Hazael Sayavedra Jueves, 15 de Octubre del 2026
En México, el control del agua cruza concesiones, negocios, obra pública, intereses extranjeros y señalamientos de infiltración del crimen organizado.
Por Hazael Sayavedra
En Sinaloa, el gobernador Rocha Moya habría entregado los módulos de riego y las juntas de agua a Los Chapitos como pago de campaña. En Mexicali, el director de la CESPM compró un departamento en La Jolla con un sueldo de doscientos pesos mensuales. En Baja California, la gobernadora que juró defender el agua abrió el camino a Niagara Bottling. En Querétaro y Yucatán, títulos agrícolas exentos de pago se convirtieron en negocio de pipas y embotelladoras. Y en Rosarito, tras dos concursos desiertos, Conagua adjudicó la mayor desaladora de América Latina a una empresa española por invitación restringida.
Para el gobierno, no importa quién es el postor. Lo que importa es el color del dinero. El crimen organizado cobra en efectivo y en territorio. Los intereses extranjeros cobran en contratos y en tecnología. Los políticos cobran en ambos.
I. El agua como botín
Sinaloa es el caso más grave. Según un reportaje de N+ basado en un informante de la DEA y testimonios locales, el gobernador Rocha Moya habría recibido alrededor de diez millones de dólares en efectivo durante la campaña de 2021, entregados por René Bastidas Mercado, alias Doble Cero, jefe de plaza de Los Chapitos en Elota. A cambio, se habría acordado ceder la administración, operación y cobro de las juntas municipales de agua potable de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, además de los módulos de riego agrícola de Conagua.
En Sinaloa hay nueve distritos de riego que operan unos cuarenta y ocho módulos. Cada módulo genera, en promedio, alrededor de cien millones de pesos anuales. Los recursos se habrían desviado mediante contratos apócrifos, facturas alteradas y aviadores en la nómina.
El contador Rodolfo López, administrador del módulo de riego número cinco en Angostura, declaró en video que, desde marzo de 2022, se empezaron a entregar de forma sistemática recursos de varios módulos a la organización criminal. López fue secuestrado en mayo de 2025 y su cuerpo apareció en julio. Otros presidentes de módulos también fueron amenazados o desaparecidos.
En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un indictment contra Rocha Moya, el exsecretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios, acusándolos de conspirar con Los Chapitos para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político. El documento describe reuniones protegidas por sicarios, robo de boletas, intimidación de opositores y entrega de control sobre policías y fiscalías estatales y locales.
Rocha Moya negó categóricamente las acusaciones, las calificó de calumnia y las enmarcó como un ataque a la soberanía mexicana. En México, Conagua anunció en mayo de 2026 que investigaba la posible incursión del crimen organizado en los distritos de riego, y la FGR mantiene investigaciones abiertas. Pero hasta ahora no hay resoluciones judiciales definitivas que acrediten el esquema completo.
Lo que sí es innegable es la lógica: en un estado agrícola como Sinaloa, controlar los módulos de riego da acceso a datos de productores, hectáreas sembradas y necesidades de agua. Permite imponer cuotas, cortar suministros, extorsionar transportistas de cosechas y convertir el agua en herramienta de gobernabilidad territorial. Forma parte del fenómeno más amplio conocido como huachicol de agua, en el que cárteles controlan distribución, pipas y sistemas de riego en varios estados.
II. Mexicali: el director con departamento en La Jolla
Armando Carrazco López, director de la CESPM en Mexicali, compró en octubre de 2024 un condominio en La Jolla, San Diego, por un millón cincuenta mil dólares, a través de una LLC llamada JACM, con su esposa Norma Monge como gerente. El enganche fue de casi medio millón en efectivo, más una hipoteca de unos quinientos setenta y siete mil. Su salario declarado es de apenas doscientos pesos mensuales, más percepciones adicionales de unos cuarenta y siete mil pesos mensuales —poco más de un millón doscientos mil pesos al año—. Los números no cierran.
Las narcomantas son dos: una en abril de 2024, firmada por el CJNG, que lo acusa, junto con el secretario Netzahualcóyotl Jáuregui, de pedir favores y faltar a acuerdos; y otra en febrero de 2026, cuando quemaron un food truck frente a las oficinas de la CESPM con un mensaje aún más agresivo. El Congreso estatal pidió a la Fiscalía que investigue el origen de esas mantas.
