Guadalupe Lizárraga Jueves, 26 de Junio del 2025
A través de asociaciones civiles financiadas por el Estado, Sergio Aguayo ha respaldado narrativas oficiales que han servido para encubrir montajes judiciales y fabricar culpables.
Por Guadalupe Lizárraga
Sergio Aguayo Quezada ha sido una figura omnipresente en el aparato intelectual del poder en México. Académico, comentarista, activista y asesor en temas de seguridad, —según la necesidad—, ha navegado con soltura entre los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, acumulando apoyos públicos, contratos y privilegios durante más de tres décadas. Su trayectoria, respaldada por instituciones financiadas con recursos del erario, revela una constante: su cercanía a la burocracia de seguridad e inteligencia del Estado, incluso en sus momentos más oscuros.
A pesar de que se mostraba crítico de Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su mandato Sergio Aguayo ha recibido recursos económicos de diversas instituciones públicas por concepto de creación de contenidos y asesorías en materia de seguridad. Entre los organismos que lo han favorecido con contratos, pensiones o apoyos económicos, de manera individual más aparte sus asociaciones civiles, destacan la Secretaría del Bienestar, Conacyt, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Canal 11, entre otros.
La Secretaría del Bienestar lo incluye en su padrón de beneficiarios, en calidad de persona física o moral, y confirma que recibió recursos públicos en 2022, 2023 y 2024. La referencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el acuerdo ACT-PUB/20/03/2024.08, obliga únicamente a transparentar esta relación, pero no precisa las valoraciones o destino de los recursos.
Otro ejemplo es en abril de 2024, cuando El Colegio de México, A.C. financió sus viáticos para una estancia de investigación en España. Aunque esta institución se clasifica como pública de asistencia privada, su operación depende en gran medida de recursos del erario, con aportaciones constantes del Banco de México, la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Incluso en la factura se le da el trato de servidor público.
Uno de sus contratos recientes es el que firmó con Canal 11 el 13 de mayo de 2024, para desarrollar contenidos como analista político y comentarista. El acuerdo contempla la realización de 14 programas, por un monto total de 221,375 pesos.
El mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha contratado sus servicios para la elaboración de contenidos del programa Diálogos sobre Justicia y Seguridad, transmitido por Justicia TV. En este caso, el contrato establece sus honorarios a pagos mensuales de 38,427.19 pesos, hasta alcanzar un total de 307,427.19 pesos.
A sus 78 años, Aguayo también recibe una pensión del ISSSTE como jubilado, por un monto mensual de 32,386.50 pesos, pese a mantenerse públicamente más activo que durante su juventud. Y recientemente ha sido nombrado como Consejero del CIDE, por la titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología Rosaura Ruiz, a quien se le recuerda como esposa del perredista y miembro del Comité del 68 Salvador Martínez della Roca.
Los negocios de su trayectoria
Su relación con los servicios de inteligencia del Estado mexicano se remonta a 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Aguayo promovía la necesidad de contar con servicios eficaces de inteligencia y seguridad, y se ofrecía como asesor del Cisen, bajo la dirección de Jorge Carrillo Olea. En ese contexto, mantenía vínculos cercanos con Jorge Tello Peón, entonces director de área en la burocracia de inteligencia y Genaro García Luna, quien en ese tiempo encabezaba la unidad de Contrainteligencia y Terrorismo.
Con la fundación de su asociación civil Alianza Cívica en 1994, Aguayo amplió su papel como proveedor de servicios al Estado, ahora enfocado en la promoción del mercado electoral. Durante el sexenio de Vicente Fox, su colaboración con el Cisen continuó. En 2001, fue parte del grupo de periodistas y académicos que respaldó públicamente la no filtración del narcotráfico de la agencia, bajo la dirección de Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Y desde ese mismo año ya participaba como comentarista en el programa de Carmen Aristegui, Primer plano, patrocinado con recursos públicos.
Sus actividades académicas se combinaron con la construcción de narrativas mediáticas sobre seguridad pública, aportando respaldo discursivo a la estrategia de Felipe Calderón en su supuesto combate al narcotráfico. Hoy se sabe que el principal operador de dicha estrategia, Genaro García Luna, colaboraba desde el Cisen con el Cártel de Sinaloa.
A pesar de presentarse como activista de derechos humanos, Aguayo fundó durante el sexenio calderonista otra asociación civil: Propuesta Cívica. Esta organización, también receptora de recursos públicos, que iba a la par de Isabel Miranda de Wallace, ha sido utilizada también para legitimar la fabricación de culpables bajo el discurso de los derechos humanos, en una lógica similar a la de Alto al Secuestro, dirigida por Miranda. Su fabricación más mediática ha sido respaldada por Javier Corral y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido en 2017 en Chihuahua.
Junto a Ricardo Raphael —con quien compartió trayectoria en el Cisen y en la creación de partidos políticos inexistentes—, Aguayo ha participado en la manipulación mediática del falso caso del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Utilizó a El Colegio de México, por un lado, para avalar el plagio de la investigación El falso caso Wallace (2014) y, por otro, para legitimar una nueva narrativa promovida por Raphael: exonerar a las víctimas de Isabel Miranda en el caso Wallace, pero incriminarlas en otros procesos con el fin de justificar su permanencia en prisión.