Hazael Sayavedra Sábado, 11 de Julio del 2026, 00:00
Marina del Pilar ha contado en el Congreso con un operador que respalda deuda, controla la agenda legislativa y blinda sus decisiones.
Por Hazael Sayavedra
Resumen ejecutivo: este análisis identifica un patrón sostenido de conducta institucional en la trayectoria de Juan Manuel Molina García, diputado local de Baja California, a lo largo de 17 años y tres afiliaciones partidistas. Mientras la administración de Marina del Pilar Ávila enfrenta uno de los escándalos más graves de su gestión —la investigación federal contra su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico, el audio filtrado sobre la contratación de un abogado especializado en lavado de dinero, y el paralelo abierto con el caso del gobernador de Sinaloa—, Molina García ha operado, desde la presidencia casi ininterrumpida de la Junta de Coordinación Política, como la pieza legislativa que garantiza que la agenda financiera y política del Ejecutivo avance sin fricción en el Congreso.
La evidencia documental —votaciones, presupuesto, expedientes públicos y declaraciones propias— apunta a un operador cuya función no ha sido legislar en beneficio de la ciudadanía, sino administrar y blindar el poder del Ejecutivo en turno, así como el suyo propio. Mientras el foco público se concentra en la gobernadora, la pieza que sostiene su operación legislativa permanece, hasta ahora, fuera de todo escrutinio. No se trata de una lectura ideológica: es una lectura de indicadores.
Indicador 1: control ininterrumpido de los órganos de gobierno, pese a alternancia partidista
Molina García ha ocupado una curul en tres periodos no consecutivos —2007-2010, 2013-2016 y 2019 a la fecha— bajo tres siglas distintas: PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. La variable que no cambia es el control: presidió la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) desde 2014, y de nuevo de forma casi ininterrumpida desde 2023, además de la Mesa Directiva del Congreso.
En el marco analítico que hemos aplicado a otros casos en esta columna, esto constituye un indicador clásico de *arquitectura de poder*: la persistencia del control institucional es independiente de la etiqueta partidista, lo que sugiere que la afiliación es instrumental, no ideológica. El operador no sirve a un proyecto político; sirve a su propia posición dentro del aparato, cualquiera que sea el partido que controle el aparato en ese momento.
Indicador 2: el costo de la permanencia, cuantificado
Un diputado de Baja California percibe una dieta bruta de 84 mil pesos mensuales, 64 mil netos, equivalente a 770 mil pesos anuales solo en sueldo. Proyectado sobre los 13 años activos de Molina García, la cifra acumulada en dieta ronda los 10 millones de pesos —sin contar aguinaldos ni las compensaciones adicionales, no desglosadas públicamente, que corresponden a presidir Mesa Directiva y JUCOPO.
A esto se suma el acceso a partidas operativas de los 25 legisladores: 60 millones de pesos anuales en "reuniones de trabajo" y 90 millones más en "ayudas sociales" discrecionales, un total de 150 millones que, de repartirse de forma pareja, representarían medio millón de pesos mensuales por diputado. La oposición ha denunciado que en la práctica el acceso real está concentrado en Morena y sus aliados.
El contexto agrava el indicador: Baja California opera, según el diagnóstico presentado por la propia Presidencia de la República en 2026, el Congreso más caro del país por legislador —34.8 millones de pesos anuales por diputado. Cuando se le confrontó con la exigencia de recorte de la reforma electoral federal, el propio Molina García reconoció que el presupuesto legislativo supera los 800 millones de pesos y debería bajar a 640 millones —pero precisó de inmediato que el 65-70% del gasto, correspondiente a personal sindicalizado, no sería tocado. Es un patrón que se repite en cada uno de los casos documentados en este expediente: gestión del discurso de la austeridad sin compromiso real con la reducción del gasto.
Indicador 3: producción legislativa orientada a la arquitectura del propio poder, no al ciudadano
Una revisión de las iniciativas que llevan su firma no arroja una sola con impacto social directo, redistributivo o medible para el ciudadano común. El patrón es sistemático: reformas sobre inasistencias y dietas de diputados, nuevos medios de impugnación electoral, la asignación de diputaciones plurinominales, y un "haber de retiro" para jueces que benefició a un gremio específico del Poder Judicial, no a la población general.
Una búsqueda activa —diseñada específicamente para encontrar el contraejemplo, en salud, vivienda, educación o seguridad ciudadana— no localizó ninguna iniciativa de su autoría en esos rubros. La ausencia, tras búsqueda deliberada, es en sí misma un dato.
Las diez votaciones que definen el patrón: impacto real y beneficiario
La síntesis que estas diez votaciones exhiben
Ordenadas una junto a otra, estas diez decisiones no muestran variación: ninguna beneficia de forma directa, medible y verificable a la ciudadanía de Baja California. El beneficiario cambia de nombre —el gobernador en turno, un gremio judicial, el propio Congreso o un partido—, pero nunca de categoría: siempre es alguien ya instalado en el poder, nunca el ciudadano que paga la dieta, las partidas discrecionales y la deuda que estas reformas avalan.
