América Latina: abuso sexual sin consecuencias

Tanto Theodore McCarrick como Francisco José Cox Huneeus alcanzaron la cima de la jerarquía católica a finales del siglo XX a pesar de su historial de abusos.

A diferencia de lo ocurrido con los abusos de McCarrick en Estados Unidos, no existe un informe oficial del Vaticano sobre los abusos de Cox Huneeus en Chile.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

La semana pasada ocurrió una oleada de pequeños pasos en varios frentes de la crisis de los abusos sexuales. Por difícil que sea elegir uno de los casos con algún movimiento, aunque no necesariamente un avance, es difícil olvidar uno de Chile.

No es una sentencia trascendental de un alto tribunal de ese país, ni del tipo de noticias que se ven estos días en Nueva York. Ni siquiera de la expectativa que se encuentra en medios alemanes sobre las próximas diócesis u órdenes que publicarán informes en que no sólo cumplen con “pedir perdón”, sino que están dispuestos a predicar con el ejemplo de las reparaciones cuando sea necesario.

El jueves 7 de mayo, Christian LeCerf Raby, funcionario de una Corte de Apelaciones en Chile, admitió lo conocido: Francisco José Cox Huneeus, arzobispo de La Serena de 1990 a 1997, fue un depredador sexual y la Iglesia Católica lo protegió y encubrió.

Una de las víctimas de Cox Huneeus, Abel Soto Flores, que ahora tiene 57 años, denunció el caso en 2018, tras el Waterloo chileno del papa Francisco, durante su visita pastoral allí en 2017, al acusar al entonces arzobispo emérito de haber abusado de él cuando era menor.

Además de Soto Flores habría al menos otras seis víctimas. Los abusos se remontan al menos a 1975 y la última de las víctimas de ese grupo denunció la agresión del fallecido arzobispo como ocurrida en 1988.

Para entender mejor esa cronología, 1974 fue el año en que el papa Pablo VI nombró obispo a Cox Huneeus, antes de que cumpliera 41 años, como titular de Chillán, 370 kilómetros al sur de Santiago, donde pasó siete años antes de obtener un vuelo a Roma.

Supuestamente, el motivo del traslado a Roma era convertirse en el secretario del entonces Comité Pontificio para la Familia, entidad hoy transformada en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Dado lo que sabemos ahora, hay que subrayar que no hubo claridad sobre por qué dejó Chillán para irse a Roma.

La opacidad como política

La propia opacidad con la que la Iglesia Católica ha manejado estos casos durante al menos el último siglo hace necesario poner en duda el motivo real de tal traslado. Cox Huneeus pudo presentar el traslado como un ascenso, aunque, en realidad, el traslado a Roma plantee todo tipo de interrogantes.

Una vez en Roma, como secretario de aquel comité, se benefició de su relación con el cardenal Edouard Gagnon. Él formaba parte de una generación de prelados canadienses muy influyentes en Roma. Su poder era directamente proporcional al gran número de sacerdotes canadienses activos entonces en América Latina, África y Asia como misioneros.

No es difícil imaginar por qué Gagnon habría querido tener a un obispo latinoamericano como su mano derecha en aquel Comité, pero las dudas sobre por qué Cox Huneeus dejó Chillán “súbitamente” y cómo fue capaz de reciclar e incluso impulsar su carrera en Roma, siguen sin resolverse y son inquietantes.

Más cuando se consideran las similitudes de su caso con el del defenestrado cardenal Theodore McCarrick y cómo el papa Francisco los expulsó a ambos de manera sumaria del sacerdocio. Cabría suponer que se dictaron castigos similares, aunque simbólicos, por delitos similares. Cox Huneeus fue laicizado el 11 de octubre de 2018, cinco meses antes de que el papa argentino impusiera el mismo “castigo” a Theodore McCarrick el 19 de febrero de 2019.

Así, dada la “severidad” del castigo, intrascendente para los supervivientes, pero de gran envergadura desde la lógica del clero católico, es imposible no preguntarse cuántas víctimas más de Cox Huneeus hay además de las siete que se presentaron en los meses posteriores al viaje de Francisco a Chile en 2017.

