Hidalguenses relacionados en masacres y magnicidios

Hidalguenses de relevancia pública en el crimen.

Por Juan Ricardo Montoya

Jesús Murillo Karam no es el único hidalguense que a lo largo de la historia ha sido involucrado para ocultar una masacre de relevancia en el país. El exgobernador y extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) fue detenido por inventar la "verdad histórica" con mentiras y fabricaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ahora los familiares de las víctimas piden 80 años de prisión, pero éste es el caso más reciente. Los nombres de varios hidalguenses destacaron por estar involucrados con masacres y magnicidios.  

La matanza estudiantil de 1968, la desaparición de integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones en 1974, el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, el de Paco Stanley en 1999, así como la desaparición del exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha, autor intelectual del homicidio de Francisco Ruiz Massieu en 1994 son los casos en que, de forma directa o circunstancial, han salido a relucir nombres de hidalguenses relacionados con crímenes en las altas esferas del poder político.

En la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, Ciudad de México, aparecen dos nombres de hidalguenses, tanto del lado de los que perpetraron la matanza como de los estudiantes que presuntamente traicionaron al movimiento de estudiantes. El entonces regente del Departamento del Distrito Federal Alfonso Corona del Rosal, originario de Ixmiquilpan y Sócrates Campos Lemus, de Tianguistengo, Hidalgo.

Alfonso Corona del Rosal, fue el mismo que se llevó a su natal Ixmiquilpan la estatua original de bronce de la “Diana, la Cazadora” que por años estuvo en Paseo de la Reforma. Fue en tiempos de cuando fungió como regente capitalino entre 1966 a 1970, nombrado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga de 1968 lo responsabilizaron de los actos represivos que se registraron entre julio y octubre de ese año, cuyo sangriento clímax fue la Noche de Tlatelolco, como se le conoce a la masacre perpetrada por elementos del ejército mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado “Batallón Olimpia”, el cual, se sabría años después, era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial.

Pese a estos señalamientos, en 1986, Alfonso Corona del Rosal fue condecorado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la medalla al Mérito Revolucionario.

"Nuestro país vivía tranquilamente en el año del 68. La población tenía salarios justos, pero de pronto nos brotó un movimiento de jóvenes y se hizo el problema del 68. De ese problema se han escrito muchas falsedades... Nuestro ejército nunca cometió un acto indebido fuera de la ley en ese problema", escribió en sus memorias Corona del Rosal, quien murió en el 2000, a los 94 años con el grado de general.

De la contraparte, por el lado de los estudiantes, el nombre de Sócrates Campos Lemus destacó en 1968, siendo estudiante de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Algunos integrantes del Consejo Nacional de Huelga le recriminaron, el que sin haber consensuado con los otros miembros del movimiento, tomó el micrófono en un mitin en el Zócalo capitalino, realizado el 26  agosto de 1968  y pidió a los miles de asistentes quedarse en "plantón" permanente frente a Palacio Nacional.

Se le atribuye también que, en esa misma ocasión, fue el que izó una bandera rojinegra en la asta del zócalo, lo que sirvió de pretexto a los medios de comunicación para denigrar al movimiento estudiantil.

Esto fue días antes del Cuarto Informe de Gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, que se tenía previsto para el primero de septiembre en la Antigua Cámara de Diputados de la calle Donceles, a unas cuadras del zócalo. El llamamiento de Sócrates, sin ser acordado con los otros líderes estudiantiles, fue calificado por sus mismos compañeros como un acto innecesario de provocación que sirvió de pretexto para que la explanada fuera desalojada por la policía y el ejército.

De acuerdo con testigos, durante el mítin del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas volvió a tomar el micrófono y se dirigió a los asistentes: “¡No corran, compañeros! ¡Es una provocación!”, en el momento en que una bengala roja se vio en el cielo.

Su alocución, según sus detractores, provocó que muchos estudiantes permanecieran en la plaza aún en los momentos en que se produjeron los primeros disparos, causando más muertes.

Tras su captura, fue señalado de haber proporcionado nombres y datos sobre los líderes del Consejo Nacional de Huelga.

Años después, a partir del 2000, con la administración de Vicente Fox, fue asesor en materia de comunicación social del procurador general de la República, el general de justicia militar Rafael Macedo de la Concha. Sin embargo, Sócrates tuvo que renunciar poco después tras la difusión de una fotografía en la que apareció conviviendo con los narcotraficantes y miembros del cártel del Golfo Juan García Abrego y Juan N. Guerra.

Campos Lemus fue acusado también en su momento de trabajar para la Dirección Federal de Seguridad (DFS), a cargo Fernando Gutiérrez Barrios.

Para otros dirigentes estudiantiles, el que hubiera sido detenido en Tlatelolco y permanecido encarcelado algunos años en Lecumberri, lo eximen de los señalamientos de traición. Para otros, fue una táctica para mantenerse infiltrado en el movimiento. Sócrates falleció el 23 de septiembre de 2021, en Monterrey, Nuevo León.