Un funcionario que maneja el agua no vende permisos de ambulantaje. Vende algo mucho más valioso: el recurso más escaso del país. Por eso, cuando un director de la CESPM aparece con un departamento de un millón de dólares en La Jolla y un sueldo de doscientos pesos mensuales, y cuando el mismo funcionario aparece en narcomantas del CJNG acusándolo de faltar a acuerdos, el mensaje es el mismo. Los cárteles no acusan a quien no les debe nada. Señalan a quien les debe y no paga. Aquí está el patrón señalado por los propios cárteles. Es evidente el mensaje.
La Secretaría Anticorrupción abrió investigación patrimonial en abril, pero sólo por la propiedad —no incluye las mantas—, y él sigue en el cargo. La CESPM maneja una cartera vencida de más de mil doscientos millones de pesos, y los decretos de condonación de multas que él mismo gestiona son justo el tipo de herramienta que podría usarse para cobrar favores.
III. Samaniego y la reforma del agua
El diputado José Armando Fernández Samaniego, de Morena, por el Distrito 7 de Baja California, fue antes director de la CESPM y secretario del Agua del estado. El reclamo del campo es doble.
Primero, su paso por la CESPM: la Auditoría Superior detectó que la empresa Fisamex cobró de forma irregular a usuarios industriales entre 2020 y 2021, y la paraestatal tuvo que devolver más de noventa y dos millones de pesos a veinte usuarios. Samaniego firmó un contrato modificatorio con esa empresa y la auditoría lo señaló, aunque él dijo que sólo firmó una ampliación sin voto.
Segundo, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 2025. En una reunión con productores del Valle de Mexicali, el presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, Horacio Gómez Carranza, lo insultó públicamente porque les había prometido integrar sus propuestas al dictamen y no lo hizo. El presidente del Distrito de Riego 014, Juan Carlos Fierro, lo declaró apestado en todo el valle.
Sobre el Tratado de 1944: Samaniego propone auditar los permisos de riego del Valle para canalizar agua a Tijuana, que sólo tiene títulos para la mitad de lo que consume. El Distrito 014 vendía esa agua a trece pesos el metro cúbico —unos ochenta millones de metros cúbicos al año, más de cien millones de pesos— y el gobierno estatal pagó quinientos millones en seis años. La reforma que él defendió prohíbe esa venta y da concesiones directas a los municipios.
Su defensa es que no es sequía sino saqueo: quinientas treinta mil concesiones irregulares en treinta años, y que los títulos de riego son para sembrar, no para comerciar. Los agricultores responden que el Distrito no tiene facultad para ceder volúmenes y que sus propuestas fueron ignoradas.
IV. Marina del Pilar: el doble discurso
Marina del Pilar no apoyó a Constellation Brands —la planta se canceló en 2020 con la consulta ciudadana donde el setenta y seis por ciento votó en contra, y ella era alcaldesa de Mexicali en ese momento—. La empresa se fue a Veracruz y, en 2024, vendió el predio de cuatrocientas hectáreas a inversionistas para parques industriales.
Lo que sí respaldó fue la embotelladora Niagara, de Niagara Bottling, la mayor de América del Norte. En diciembre de 2023 anunció una inversión de noventa millones de dólares en Mexicali, con derechos de agua de agricultores del Valle y un consumo declarado de diecisiete litros por segundo, unos quinientos mil metros cúbicos al año. La alcaldesa Norma Bustamante se retractó y dijo que fue un error de comunicación, pero Marina insistió en que ya tenía permisos federales. Los colectivos señalaron que la planta de Soyaniquilpan, en el Estado de México, tiene una concesión real de dos punto ochenta y cinco millones de metros cúbicos anuales —casi seis veces lo declarado— y que eso equivale al sesenta por ciento de lo que consume toda la industria de Mexicali. Hasta 2024, la planta no tenía permisos municipales y el proyecto quedó en pausa.