Cabe preguntarse también si Gagnon estaba al tanto del comportamiento de Cox Huneeus. Sería imposible que no desempeñara un papel en el triunfal regreso de Cox Huneeus a Chile en 1985. Lamentablemente, aunque con McCarrick existe el reconocimiento de lo que la curia romana sabía sobre su comportamiento depredador, no existe un informe similar sobre el de Cox Huneeus.

El que exista un informe sobre McCarrick pero ninguno de Cox Huneeus se remonta a una cuestión en la que esta serie ha insistido repetidamente: la voluntad de la Iglesia Católica o de cualquier otra organización religiosa de rendir cuentas no es doctrinal, porque la doctrina es la misma en Estados Unidos y en Chile.

La voluntad de ofrecer un relato claro de lo que hizo de McCarrick el depredador que fue y el agujero negro en torno a Cox Huneeus depende de hasta dónde han estado dispuestas a llegar las autoridades en Estados Unidos o, por el contrario, de la falta de voluntad de las chilenas para seguir un camino similar.

La ausencia de registros accesibles sobre la investigación de antecedentes para su nombramiento como obispo no es incidental. Obliga a cualquier reconstrucción de los hechos a entrar en el terreno de la especulación, lo que ilustra la opacidad estructural que caracteriza el nombramiento de los obispos católicos.

Por el poder concentran, los obispos pueden llevar al infierno mismo a la Iglesia Católica. Pueden hacerlo cuando protegen a los abusadores; peor cuando ellos mismos son los depredadores, como en el caso de Cox Huneeus.

Dos depredadores, patrones similares

Roma publicó un informe para aclarar que se sabía y en qué momento sobre el ascenso de McCarrick al poder, porque existía el riesgo de que el papa Francisco fuera nombrado como de algún modo implicado en ese asunto.

Carlo Maria Viganò, el ahora excomulgado antiguo nuncio en Estados Unidos hizo todo para culpar a Francisco, incluso se unió a una campaña con el apoyo de los movimientos católicos de extrema derecha de Estados Unidos y Canadá, como en el caso de LifeSite News.

Dichos movimientos hicieron todo lo posible para amplificar al máximo tanto las teorías conspirativas antivacunas de Viganò como sus alegaciones sobre el papel del papa Francisco en el ascenso de McCarrick.

Aun cuando los alegatos de Viganò tuvieran poco o ningún apoyo, ante el riesgo de que el papa en funciones se viera implicado en el escándalo en que se convirtió el caso McCarrick a finales de 2018, la Secretaría de Estado vaticana publicó el único relato del ascenso de un depredador sexual en la Iglesia Católica, disponible aquí en inglés.

Un informe chileno similar al de McCarrick tendría que explicar la naturaleza del proceso de investigación dirigido por el entonces nuncio Sotero Sanz Villalba cuando Cox Huneeus fue propuesto como candidato a obispo. Mientras los archivos de la nunciatura no estén disponibles, es imposible no preguntarse si ya entonces, a principios de los setenta, existían informes sobre Cox Huneeus como depredador.

Lamentablemente, se sabe por otros casos, incluido el de McCarrick, que el hecho de ser nombrado en acusaciones de abuso sexual por parte del clero no descalificaba a los candidatos a obispo. El interés primordial de la Iglesia Católica ha sido su expansión y, por tanto, la confianza desmedida en su capacidad para “gestionar” eso asuntos internamente, algo que, ahora sabemos, facilitó el abuso.

Ahí es donde el informe McCarrick destaca al ofrecer un relato interno de cuántas voces avisaron a Juan Pablo II de acusaciones anteriores contra McCarrick, algunas de ellas de su época de sacerdote en la ciudad de Nueva York, cuando el entonces cardenal Karol Wojtyla visitó Estados Unidos y tuvo ocasión de conocer al futuro cardenal McCarrick, que era capaz de hilar alguna idea en polaco.

Los intereses de la Iglesia

Dejando a un lado su don para hablar varios idiomas, lo que ayudó al ascenso de McCarrick a obispo y finalmente a cardenal fue su capacidad como recaudador de fondos y cabildero de los intereses de la Iglesia Católica en Estados Unidos.

