Víctimas de García Luna, desde prisión, denuncian torturas y montajes

García Luna y Cárdenas Palomino fabricaron delitos y obtuvieron confesiones bajo torturas para simular eficiencia policial.

Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.