La desaladora de Rosarito es otra cosa: inversión pública de más de quince mil seiscientos millones de pesos, diez mil setecientos treinta de la Federación y cuatro mil ochocientos ochenta y seis del estado, adjudicada a Cox Energy por seis mil ciento treinta y ocho millones. Marina colocó la primera piedra en septiembre de 2026, con capacidad de dos mil doscientos litros por segundo para Tijuana, Rosarito y Ensenada, lista en 2029. No es un negocio privado —es obra pública—, aunque el estado paga casi cinco mil millones en conducción.
V. Jaime Bonilla: la caja chica que nadie quiso tocar
Jaime Bonilla gobernó Baja California de 2019 a 2021, y su pelea con el agua fue la más frontal de la historia reciente del estado. Su argumento era simple: la CESPT era la caja chica de treinta años, un escalón político para campañas, donde no se facturaba el consumo, pero sí se generaban recursos para bolsillos de funcionarios. Cobró mil ochocientos millones a evasores como Jorge Hank, Walmart, Hyundai y el aeropuerto, y exhibió a cuatrocientas cincuenta y cuatro empresas deudoras.
En julio de 2021 impulsó la reforma que traspasaba los organismos operadores del agua a los ayuntamientos. La frase que cierra esta sección es la suya propia: la CESPT era más que caja chica, era escalón político. Dos gobernadores, dos partidos, el mismo botín. El agua no cambia de dueño cuando cambia el partido.
VI. Querétaro y Yucatán: el mismo patrón
Querétaro ya agotó siete de sus doce acuíferos, y el caso más documentado es el de la familia Calzada, ligada al PRI: concesiones agrícolas exentas de pago que usaban para vender agua en pipas y abastecer un club de polo con esquí acuático. Conagua les clausuró los pozos y les extinguió los títulos, aunque ellos promovieron amparos. También aparece el exgobernador Ignacio Loyola Vera con una concesión de casi diez mil metros cúbicos, y el megaproyecto El Batán, una planta de potabilización de aguas residuales por once mil millones de pesos en esquema de asociación público-privada que comprometería al estado por treinta años —organizaciones la denuncian como privatización encubierta—.
En Yucatán, el acuífero cayó setenta por ciento en veinticinco años, y entre 2015 y 2023 se concesionaron tres mil millones de metros cúbicos. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín es el mayor acaparador documentado: un millón cuatrocientos dos mil metros cúbicos al año para su rancho en Motul. Y la empresa de Alfonso Romo, Enerall, tiene más de treinta millones de metros cúbicos concesionados en Tizimín, denunciada por contaminar cenotes con glifosato.
El patrón se repite: títulos agrícolas como fachada para negocio privado y, cuando el acuífero colapsa, el político ya cobró.
VII. La presencia israelí en el agua
Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, y conviene ser preciso. Lo documentado es presencia comercial y tecnológica, no control. Conagua firmó con Mekorot en 2013 para remediar diez acuíferos, y Chihuahua tiene un convenio con MASHAV desde 2023, vigente hasta 2027, que no fue registrado ante la SRE ni Amexcid —eso sí es ilegal y está denunciado—. Conagua pagó unos trescientos cincuenta y ocho millones de pesos a entidades israelíes: Mekorot, la Universidad de Tel Aviv y Netafim.
En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri firmó en octubre de 2022 un memorándum con el embajador Zvi Tal que cubre agua, movilidad, planeación urbana, seguridad y ciberseguridad. En 2024, la embajada organizó la Semana Internacional de Agua con Mekorot. Y la empresa Aquestia trabaja con la Comisión Estatal de Aguas y Amazon en gestión de presión: reportan dieciocho por ciento menos pérdidas en once zonas, más de mil millones de litros ahorrados al año, beneficiando a doce mil quinientas personas. La embajada presentó en diciembre de 2025 a Aquestia junto con Bermad, Phytech, Rivulis y Treetoscope: válvulas inteligentes, sensores, riego de precisión.
En Yucatán, el antecedente es la carta de intención que Mauricio Vila Dosal firmó en junio de 2021 con la embajada israelí: once áreas, entre ellas calidad del agua, agricultura, seguridad pública y cambio climático. Esa carta es la que el embajador Yoed Magen recordó en octubre de 2026 durante Pro Agro Innovación, donde seis empresas israelíes ofrecieron tecnología agrícola y de manejo de agua, con apoyo de Israel Trade and Investment. Morena Yucatán la rechazó y pidió revisar los vínculos comerciales. Los activistas jóvenes lanzaron la campaña “Lo que pasó en Gaza puede pasar en tu casa”, y la creadora Vicky Wolff advirtió sobre los riesgos para los cenotes.