Por muchas pruebas que los adversarios de McCarrick pudieran enviar a Roma, Juan Pablo II lo veía como un puente con la élite de la política en Estados Unidos. Ya fueran demócratas o republicanos pre-Trump, McCarrick era capaz de seguir el juego y perseguir los intereses de la Iglesia Católica en Estados Unidos, China o América Latina, y Juan Pablo II quería ese tipo de influencia en Washington.

Incluso en el caso de Theodore McCarrick, para el que tenemos el reporte del Vaticano basado en documentación interna, las decisiones críticas siguen sin explicarse del todo.

Ningún registro documental puede reconstruir totalmente por qué Juan Pablo II desestimó las repetidas advertencias. Si ese nivel de incertidumbre persiste en un caso con un acceso sin precedentes a los archivos, la ausencia de documentación comparable en casos como el de Cox Huneeus no se limita a complicar el análisis; hace que la explicación definitiva sea imposible. Lo que parece especulación es, de hecho, la consecuencia de un sistema diseñado como una caja negra.

¿Fue ese el caso de Cox Huneeus en Chile cuando Roma decidió enviarlo a una jubilación anticipada en Alemania? Es difícil saberlo, pero es posible suponer que el antiguo obispo de Chillán, independientemente de lo que le obligara a vivir unos años en Roma, era atractivo para Roma como obispo por ser miembro de las élites chilenas, y quizás eso también fue clave en la protección de la que gozó.

Sería imposible entrar en los detalles del árbol genealógico de Cox Huneeus, baste decir por ahora que él, como muchos otros sacerdotes promovidos a obispos en la segunda mitad del siglo XX, eran miembros de grandes clanes, poderosos tanto dentro de la Conferencia del Episcopado Chileno como con estrechos vínculos con las élites políticas y económicas.

Cox Huneeus era primo del ahora arzobispo emérito de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa. Ambos eran miembros de una “orden” religiosa relativamente nueva y poderosa en Alemania y América del Sur, el llamado Instituto de los Padres Schönstatt. Antes de ser un alto cargo de la curia de Juan Pablo II, Errázuriz Ossa había sido el superior general de esa “orden” (1974-90).

Tras su paso por Roma como secretario del actual Dicasterio para la Vida Consagrada, el que se ocupa de todas las “órdenes” católicas en el mundo (1990-6), Errázuriz Ossa obtuvo la joya de la corona, el arzobispado de Santiago (1998) y finalmente su elevación a cardenal (2001), ambos de manos de Juan Pablo II.

Además de su parentesco familiar con Errázuriz Ossa y otros miembros del episcopado chileno, y aunque sea imposible probarlo ahora, es probable que Cox Huneeus dejara una buena impresión en Gagnon quien, en mayo de 1985, cinco meses después de la partida del obispo chileno del Comité, ya era cardenal.

Gagnon presidía el comité que se ocupaba de la familia en un papado obsesionado con la defensa de la familia que incluía una guerra total contra el aborto. Cuando Gagnon dejó su cargo en 1991, el comité había sido elevado al rango de Consejo, lo que indicaba la importancia que tenía para Juan Pablo II.

Gagnon no sufrió un descalabro. Permaneció en Roma, como presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, lo que le permitió desempeñar un papel en la activa agenda internacional de Juan Pablo II.

Rarezas australes

Además, cuando Cox Huneeus regresó a Chile, lo hizo como arzobispo coadjutor de La Serena. ¿Por qué fue nombrado coadjutor? Esa es, una vez más, una incógnita, ya que el entonces arzobispo titular, Bernardino Piñera Carvallo, gozaba aparentemente, al menos entonces, de buen nombre en Roma y no constaba que estuviera enfermo; de lo contrario, ¿por qué habría sido elegido como presidente de la Conferencia del Episcopado Chileno?

Curiosamente, cuando uno revisa la página de Piñera Carvallo en Catholic Hierarchy, es posible notar que su renuncia fue aceptada siete días después de cumplir 75 años. ¿Hubo alguna razón para una jubilación tan apresurada?

Una vez más, la opacidad con la que la Iglesia Católica gestiona los nombramientos de sus máximos dirigentes obliga a este tipo de especulaciones, más aún si se tiene en cuenta que Abel Soto Flores, el sobreviviente que denunció el caso en 2018, afirma que puso a Piñera Carvallo y a otros obispos chilenos al tanto de lo que Cox Huneeus le hizo.

