha de junio en un patrón verificable: una gobernadora en funciones que ofrece activos de inteligencia estatal a cambio de protección personal, bajo una presión que ella misma confirma con su propia voz. Pero el dato central de esta saga no es el audio en sí. Es que Marina del Pilar sostiene, sin saberlo o sabiéndolo perfectamente, la hebra más delgada de un tejido de poder que va de una fiscalía que maquilla homicidios hasta un senador señalado como cabeza del huachicol fiscal, pasando por un policía que cobraba por mirar hacia otro lado y un cártel que ya cobró venganza por los acuerdos rotos. Jalar esa hebra no expone solamente a una gobernadora. Expone la costura completa. Lo que resta no es preguntar si habrá más nombres. Es preguntar quién, en la cúpula, empieza ya a sentir que el hilo tira de su propia manga.