No se trata de una lectura de intenciones, sino de resultados. Diecisiete años de producción legislativa documentada revelan un patrón constante: el poder legislando para sostener al poder. En el expediente revisado no aparece una sola excepción que rompa esa lógica. Y cuando una regla carece de excepciones, deja de ser una coincidencia para convertirse en un método.
Lo que Molina García sí hizo de manera constante fue avalar la deuda del Ejecutivo de su propio partido: 3,500 millones de pesos en la Ley de Ingresos de 2026 y 2,960 millones más para la desaladora de Rosarito, en febrero del mismo año. En este segundo caso, presentó personalmente la reserva legal que sostuvo la narrativa oficial de que la deuda no impactaría las tarifas ciudadanas.
Esa fue también la función que desempeñó en 2019 y 2020, cuando integró la comisión que impulsó la llamada “Ley Bonilla” —el intento de ampliar el mandato que la Suprema Corte declaró inconstitucional— y votó a favor de su segunda vuelta. El patrón reapareció en 2026, cuando la oposición local cuestionó el aplazamiento de las elecciones judiciales federales con una frase que resumió el método: “¿Qué es esto, la Ley Bonilla 2.0?”.
Existe, además, un indicador de supervisión omitida más que de acción directa. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali lo señaló públicamente, junto con otro legislador, por la quiebra del ISSSTECALI, el instituto encargado de la salud y las pensiones de burócratas y maestros del estado. Como uno de los legisladores con mayor antigüedad y control institucional, la falta de vigilancia oportuna resulta directamente vinculada con las responsabilidades de su cargo.
Indicador 4: crisis de salud vs. prioridades legislativas — el contraste que expone la lealtad
Mientras Molina García facilita, votación tras votación, el endeudamiento del Ejecutivo estatal, Baja California enfrenta una crisis documentada de desabasto en sus hospitales. El propio secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas, confirmó que el gobierno estatal ha tenido que aportar recursos extraordinarios —240 millones de pesos reportados en 2025, y compras adicionales que, sumadas entre 2025 y 2026, alcanzan los 590 millones de pesos— para cubrir fallas del esquema federal IMSS-Bienestar en el suministro de medicamentos oncológicos, antibióticos e insumos básicos. La propia Federación ha dejado claro que no reembolsará ese gasto al estado.
No hay registro de una sola iniciativa de Molina García que aborde esta emergencia con la misma energía institucional que dedica a respaldar el endeudamiento de la gobernadora. El contraste es el indicador más claro de hacia dónde apunta su prioridad real: los recursos y el capital político fluyen hacia deuda y proyectos de infraestructura con nombre y fecha de anuncio, mientras la atención médica básica —la que efectivamente toca la vida del ciudadano de a pie— se resuelve a fuerza de "compras extraordinarias" de emergencia, sin que su bancada ni su presidencia de JUCOPO hayan hecho de esto una prioridad legislativa visible.
Indicador 5: replicación del patrón en el ámbito privado — el laboratorio de Villa Mediterránea
El comportamiento institucional documentado en el Congreso se replica, a escala reducida, en el fraccionamiento donde reside desde 2016. La expresidenta del comité de vecinos declaró que los conflictos surgen sistemáticamente "cuando él no está dentro del comité" — un patrón de búsqueda de control que se repite con independencia del contexto, público o privado.
En 2018, siendo secretario de esa misma asociación civil, permitió la construcción de 20 casas dentro del fraccionamiento sin que se haya transparentado el destino de los recursos generados por esa operación. El conflicto más reciente, en junio de 2026, escaló a un altercado físico con cuatro detenidos por el control de la casa club; hay una demanda por daño moral en camino, derivada de que utilizó las instalaciones del propio Congreso del Estado para desacreditar públicamente al abogado de la parte contraria.
Este indicador es relevante porque desmiente la hipótesis de que el patrón de control institucional responde a una lógica exclusivamente partidista o de operador del Ejecutivo: se manifiesta también donde no hay partido, ni gobernadora, ni presupuesto público de por medio — solo un comité de vecinos.
Indicador 6: uso de recursos públicos sin transparencia — el caso de los escoltas
Desde 2009, Molina García cuenta con tres elementos de seguridad pública asignados como escoltas personales, sin que su asignación haya sido justificada o transparentada. Tabulando un costo de referencia de 40 mil pesos mensuales por escolta:
| Concepto | Costo mensual | Costo anual | Acumulado en 17 años |
|---|---|---|---|| 1 escolta | $40,000 MXN | $480,000 MXN | $8.16 millones MXN || 3 escoltas | $120,000 MXN | $1,440,000 MXN | *$24.48 millones MXN* |Casi 25 millones de pesos del erario sostenidos durante 17 años para proteger a un solo legislador local, sin que exista una amenaza acreditada que justifique ese nivel de protección. Existe una denuncia en integración ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto uso indebido de recursos públicos.