Teóricamente, Piñera Carvallo conservaba cierta prelación sobre Cox Huneeus, pero el hecho de que Cox Huneeus fuera allí como coadjutor hace que toda la situación sea opaca, por decir lo menos. Además, en 2019, un año antes de su muerte, Piñera Carvallo fue acusado de abusar al menos de un menor en los setenta.

Como suele ocurrir, la investigación interna de la Iglesia Católica, anunciada por el entonces nuncio en Chile, Ivo Scapolo, como parte de la penitencia que la Iglesia Católica dice haberse impuesto tras el desastroso viaje del papa Francisco en 2017 al país sudamericano y el renovado interés de la Iglesia Católica por encontrar una solución, no tuvo mayor recorrido.

¿Fue el abuso el motivo por el que Cox Huneeus regresó a Chile como coadjutor de Piñera Carvallo? ¿Fue por eso que la renuncia de Piñera Carvallo como arzobispo de La Serena fue aceptada siete días después de cumplir los 75 años?

Incluso si se dejan de lado esos detalles, llama la atención que, en la época en que Cox Huneeus era arzobispo de La Serena, ciudad costera a 400 kilómetros al norte de Santiago, y abusaba de su rebaño, otros depredadores chilenos también estaban muy activos: en Santiago de Chile estaba Fernando Karadima, por aquel entonces el todopoderoso cura de la parroquia del Sagrado Corazón en Providencia, por aquel entonces uno de los barrios más exclusivos de esa ciudad.

Cerca de allí, se producían abusos a gran escala en el colegio católico jesuita de San Ignacio El Bosque. Por aquellos años, otro depredador asociado a los jesuitas chilenos, Renato Poblete, abusaba activamente de las fieles que él veía suficientemente débiles o bastante necesitadas de su “ayuda”.

La Legión de Cristo, quizás consciente de lo fácil que era abusar de los católicos chilenos, más aún de quienes tenían dinero propio, se disponía entonces a desplegar a su avanzada, con el sacerdote irlandés John O'Reilly como uno de los “muchachos de Maciel” allí, más que dispuesto a emular al fundador de la orden.

Quizá para no perder su parte de la “acción”, su universidad, la llamada Finis Terrae, también está situada cerca de la antigua parroquia de Karadima.

Estos casos no se producen de forma aislada. Están geográficamente concentrados en un estrecho sector de Providencia, un enclave acomodado en la capital, donde solía vivir toda la gente con los apellidos adecuados (vascos, franceses, alemanes). Una zona desarrollada en los cincuenta, marcada históricamente por la presencia religiosa e institucional, lo que plantea interrogantes no sobre la coordinación, sino sobre el tipo de entorno que atrae y protege repetidamente a depredadores.

Opacidad y confianza

Hasta qué punto estos depredadores conocían el comportamiento de los demás, y hasta qué punto sus superiores lo sabían, es una incógnita. Una vez más, la opacidad con la que Roma trata estos asuntos, no sólo en Chile sino en otros lugares hace casi imposible comprender realmente lo que ocurrió entonces.

A pesar de la ilusión de controlar el relato, la opacidad socava la desconfianza en una institución que, en el Chile de los setenta, trató de evitar las violaciones de los Derechos Humanos por la junta, mientras promovía a personajes como Karadima y Cox Huneeus, que perpetraban sus propios abusos de los Derechos Humanos.

¿Existían salvaguardias? ¿Qué impidió que tales salvaguardias tuvieran algún efecto? Si uno deja de lado los muchos errores de la Iglesia Católica, es imposible no preguntarse qué ocurría con la policía y el poder judicial, más en un país cuyos líderes se enorgullecen de subrayar su compromiso con el Estado de Derecho.

Lamentablemente, dejando a un lado el vigor retórico de los políticos chilenos, de izquierda y de derecha, lo que queda es su voluntad de respaldar la versión de la Iglesia Católica sobre la crisis de los abusos sexuales como subproducto de un alto número de abominables “depredadores solitarios”.

Es imposible no preguntarse cuántos de esos “depredadores solitarios” se necesitan para que la Iglesia Católica en general y en Chile y las autoridades de ese país admitan que cuando son tantos “depredadores solitarios”, probablemente enfrentan un sistema que los premia o es incapaz de castigarlos realmente.

