
Rosario Martínez De la Vega Jueves, 20 de Junio del 2024
Los túneles sanitizantes en San Miguel de Allende, con costos millonarios pese a la inficacia.
Por Rosario Martínez De la Vega
San Miguel de Allende, Gto. - A pesar de las claras advertencias de la Secretaría de Salud federal el 8 de abril de 2020 sobre la ineficacia y peligros de los túneles sanitizantes, la administración de Luis Alberto Villarreal (2018-2021) ignoró estas recomendaciones y adquirió 43 "arcos sanitizantes" por casi 3.5 millones de pesos.
En junio de 2020, dos meses después del exhorto de la Secretaría de Salud, el gobierno de Luis Alberto Villarreal compró 20 arcos a "Comercializadora y Distribuidora Sagitario" por 1.82 millones de pesos, incluyendo desinfectante para 60 días destinado a la presidencia municipal.
Curiosamente, esta microempresa, constituida con solo 50 mil pesos, ha recibido contratos millonarios por conceptos variados, desde medicamentos de alta gama hasta mobiliario, a pesar de que estos productos no figuran en su objeto social. Su página de Facebook no tiene actividad desde junio de 2019, y su representante legal, Mónica Camacho, registró el domicilio de la empresa en la Colonia Tabacalera de la CDMX, en un edificio de oficinas en renta.
El 11 de junio de 2020, la administración 2018-2021 de San Miguel de Allende adquirió otros 17 túneles a la persona física Brenda Lance Gómez por 1.4 millones de pesos. Sin historial como contratista ni datos de contacto en el padrón de proveedores, Gómez solo se presenta como comunicadora en su red social X, y participó en producciones en la Ciudad de México.
A pesar de esto, esta proveedora obtuvo dos contratos adicionales en 2020 por la compra de tapetes sanitizantes y overoles de protección, por 199 mil 825 pesos y 138 mil 747 pesos, respectivamente.
En julio de ese mismo año, los casos de Covid-19 aumentaron un 200% en una semana en el municipio de San Miguel de Allende.
En septiembre, se adquirieron 8 arcos más a "Comercial Garante del Bajío S.A. de C.V." por 250 mil 560 pesos. Esta empresa, constituida en 2019, no estaba facultada para recibir autorización de la COFEPRIS en ese momento. Además, su domicilio registrado es una modesta vivienda en Celaya, y su accionista mayoritario, Jaime Roberto Ortiz Herrera, solo tiene dos contratos públicos.
Actualmente, los contratos por estos arcos sanitizantes están incompletos en las plataformas de transparencia. No se conocen las especificaciones ni el costo por unidad. Este gasto en herramientas ineficaces y las irregularidades en las contrataciones y proveedores reflejan la corrupción en la administración de Luis Alberto Villarreal García. Hoy, estos arcos se encuentran arrumbados en bodegas municipales, recordándonos un gobierno que San Miguel de Allende no merece repetir.