Narco-drones: cárteles vigilan la frontera y exponen a migrantes

Daniel Lee

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Los migrantes mexicanos enfrentan extorsiones, secuestros y abandono en rutas controladas por traficantes que cobran hasta 20 mil dólares por cruces marítimos.

Por Daniel Lee

Es un hecho. La tecnología se convirtió en una nueva aliada del crimen organizado y sus principales víctimas también son los migrantes mexicanos.

Los cárteles utilizan drones para vigilar a las autoridades estadounidenses, coordinar el tráfico de personas, identificar rutas clandestinas y facilitar cruces ilegales. Pero detrás de esta nueva modalidad criminal existe una realidad más preocupante: miles de connacionales que buscan llegar a Estados Unidos están cada vez más expuestos a organizaciones que han convertido su desesperación en un negocio multimillonario.

En la frontera entre Tijuana y San Diego, los llamados narcodrones son los nuevos ojos del crimen organizado. De acuerdo con información de la Patrulla Fronteriza, organizaciones como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de células vinculadas a los Arellano Félix, utilizan estos dispositivos para monitorear los movimientos de los agentes, identificar horarios y detectar oportunidades para facilitar el cruce de migrantes y drogas.

El fenómeno adquiere dimensiones alarmantes. Más de 300 sistemas aéreos no tripulados habían sido neutralizados durante 2026 por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, del Comando Norte estadounidense. La cifra evidencia el crecimiento de esta amenaza y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, que ahora incorporan herramientas tecnológicas a sus operaciones.

Sin embargo, el verdadero problema para México no termina en la vigilancia fronteriza. La pregunta fundamental es qué está ocurriendo con nuestros connacionales, quienes se encuentran en medio de una estructura delictiva que los utiliza, los extorsiona y los expone a peligros cada vez mayores.

Los drones permiten a los traficantes guiar a los migrantes desde territorio mexicano, indicarles por dónde avanzar, advertirles sobre la presencia de agentes fronterizos y señalar los puntos donde serán recogidos. Esto significa que quienes contratan a un coyote no necesariamente están pagando por un traslado seguro, sino que pueden quedar bajo el control de organizaciones criminales que conocen sus movimientos y administran sus posibilidades de llegar al otro lado.

La vulnerabilidad es enorme. A los cobros por cruzar se suman los riesgos de extorsión, secuestro, abandono y violencia. Los migrantes pueden terminar atrapados en redes que no solamente lucran con su necesidad, sino que disponen de información para vigilarlos y someterlos. Su condición de personas en movilidad los convierte en objetivos particularmente vulnerables.

Y mientras Estados Unidos perfecciona sus sistemas de vigilancia, los migrantes enfrentan otro peligro: el desplazamiento hacia rutas cada vez más riesgosas. El endurecimiento de los controles terrestres está empujando a algunos a buscar alternativas marítimas, donde los traficantes utilizan lanchas rápidas y motos acuáticas para trasladarlos hacia las costas de California.

En estos recorridos, según la información de la Patrulla Fronteriza, los coyotes llegan a cobrar entre 18 mil y 20 mil dólares por persona. Cantidades exorbitantes que no garantizan llegar con vida. El océano, las corrientes, la falta de equipo adecuado y el abandono de las embarcaciones pueden convertir el supuesto sueño americano en una tragedia familiar.

La situación también afecta a los mexicanos que viven en las comunidades fronterizas. Los habitantes de Tijuana y otras localidades cercanas enfrentan la presencia de organizaciones que utilizan sus colonias como puntos de operación, mientras los despliegues de seguridad y la actividad criminal pueden alterar su tranquilidad, movilidad y actividades económicas.

A ello se suma el riesgo de que la creciente preocupación estadounidense por los narcodrones termine alimentando nuevas restricciones migratorias y mayores presiones sobre los mexicanos que viven y trabajan en ese país. Es indispensable distinguir entre quienes forman parte de las redes criminales y quienes únicamente buscan oportunidades, visitan a sus familias o cruzan legalmente por motivos laborales y personales. No se puede convertir a toda la comunidad mexicana en sospechosa por las actividades de los cárteles.

México tampoco puede permanecer al margen. La operación binacional antidrones Águila Alta, desarrollada en la zona Tijuana-San Diego durante septiembre, demuestra que ambos gobiernos reconocen la dimensión del problema y la necesidad de coordinarse. Pero neutralizar aparatos no es suficiente. Se requiere desmantelar las redes de tráfico de personas, investigar a sus operadores, combatir la corrupción y recuperar el control de las zonas donde actúan estas organizaciones.

La responsabilidad del gobierno mexicano es proteger a sus ciudadanos, no solamente colaborar en operativos de seguridad. También debe garantizar que la defensa de la frontera no signifique abandonar a quienes, por necesidad, deciden emigrar. La protección consular, la atención a víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la asistencia a las familias deben formar parte de una estrategia integral.

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