Cozumel queda expuesto a una expansión turística que concentra ganancias privadas y traslada los costos ambientales a la isla.
Los Ángeles Press | Especial
Cozumel, Quintana Roo.- La expansión de los proyectos turísticos vinculados a cruceros vuelve a colocar a Cozumel en el centro de una disputa ambiental y territorial. Después de las denuncias contra el proyecto Perfect Day Mexico en Mahahual, organizaciones y habitantes de la isla señalan ahora a Grupo ITM y a Royal Caribbean por el avance de planes portuarios que, advierten, podrían profundizar el deterioro del Caribe mexicano.
En la Isla de las Golondrinas, el conflicto apunta hacia un modelo de negocio que combina infraestructura portuaria, enclaves privados para pasajeros de cruceros y una presión creciente sobre ecosistemas frágiles. En ese entramado aparecen los nombres de Mauricio Hamui y Gerardo Miranda, vinculados a Grupo ITM, señalados por opositores al proyecto como operadores de una estrategia empresarial que privilegia la expansión portuaria sobre la capacidad ambiental de Cozumel.
Los operadores de la expansión portuaria
Mientras Royal Caribbean promueve inversiones bajo el discurso de la sustentabilidad, en Cozumel las críticas se concentran en el papel de Grupo ITM como facilitador local de proyectos asociados al crecimiento de la industria de cruceros. La preocupación no se limita a la llegada de más embarcaciones: incluye modificaciones normativas, presión sobre autoridades y una infraestructura que, según ambientalistas y prestadores de servicios, podría rebasar la capacidad de carga de la isla.
Hamui y Miranda son señalados por opositores al proyecto como empresarios clave en la consolidación de un esquema portuario que concentra servicios, controla flujos turísticos y reduce los beneficios directos para la comunidad local. La crítica central es que el modelo no busca integrar a Cozumel, sino retener a los pasajeros en circuitos privados vinculados a las navieras.
El riesgo ambiental se ubica en una zona de alta sensibilidad ecológica. Cozumel forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los ecosistemas marinos más importantes del continente. Sus arrecifes, especialmente en zonas como Palancar y Colombia, sostienen biodiversidad, turismo de buceo y actividades económicas locales que dependen de la salud del mar.
El arrecife bajo presión de los corporativos
Las denuncias contra el proyecto ITM-Royal Caribbean se concentran en tres impactos principales.
El primero es el dragado. La remoción del lecho marino puede levantar sedimentos capaces de afectar corales vivos, reducir la visibilidad del agua y alterar hábitats de especies marinas. Para una isla cuya economía depende del buceo, el daño al arrecife no sería solo ambiental, sino también económico.
El segundo es la capacidad de carga turística. La llegada de miles de pasajeros adicionales presionaría una isla que ya enfrenta problemas de manejo de residuos, disponibilidad de agua y saturación de servicios. El modelo de cruceros incrementa el flujo diario de visitantes sin garantizar necesariamente una derrama proporcional para los comercios locales.
El tercer punto es la privatización del litoral. Habitantes y prestadores de servicios advierten que los nuevos desarrollos pueden restringir el acceso libre a zonas costeras y convertir espacios públicos o de uso comunitario en áreas controladas por intereses privados vinculados a las navieras.
Un patrón que se repite en el Caribe mexicano
El conflicto de Cozumel no aparece aislado. Las críticas contra Grupo ITM y Royal Caribbean remiten al mismo patrón denunciado en la Costa Maya: proyectos presentados como detonadores económicos que, en los hechos, concentran beneficios en corporaciones portuarias y dejan a las comunidades locales con impactos ambientales, presión urbana y una participación marginal en las ganancias.
En Cozumel, opositores al proyecto señalan que los cabildeos empresariales buscan flexibilizar restricciones ambientales, sortear candados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y debilitar los instrumentos de ordenamiento ecológico local.
La pregunta pública se concentra ahora en las autoridades de Quintana Roo y del gobierno federal: hasta dónde permitirán que el crecimiento portuario avance sobre una isla cuya principal riqueza depende precisamente de su equilibrio ambiental.
Cozumel no es una plataforma desechable para la industria de cruceros. Sus arrecifes, playas y comunidades no pueden quedar subordinados a un modelo que convierte el Caribe en infraestructura de embarque, consumo controlado y rentabilidad corporativa.
Organizaciones ambientales, buzos, prestadores de servicios y habitantes de la isla han comenzado a advertir que el costo de la expansión puede ser irreversible. Si el proyecto avanza sin controles estrictos, transparencia y evaluación ambiental real, Cozumel podría perder aquello que sostiene su identidad, su economía y su valor ecológico: el mar vivo que durante décadas la convirtió en uno de los destinos más importantes del Caribe.