En Puerto Peñasco, la israelí IDE Technologies presentó en diciembre de 2022 una propuesta de cinco mil quinientos millones de dólares para desalinizar agua del mar de Cortés y bombearla trescientos veintiocho kilómetros hasta Phoenix, con capacidad de mil millones de metros cúbicos al año. AMLO dijo en enero de 2023 que no había problema si no había oposición ambiental, pero Durazo la calificó de absurdo y dijo que no estaba en la agenda estatal. En diciembre de 2025, el gobierno de Sonora negó tener proyectos activos, y el proyecto sigue estancado.
En Rosarito, IDE Water México sí compitió: en la invitación restringida de agosto de 2026 presentó la oferta más alta, seis mil ciento noventa y seis millones de pesos, contra cinco mil doscientos noventa y dos de Cox Energy, que ganó. El proceso fue opaco —dos concursos desiertos antes y la invitación sólo a tres empresas—.
VIII. Guadalajara: la marcha que lo volvió político
El domingo once de octubre, unas diez mil personas —un análisis de la UdeG habló de más de veintiún mil— salieron de La Minerva hacia Casa Jalisco, residencia del gobernador Pablo Lemus, exigiendo agua limpia. El reclamo venía de meses: agua turbia, con olor a cloaca, metales pesados y heces fecales en más de trescientas cuarenta colonias de la zona metropolitana, cobrada igual.
Terminó en enfrentamiento: gas lacrimógeno, cañones de agua, treinta y nueve detenidos, cincuenta y nueve heridos entre civiles y policías. La relatora de la ONU para libertad de reunión exigió investigación inmediata. Y ayer Lemus reculó: admitió que el operativo se salió de control, que nunca se les debió echar agua ni gas, y liberó a todos los detenidos.
Lo que conecta con la columna es el detalle que tú señalas: entre los manifestantes había antisionistas, y las redes reactivaron el debate sobre la presencia israelí en el agua de Jalisco —desde 2016 existe una carta de intención entre el gobierno estatal y el Technion de Israel para cooperación en energía, biotecnología y soluciones hídricas—. No hay contratos que entreguen el SIAPA a empresas israelíes, pero el temor está ahí, en la calle.
Y la respuesta de Lemus es la prueba de que ese temor ya es política: en su mensaje de ayer descartó expresamente que el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara vaya a entregarse a una empresa de origen israelí. Cuando un gobernador tiene que negar públicamente algo que nadie le había preguntado formalmente, es porque la sospecha ya corre sola.
IX. El temor y las protestas
Y aquí está la parte más delicada. En Chihuahua, los colectivos que marchan contra el convenio con Israel rechazan expresamente el antisemitismo: su blanco es el Estado israelí y la falta de transparencia, no la comunidad judía. Pero en las redes y en algunos discursos, el reclamo se desliza de empresas israelíes a “los judíos controlan el agua”, y ésa es una narrativa distinta, con una historia larga y peligrosa.
La teoría de que los judíos controlan el agua de México no tiene evidencia. Las embotelladoras que secan acuíferos son Nestlé, Bonafont, Coca-Cola —francesas, suizas, estadounidenses—. Y cuando un gobierno no resuelve la escasez, le conviene un culpable externo. La escasez es culpa de concesiones irregulares, sobreexplotación y políticos que cobran, no de una minoría.
X. El patrón
El agua no se vota, se negocia. Los políticos la venden a intereses privados o extranjeros, o la entregan al crimen organizado. Para el gobierno, no importa quién es el postor. Lo que importa es el color del dinero. El crimen organizado cobra en efectivo y en territorio. Los intereses extranjeros cobran en contratos y en tecnología. Los políticos cobran en ambos. Y las empresas israelíes son un factor a tener en cuenta, no como conspiración, sino como presencia comercial real que merece escrutinio.
La pregunta no es quién se queda con el agua. Es quién cobra por dejarla ir.