Se podría decir que grupos sociales, como las organizaciones religiosas, tienen derecho a dar la explicación que convenga a sus intereses a corto plazo, aunque al hacerlo arriesguen su propio prestigio o credibilidad, además de su relación con sus miembros. Pero, eso no lo deben hacer las autoridades si, más allá de su relación con una institución religiosa, quieren ser legítimas.

Una medida de justicia

Ahí es donde se encuentra la cuestión en Chile. Eso es lo que explica la rabia que se encuentra estos días en las redes sociales chilenas, porque independientemente de la declaración de LeCerf Raby, son muchos casos en los que las autoridades reconocen el abuso, pero no ofrecen justicia a las víctimas.

Hace unas semanas, esta serie comparó a Felipe Berríos y Marko Rupnik. Ambos siguen siendo sacerdotes, aunque ambos fueron expulsados por los jesuitas, que los tienen como culpables de las acusaciones que enfrentan. Una diferencia clave es que Berríos también es visto como culpable por las autoridades chilenas del abuso de un grupo de mujeres, cuando eran menores de edad. Como sucede con Cox Huneeus, las autoridades chilenas aceptan que Berrios abusó de ellas, pero también dicen ser incapaces de hacer algo por ellas.

Como una entrega previa de esta serie documento para el caso de Felipe Berríos, incluido el testimonio directo de las víctimas, el patrón no es el negar que el abuso haya ocurrido, sino el reconocimiento oficial de que crímines ocurrieron, pero sin que haya consecuencias.

Lo que es peor, eso permite a Berríos, y a muchos otros depredadores beneficiados por ese tipo de enfoque de la ley y la doctrina jurídica, ir tras las víctimas que legítimamente exigen un reconocimiento real y tangible de lo que les ocurrió.

Formalmente, los jesuitas llegaron hasta donde pudieron y, aunque ningún obispo chileno ha estado dispuesto, al menos públicamente, a aceptar a Berríos como sacerdote, existe la posibilidad de que alguno lo haga, tal como ocurrió con su antiguo compañero jesuita y depredador Marko Rupnik quien, poco después de que los jesuitas lo expulsaran, encontró refugio en una diócesis de su país natal.

Lamentablemente, el problema no se limita a Chile. En julio de 2025, el Tribunal Supremo argentino dictó una sentencia similar en relación con el ex sacerdote católico Justo José Ilarraz. Al igual que ocurrió en Chile, una mayoría de tres jueces argentinos decidió que los abusos de Ilarraz han prescrito y, por eso, rechazaron ofrecer alguna medida de justicia a sus víctimas. Una entrega anterior de esta serie, enlazada tras este párrafo, analizó con más detalle el caso Ilarraz.

Lo que estaba en juego en ese caso es el mismo principio que en el de Cox Huneeus: si existe o no un estándar de prescripción para las violaciones graves de los Derechos Humanos. Hasta ahora, las autoridades chilenas y argentinas parecen dar a entender que sí, que existe un estándar de prescripción y que, a pesar de ejemplos de otros países que encuentran soluciones para abordar el asunto, no hay razón para que sus tribunales cambien su doctrina.

El problema principal es que tanto la Corte Interamericana (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolla desde hace varios años una doctrina centrada en la noción de que los plazos de prescripción nacionales son legalmente “incompatibles” con la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando sirven para proteger crímenes institucionales.

Doctrina de Derechos Humanos

Al repasar los diferentes casos considerados por la Corte IDH es posible ver cuatro elementos de una doctrina:

1. La inadmisibilidad de obstáculos procesales

La Corte ha establecido que ninguna ley nacional, incluidos plazos de prescripción, leyes de amnistía o el principio de non bis in idem (similar a la doble incriminación del derecho sajón), puede usarse para bloquear la investigación y sanción de violaciones graves de derechos humanos.

2. El estándar del recurso ilusorio

Bajo el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la protección judicial), el Estado debe ofrecer un recurso efectivo. La Corte IDH sostiene que un sistema que reconoce un delito pero no lo litiga por la prescripción, como en los casos Cox Huneeus e Ilarraz en Chile y Argentina, respectivamente, ofrece un recurso ilusorio.

