Daniel Lee Martes, 28 de Julio del 2026
Estados Unidos depende del trabajo de millones de mexicanos que aún enfrentan precariedad migratoria y una creciente amenaza de deportación.
Por Daniel Lee
Hay una cifra que debería obligar a Estados Unidos y a México a replantear su política migratoria: 11.1 millones de personas nacidas en México viven actualmente en Estados Unidos. Son el grupo inmigrante más grande de ese país y representan el 22 por ciento de toda la población nacida en el extranjero.
Pero el dato verdaderamente revelador está en otra parte: la migración mexicana ya no crece como antes. En 2007 alcanzó un máximo superior a 11.7 millones y, desde entonces, ha descendido. La imagen de una llegada interminable de mexicanos simplemente no corresponde con la realidad demográfica.
Lo que sí existe es una comunidad profundamente arraigada. Millones llevan décadas en Estados Unidos, han formado familias, construido patrimonio y sostienen actividades esenciales. Más de la mitad trabaja en servicios, construcción, mantenimiento y recursos naturales. Más de la mitad vive en California y Texas, con una presencia significativa en Illinois, Arizona y Florida.
Aquí aparece la gran contradicción: Estados Unidos necesita su trabajo, pero una parte importante de esos trabajadores continúa viviendo bajo condiciones de vulnerabilidad migratoria.
El Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un centro de investigación independiente con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, (MPI) calcula que unos 5.5 millones de mexicanos se encontraban en situación migratoria no autorizada en 2023, el 40 por ciento de todos los inmigrantes indocumentados del país. No son una población recién llegada: muchos llevan años, incluso décadas, viviendo en territorio estadounidense.
Por eso resulta políticamente conveniente, pero profundamente engañoso, presentar a los mexicanos como una amenaza que avanza sobre Estados Unidos. La realidad es otra: la migración mexicana se desaceleró, mientras la comunidad mexicana se consolidó.
Y esa comunidad ya no puede medirse únicamente por los 11.1 millones nacidos en México. Son alrededor de 40.5 millones las personas de ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos. Allí están los hijos y nietos de los migrantes, ciudadanos estadounidenses que forman parte de una realidad binacional que ninguna redada puede borrar.
La pregunta ya no es cuántos mexicanos llegan. La pregunta es qué derechos tienen quienes ya están ahí y qué lugar ocupan en las decisiones que afectan su futuro.
Ahí es donde México también tiene una deuda.
Durante décadas, el país ha hablado de sus migrantes con orgullo, ha celebrado sus remesas y ha reconocido su importancia económica. Pero el reconocimiento simbólico no basta. Una comunidad que sostiene familias, regiones y sectores productivos necesita representación política proporcional a su peso.
Organizaciones migrantes mexicanas han comenzado a plantearlo con claridad. #FuerzaMigrante ha respaldado la creación de diputaciones reservadas para mexicanos residentes en el extranjero como un avance hacia una representación efectiva, pero también ha advertido que todavía existen pendientes, entre ellos, una presencia adecuada de los migrantes en el Senado.
Ese planteamiento no es un privilegio. Es una cuestión de democracia.
Si millones de mexicanos viven fuera del territorio nacional, pero mantienen vínculos familiares, económicos y políticos con México, no pueden ser considerados ciudadanos de segunda cuando se trata de participar en las decisiones del país.
La Diputación Migrante debe dejar de verse como una concesión política. Debe entenderse como lo que realmente es: el reconocimiento institucional de una nación que también vive fuera de sus fronteras.
Y esto adquiere mayor relevancia frente a la política antimigrante de Donald Trump. Las deportaciones, las redadas y la amenaza permanente no solamente golpean a individuos: afectan a familias, comunidades y sectores económicos completos. La respuesta de México no puede limitarse a reaccionar después de cada operativo. Tiene que construir capacidad política propia y una representación migrante fuerte, legítima y permanente.
Porque hay una verdad que ya no admite discursos evasivos: Estados Unidos no puede querer a los mexicanos cuando necesita su trabajo y rechazarlos cuando reclaman derechos.
La migración mexicana cambió. Ahora debe cambiar también la política.
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