Rosario Martínez De la Vega Miércoles, 29 de Julio del 2026
Mientras la Secretaría de Salud de Guanajuato da por liquidados y «sin novedad» los suministros al CAISAME, las empresas proveedoras arrastran muertes, inhabilitaciones, medicamentos apócrifos y un sistemático desabasto a nivel nacional.
Por Rosario Martínez de la Vega
Segunda parte de “El Costo de la Cordura”.
LEÓN, Guanajuato.— El Centro de Atención Integral a la Salud Mental (CAISAME) se sostiene sobre la pulcritud del papel: expedientes limpios, contratos liquidados y sellos burocráticos que dan por cumplida cada entrega. Sin embargo, detrás de la contabilidad oficial opera una grave paradoja: las mismas farmacéuticas que abastecen al centro y que el gobierno estatal reporta sin anomalías arrastran, en el plano nacional, historiales de desabasto, contaminación de insumos, sanciones administrativas y alertas sanitarias.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 111100500222626, la Secretaría de Salud de Guanajuato detalló el suministro de medicamentos al CAISAME entre los años 2020 y 2026. La autoridad entregó a Los Ángeles Press las bases de datos en formato Excel con registros de medicinas enviadas desde el Almacén Estatal y dispensadas por farmacias subrogadas. No obstante, la propia dependencia precisó que, dentro de sus esquemas contractuales de facturación, no se contempla el registro de reportes por incumplimiento o retraso. El siguiente PDF corresponde solo a 2020, pero este medio tiene el registro completo hasta 2026.
Un ejemplo de esta aparente normalidad administrativa se registró en julio de 2024. El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) reportó la recepción puntual de un lote de palmitato de paliperidona —un antipsicótico de liberación prolongada indispensable para pacientes con trastornos neuropsiquiátricos— por un monto de 298 mil 998 pesos. Según el reporte oficial del Anexo Único Folio 68109, la provisión de las dosis de 100 mg y 75 mg se realizó en tiempo y forma, sin un solo día de retraso ni penalizaciones aplicadas.
En los registros del gobierno estatal el cumplimiento fue impecable; fuera de las oficinas gubernamentales, la realidad del mercado farmacéutico proveedor del sector público expone un escenario opuesto.
En este PDF se puede ver al final de las más de tres mil páginas, que el Instituto de la Salud registra el incumplimiento o retraso como N/A
El expediente negro de las proveedoras
Los nombres de las grandes firmas que acaparan las licitaciones estatales y federales acumulan expedientes críticos en los últimos años:
Laboratorios PiSA: En 2024, la contaminación en un lote de nutrición parenteral estuvo vinculada a la muerte de 17 menores de edad, un episodio que se sumó a sus antecedentes de desabasto de insulina y lotes contaminados de medicamentos oncológicos.
- Psicofarma / Grupo Neolpharma: Inhabilitada en 2020 por incumplimientos con el ISSSTE y señalada como responsable del desabasto de fármacos psiquiátricos, la empresa siguió recibiendo más de 4 mil millones de pesos en contratos públicos mientras pacientes en Guanajuato quedaban sin tratamiento. Las investigaciones revelan un patrón crítico: lotes de prueba vendidos como producto terminado, fabricación sin apego a buenas prácticas, violaciones al registro sanitario, ausencia de trazabilidad y empaques improvisados en bolsas de basura.
- Sun Pharma: Sancionada en 2024, la compañía acumuló entre 2025 y 2026 un 63.5% de faltantes en la compra consolidada nacional; millones de piezas nunca llegaron a las farmacias hospitalarias, mientras las asignaciones contractuales no se detuvieron.
Mercado paralelo: registros usurpados y fármacos apócrifos
A la crisis de cumplimiento se suma un fenómeno advertido de forma reiterada en las alertas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): la proliferación de insumos falsificados o adulterados que circulan en el mercado público y privado.
- Kener: Uso indebido de registro sanitario en el producto Diproalt/Ozoken.
- Tecnofarma: Detección de lotes no reconocidos de la heparina Hep-Tec.
- Ultra Laboratorios: Alteración de fechas de caducidad en el producto Zenplex.
- Novartis: Modificación fraudulenta en los empaques de Novovartalon.
- Landsteiner Scientific: Lotes apócrifos de Limustin® y Green Marvel.
Los maquiladores y laboratorios regionales
A la par de las grandes corporaciones, la red gubernamental se apoya en intermediarios y maquiladores locales para paliar las urgencias del sistema:
- Laboratorio RAAM de Sahuayo: Con origen en Michoacán y cercanía geográfica con Guanajuato, este laboratorio regional se especializa en proveer medicamentos genéricos de bajo costo a gobiernos estatales de la zona Centro-Occidente.
- LAB Química Son’s / Cryopharma / Biomep: Laboratorios de tamaño medio que suelen maquilar medicamentos o participar en licitaciones específicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, especialmente cuando se requiere abastecer de manera urgente el stock de las farmacias estatales.
Fugas en la cadena de custodia y vacíos institucionales
La vulnerabilidad del sector no solo reside en las plantas de fabricación, sino en la distribución y control de los inventarios. En 2026, la Cofepris emitió una alerta tras el robo de un cargamento de insulina Lantus (Sanofi Aventis) en Jilotepec, Estado de México, el cual perdió sus propiedades terapéuticas al romperse la cadena de frío requerida para su conservación.
A la par, farmacéuticas globales como Eli Lilly han enfrentado la distribución ilegal de fármacos como la tirzepatida en plataformas digitales sin registro ni prescripción médica, mientras empresas como Maver y Silanes han recurrido a juicios de amparo para frenar o diferir regulaciones sanitarias. La falta de control en el inventario nacional quedó al descubierto tras el hallazgo en el Hospital Infantil de México de 18.4 millones de piezas caducadas, entre las que figuraban productos del laboratorio Lundbeck.
Cumplimiento administrativo, riesgo sanitario
El contraste en Guanajuato es estructural: mientras las auditorías del ISAPEG cierran folios como «cumplidos» al verificar la entrega física de las cajas en almacén, la cadena de suministro global de donde provienen dichos insumos presenta severas brechas de supervisión.
Aunque el marco legal vigente contempla sanciones y rescisiones de contrato, en la práctica el sector opera bajo un esquema de suspensiones temporales, litigios prolongados y reincorporaciones a las licitaciones públicas.
En Guanajuato los contratos se cumplen, pero la salud se incumple
La burocracia archiva expedientes con sellos de conformidad, mientras los pacientes del CAISAME sobreviven en la ruleta de un sistema que entrega cajas, pero niega tratamientos.
PRIMERA PARTE: El costo de la cordura: desabasto psiquiátrico en Guanajuato