La pregunta que este expediente no puede evitar hacer
Quien administra, en última instancia, el uso de policías estatales como escoltas personales es el Ejecutivo en turno, hoy encabezado por la gobernadora Marina del Pilar. La razón resulta evidente: Molina García ha sido, indicador tras indicador en este análisis, el operador que garantiza que la agenda financiera y política del Ejecutivo avance sin fricciones en el Congreso. Ha avalado deuda por miles de millones de pesos, blindado narrativas oficiales y controlado la agenda legislativa desde la JUCOPO.
Si ese servicio representa para el gobierno en turno la aprobación del endeudamiento estatal por miles de millones de pesos, el costo de tres escoltas resulta, en comparación, una cifra menor para mantener en operación a la pieza que sostiene ese engranaje.
La pregunta que se desprende, entonces, no es retórica: ¿de qué o de quién se protege un diputado local con 17 años de escoltas pagados por el erario?
Este análisis no afirma ni sugiere ningún vínculo con la delincuencia organizada; no existe evidencia pública de ello y, de existir en el futuro, sería otro expediente. Descartada esa hipótesis por falta de evidencia, la pregunta persiste: si su producción legislativa documentada —sección anterior de este análisis— no muestra una sola ley en beneficio del ciudadano y su función real ha sido sostener el poder de quien gobierna, entonces el riesgo del que se protege no parece provenir de un cártel ni de un enemigo político armado.
Todo apunta, por descarte, a una fuente mucho más simple: el descontento del ciudadano de a pie, de ese mismo pueblo al que se debe por mandato constitucional y al que, según la evidencia de este expediente, no le ha servido, sirviendo, en cambio, a quien lo mantiene ahí. El voto popular, en sus propias palabras, es lo que legitima su permanencia. La pregunta es si ese mismo pueblo es, hoy, de quien más se cuida.
Privilegios personales vs. austeridad discursiva
Molina García ha respaldado, en el discurso, reformas de austeridad y contención del gasto —como la defensa pública del recorte al presupuesto del Congreso (Indicador 2)—. Sus propios beneficios personales contrastan con ese discurso:
| Concepto | Monto mensual |
|---|---|| Dieta neta | ~$64,535 MXN || Tres escoltas | ~$120,000 MXN || Partidas operativas (gasto de comisión / apoyos) | ~$300,000 MXN || *Total aproximado que genera y administra mensualmente* | *$484,535 MXN ($16,150 MXN diarios)* |Esta suma —que combina su ingreso personal con partidas operativas y de seguridad a su disposición, no todas provenientes de su propio bolsillo, pero sí bajo su gestión o para su beneficio directo— contrasta con el salario mínimo vigente en 2026 para la Zona Libre de la Frontera Norte, a la que pertenece Baja California: 13,409.80 pesos mensuales.
En otras palabras, lo que un legislador administra o recibe en un mes equivale a más de 36 salarios mínimos de la región que representa, mientras esa misma zona enfrenta el desabasto de medicamentos documentado en el Indicador 4.
En 2024, el excandidato a gobernador Enrique Acosta Fregoso exigió que se le aplicara el mismo criterio que a otro diputado de Morena obligado a pedir licencia por violencia familiar, señalando que Molina García fue videograbado por una televisora local jaloneando a su esposa e hijo y amenazando a familiares afuera de la escuela del menor, en una disputa por custodia. Semanas después, el propio legislador declaró en el pleno del Congreso que la violencia de género "no se permitirá" en la institución.
La brecha entre el discurso institucional y la conducta documentada es, en el marco de este análisis, el indicador más revelador de todos: no describe un desliz aislado, sino la desconexión entre la autoridad moral que se atribuye y los hechos que la desmienten.
Conclusión: perfil de riesgo institucional
Los siete indicadores convergen en un mismo perfil: un operador cuya función real, sostenida durante 17 años y a través de tres partidos, ha sido administrar el poder del Ejecutivo en turno y blindar su propia posición dentro del Congreso, sin producir legislación de beneficio social medible, priorizando la deuda y la infraestructura sobre la crisis de salud que enfrenta el ciudadano, y replicando el mismo patrón de búsqueda de control en cualquier espacio —público o privado— donde participa.
El caso se cierra, casi como una firma, con el episodio de mayo de 2026: tras la muerte de un niño de tres años en Mexicali, Molina García impulsó un exhorto para restringir el consumo de alcohol en fiestas infantiles y reuniones familiares, con sanciones para quien organice el evento. Es la expresión más nítida del perfil descrito en este análisis: una autoridad que ya no distingue entre lo público y lo privado, convencida de que 17 años de permanencia le otorgan legitimidad para vigilar la vida doméstica de otros, mientras sus propios indicadores —de violencia doméstica, de opacidad patrimonial en su fraccionamiento, de uso no transparentado de recursos públicos— permanecen sin la misma vigilancia que él exige para los demás.