Otros de los hidalguenses que cobró relevancia por un asesinato fue José Antonio Zorrilla Pérez, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), nacido en 1951, en Huichapan, fue el único funcionario de alto nivel del gobierno de Miguel De la Madrid que fue encarcelado por el asesinato del periodista Manuel Buendía Téllez Girón, perpetrado el 30 de mayo de 1984, en el cruce de las avenidas Insurgentes y Hamburgo de la Ciudad de México.

A Zorrilla se le acusa igual que a Murillo Karam de alterar las indagatorias del crimen cometido por un sicario que, ayudado por otra persona, huyó en motocicleta y supuestamente se refugió en las oficinas de la PGR. Fue el primero en llegar a la escena del crimen e iniciar las indagatorias antes del agente del Ministerio Público.

Tras revelarse que la Dirección Federal de Seguridad protegía a diversos narcotraficantes, esa dependencia desapareció y fue sustituida por el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), aunque gran parte de los servidores públicos seguían trabajando con las mismas investigaciones y las mismass prácticas, pero con diferentes superiores adminsitrativos, entre éstos Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Zorrilla fue candidato a diputado federal por el PRI por el Distrito de Pachuca. Fue detenido el 13 de junio de 1989 sin lograr terminar la contienda electoral, y llevado al Reclusorio Norte.

La condena fue de 35 años de prisión, el delito por su implicación en la muerte del periodista Manuel Buendía.

En 2013, dejó la cárcel después de 24 años de reclusión. Belén Bolaños, entonces jueza de Ejecuciones y Sanciones del Reclusorio Varonil Oriente, ordenó que Zorrilla Pérez quedara bajo custodia en su domicilio, bajo el argumento de que su salud se había deteriorado.

Otro hidalguense de circuntancias similares es Alejandro Straffon Arteaga, quien fungió como procurador de Justicia de Hidalgo durante el gobierno de Manuel Sánchez Vite. Fue detenido en su casa de la ciudad de Pachuca, a finales de junio 2005. La acusación estuvo atendida por la efímera Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por haber participado en el secuestro de seis integrantes de la Brigada Campesina de los Lacandones capturados en Actopan, Hidalgo, en 1974.

Fue coacusado junto con los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. No obstante, a las pocas semanas el asunto se cayó ante diversas irregularidades por lo que los abogados lograron obtener su total libertad.

El fracaso de este caso motivó la desaparición de la Femospp creada durante el gobierno de Vicente Fox.

En el asesinato del conductor de televisión Francisco "Paco" Stanley, ocurrido el 7 de julio de 1999, involucró de manera indirecta a los hidalguenses Marcos Souverbille, ex titular de Seguridad Pública de Hidalgo, y a Lidia Noguez Torres, nombrada el  mes de junio de 2022 como integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH). Esta situación provocó protestas de los diputados locales de MORENA, Andrés Cabello Zerón y Lisset Marcelino Tovar, quiénes le dieron la espalda al momento en que tomó juramento del cargo ante el pleno de la 65 Legislatura local al considerar que su designación era ilegal.

En 1999, Lidia Noguez fungía como directora de Normatividad de la Subsecretaría de Gobernación cuando Murillo Karam estaba a cargo de esa dependencia, al renunciar al cargo de gobernador de Hidalgo.

El nombre de Noguez salió a relucir cuando la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, a cargo del también hidalguense Samuel del Villar, dio a conocer el hallazgo de una credencial que acreditaba como agente de la Secretaría de Gobernación a "Paco" Stanley, asesinado el 7 de julio de 1999.

La credencial estaba firmada por Noguez Torres y por el entonces director General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de Gobernación, Marcos Souverbille, asesinado años después cuando estaba en el cargo de secretario de Seguridad Pública de Hidalgo en el municipio de Huasca de Ocampo. Su muerte se presume a manos de kaibiles guatemaltecos contratados por Los Zetas.

Por ese hecho, Noguez fue inhabilitada del servicio púbico. Lo que no impidió que posteriormente, en 2013, Jesús Murillo Karam, ya en el cargo de titular de la extinta Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto, la nombrara como encargada del despacho en la Visitaduría General de esa dependencia.

Finalmente, otro hidalguense involucrado en un hecho transcendental fue el del médico pachuqueño Manuel Espinosa Milo, quien -según las investigaciones- escondió en su casa ubicada en la capital hidalguense al diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Asesinato ocurrido el 28 de septiembre de 1994, seis meses después del magnicidio del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio.

Mientras era buscado por la policía, Muñoz Rocha se refugió por algunos días en la casa del doctor Espinosa, ubicada en la ciudad de Pachuca, a unas cuadras del Palacio de Gobierno de Hidalgo para luego desaparecer de manera misteriosa.

Funcionarios y políticos de Hidalgo han sido parte de la historia de sangre de este país.