PGR abre expediente para investigación penal por falso caso Wallace

Los Ángeles Press

CIUDAD DE MÉXICO.- El procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, en reunión con la periodista Guadalupe Lizárraga, acompañada de Jan-Albert Hootsen del Committe to Protect Journalists, y de dos miembros del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Segob, dio la intrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace «con las normativas más estrictas de la institución, sin dejar ninguna fisura», tal como habían sido las indicaciones de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

La periodista entregó al procurador su libro El Falso Caso Wallace, una investigación periodística en la que revela indicios de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda después de su supuesto secuestro y homicidio el 11 de julio de 2005, por el que pagan condena siete personas, cuatro con sentencias a perpetuidad y tres que llevan hasta 12 años sin sentencia. Lizárraga reveló también la doble identidad de Hugo Alberto con los apellidos de su madre, Miranda Torres, activa en el Registro Único de la Población, en el Registro Civil y en el Servicio de Administración Tributaria, así como la red de control que Isabel Miranda Torres ha tenido hacia el interior de SEIDO-PGR durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por este trabajo, la periodista señaló que ha sido agredida con dos intentos de secuestro, y ha recibido amenazas e intimidaciones por parte de Isabel Miranda Torres, utilizando a personas que se identificaron como agentes ministeriales de la PGR, así como de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, quien intentó censurarla en el foro organizado por la periodista sobre la Fabricación de Culpables en México, el pasado 5 de noviembre, en el recinto de San Lázaro.

Gertz Manero dio instrucciones a un subprocurador para que se hicieran las denuncias formales por las agresiones a la periodista, por lo que se abrió el expediente número NA/CDMX/SEIDF/0002056/2018 para la investigación penal del caso Wallace, con la aportación de los elementos de pruebas documentales, videográficas y testimoniales que la periodista ha venido revelando desde mayo de 2014 . “Vamos a trabajar juntos para tener una de las investigaciones más sólidas”, señaló el procurador.

Piden libertad a las víctimas de fabricación de culpables sin sentencia

El lunes 10 de diciembre, en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), los periodistas Guadalupe Lizárraga y José Reveles, acompañados con el presbítero Alejandro Solalinde y el coordinador en México de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, En Vero, Ricardo Ávila, dieron una conferencia de prensa para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de las víctimas de Isabel Miranda inculpadas por el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Lizárraga destacó tres elementos de pruebas por el que al menos tres de las víctimas de Miranda ya no deberían de estar en prisión: los resultados positivos del protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobín y la valoración psiquiátrica basados en los mismo principios realizada a Brenda Quevedo Cruz, así como el tener ocho y once años sin sentencia, respectivamente, además de Jael Malangón Uscanga que tiene 12 años sin sentencia y está parcialmente ciego debido a un desprendimiento de la retina de su único ojo por las torturas en prisión ordenadas por Isabel Miranda.

Otro elemento que dio la periodista es la falsedad en las declaraciones judiciales de parte de Miranda, de lo que hay sólida evidencia, mencionó. La periodista señaló que la fabricación de culpables era una política represiva y de simulación de eficiencia policial implementada por Genaro García Luna, desde la administración de Vicente Fox, y que el caso Wallace no era un caso aislado.

Por su parte, el periodista José Reveles mencionó el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, conocido por el montaje televisivo de García Luna. Así mismo mencionó el caso Martí, en el que se han fabricado culpables en la simulación de resolver el caso, uno de los que ha implicado hasta 42 personas falsamente acusadas.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde señaló que era muy doloroso para él cada que visita a víctimas que tienen el “sello de la señora Wallace” por el daño que les ha ocasionado. Es claro, dijo que queda de manifiesto la ineficacia de las instituciones de seguridad.

Posterior a la rueda de prensa, acompañados por el sacerdote Solalinde y los periodistas, un grupo de 30 familiares de víctimas de fabricación de culpables se dirigieron a la secretaría de Gobernación para pedir que los recibiera su titular Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas.

En esta reunión, además de los periodistas, dieron paso a familiares de cinco casos de personas falsamente inculpadas por delitos de secuestro y homicidio, como el caso Vallarta, caso Martí, caso Wallace, caso Neza Bordo y un caso sobre el penal de Diamante. Los recibió la secretaria de Gobernación, quien ofreció revisar caso por caso sobre las violaciones a los derechos humanos. Sánchez Cordero y Encinas escucharon a los familiares de las víctimas sobre las violaciones al debido proceso, torturas y violencia sexual sufrido dentro de los penales.

También en la reunión se mencionó a un grupo de 74 personas en el penal de Atlacholoaya, Morelos, que han cumplido más de veinte años en prisión sin ningún beneficio de ley. Son casos de “consigna” por el delito de secuestro, señaló Lizárraga, en el que el exgobernador Graco Ramírez e Isabel Miranda han presentado como parte de sus estadísticas de eficiencia en seguridad.