El migrante guatemalteco había sido víctima de múltiples ataques violentos en su país, y tenía una "retención de remoción", figura legal que impide su deportación.
Los Ángeles Press
El gobierno federal de Estados Unidos trabaja para asegurar un vuelo chárter que permita el regreso al país de un ciudadano guatemalteco identificado únicamente con las iniciales O.C.G., luego de que un juez federal ordenara su repatriación al considerar que su deportación se llevó a cabo sin las garantías de debido proceso. Así lo informó el Departamento de Justicia en documentos judiciales presentados este miércoles, según reportó CBS News.
La semana pasada, el juez federal Brian Murphy, del distrito de Estados Unidos, dictaminó que O.C.G. debe ser retornado al territorio estadounidense, al concluir que la administración del expresidente Donald Trump "ignoró" pasos fundamentales durante su proceso de expulsión.
De acuerdo con sus abogados, O.C.G. no tiene antecedentes penales y solicitó asilo en EEUU tras haber sido víctima de múltiples ataques violentos en Guatemala. Ingresó ilegalmente en marzo de 2024, fue deportado, pero logró regresar más tarde y se entregó a la Patrulla Fronteriza para iniciar un nuevo procedimiento de asilo.
En febrero de 2025, un juez de inmigración determinó que el guatemalteco enfrentaría graves riesgos si regresaba a su país, por lo que dictó una "retención de remoción", figura legal que impide su deportación a Guatemala. Sin embargo, apenas dos días después de esta resolución, O.C.G. fue enviado a México sin previo aviso ni oportunidad de comunicarse con sus abogados, según su testimonio.
Durante su audiencia migratoria, O.C.G. presentó pruebas de que fue agredido sexualmente en México mientras intentaba llegar por segunda vez a Estados Unidos, lo que llevó al juez a prohibir su traslado a cualquier país distinto de Guatemala sin un proceso adicional de revisión.
Luego de su expulsión a México, las autoridades mexicanas lo deportaron a Guatemala, donde actualmente permanece oculto por temor a represalias, de acuerdo con los documentos judiciales.
En su fallo, el juez Murphy subrayó que las súplicas de O.C.G. "fueron ignoradas" y que los procedimientos necesarios "no se cumplieron". Asimismo, criticó que el gobierno federal se basara en una declaración jurada errónea, según la cual O.C.G. había expresado no temer su envío a México. Más adelante, el Departamento de Justicia admitió que dicha afirmación no pudo ser corroborada y que fue un error.
“La única prueba ante la Corte es la declaración no refutada de O.C.G., quien asegura que no fue notificado sobre su traslado a México ni tuvo oportunidad de explicar por qué eso sería peligroso para él”, escribió Murphy. Añadió que la retractación del gobierno "hace ineludible la ya sólida conclusión de que su remoción careció por completo de debido proceso".
Este caso se suma a otros similares en los que jueces federales han cuestionado la legalidad de las deportaciones llevadas a cabo bajo la administración Trump, alegando que los migrantes no recibieron las garantías legales mínimas. En otro caso paralelo, se ordenó facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador, aunque aún permanece encarcelado en ese país.
La situación de O.C.G. reabre el debate sobre la transparencia y legalidad de las políticas migratorias de deportación acelerada implementadas en los últimos años.