La Corte ha declarado explícitamente que los plazos de prescripción nacionales deben interpretarse para no dar lugar a una “impunidad de hecho”. Si la negligencia del Estado o el encubrimiento institucional causaron el retraso, el Estado no puede invocar la prescripción para beneficiarse de su fracaso al ofrecer una investigación pronta.

3. La violación continua

La Corte sostiene que mientras el Estado se niegue a proporcionar una solución integral (reparaciones y verdad), la violación del derecho a la protección judicial es continua y permanente.

Al respecto, la Corte ya ha dictaminado que el “deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados”, pero se convierte en violación cuando el Estado utiliza su arquitectura jurídica interna para crear un “vacío legal” donde los delitos son reconocidos pero no abordados. Para los casos de abuso institucional, el reloj de la prescripción queda efectivamente suspendido mientras el "amparo" institucional (el encubrimiento) siga vigente.

4. El derecho a la verdad como obligación independiente

Incluso si un tribunal nacional insiste en que la responsabilidad penal se ha extinguido (la “culpa sin consecuencias”), la Corte insiste en que el Estado tiene la obligación autónoma de establecer la verdad y proporcionar reparaciones.

La Corte estableció que existe un “derecho a la verdad” esencial para las víctimas y para la sociedad. Por lo tanto, las sentencias como las que tratan sobre Ilarraz en Argentina o Cox Huneeus en Chile que dicen “sucedió, pero es demasiado tarde para la justicia” violan la Convención de Derechos Humanos. La Corte reconoce el derecho a una “reparación integral”, que incluye medidas de satisfacción y reformas institucionales que las sentencias basadas en la prescripción o en los plazos legales no proporcionan.

La posición de la Corte Interamericana es que la prescripción no es un reloj mecánico, sino un deber judicial. Si un Estado (como Chile o Argentina) admite que existió una protección institucional (encubrimiento), ha admitido haber obstruido la justicia.

Una apelación a San José

Afortunadamente, la Red Argentina de Sobrevivientes de Abusos ya han apelado la sentencia del caso Ilarraz. Lamentablemente, las ruedas de la justicia en América Latina son lentas, y aún más lentas tanto en la Comisión como en la Corte de Derechos Humanos, que también se enfrentan a constantes ataques y amenazas de los países que, al menos en teoría, reconocen su autoridad.

No está claro cuál sería un fallo de la Corte IDH respecto al caso Ilarraz, pero si sus precedentes se mantienen, casos como las decisiones judiciales tomadas tanto por Argentina (2025) como por Chile (2026) respecto a Ilarraz y Cox Huneeus podrían ser anuladas ya que, en pocas palabras, las autoridades no pueden alegar que “se acabó el tiempo” cuando las propias autoridades han desempeñado un papel en el control de cuándo, dónde y si el reloj corre.

La próxima semana, Los Ángeles Press ofrecerá más detalles de lo que los sobrevivientes de Argentina tratan de lograr en el sistema interamericano de Derechos Humanos al desafiar, con la ayuda del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el fallo en el caso Ilarraz.

Aunque la Iglesia Católica apenas se ha librado de las consecuencias, éstas han consistido en su mayor parte en la pérdida de confianza. En varias entregas de esta serie se han presentado detalladamente las pruebas disponibles de la serie Latinobarómetro (ver arriba) y del Pew Research Center (ver abajo). Pero más allá del daño a sus propios fieles, apenas hay constancia de medidas para reparar el daño causado a las numerosas víctimas de esta plaga.

Esto contrasta claramente con lo ocurrido hasta ahora en los estados de Nueva York y California, en Estados Unidos, donde las autoridades reconocieron la necesidad de superar las limitaciones de un modelo que aceptaba que algo terrible había ocurrido pero no estaba dispuesto a abordar realmente tal atrocidad.

Además, también contrasta claramente con las noticias que llegan de Francia, Alemania y, más recientemente, de España, sobre la necesidad de abordar tales contradicciones. En Francia y Alemania, han sido los obispos, ya sea a través de la conferencia nacional (Francia) o a través de las diócesis individuales o las órdenes, los que han aceptado la necesidad de ofrecer alguna reparación real a las víctimas. En España, ha correspondido al Defensor del Pueblo construir una solución ad hoc al problema.

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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.

Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.